Medellín. La ciudad popular está en zozobra

 

Fuente: Periodico Desde Abajo

Según datos de la Personería de Medellín, en lo corrido de 2010 se han presentado en la ciudad 1.057 homicidios, 732 declaraciones de desplazamiento intraurbano, que representan un total de 2.395 personas forzadas a salir de sus barrios. Además, 938 estudiantes reportaron deserción escolar por motivos de riesgo para trasladarse de la casa a los colegios1. Los combos y bandas de todo tipo –muchas de ellas afines al paramilitarismo– ya suman 343; sus enfrentamientos se escenifican en por lo menos 52 sectores de ciudad.

Medellín regresa a sus tiempos aciagos. Así quedó explícito en el informe presentado por la Personería el pasado 21 de julio. Como una ciudad bajo fuego, el informe develó que los enfrentamientos por su control se extienden sin dar tregua, cubriendo ya 52 sectores de su periferia: en el Popular (C1) se presentan actualmente enfrentamientos en ocho sectores; en Santa Cruz (C2) hay confrontación en un sector; en Manrique (C3), en cuatro sectores; en Campo Valdés (C4), en dos; en Castilla (C6), en seis; en el Doce de Octubre (C6), en cuatro; en Robledo (C7), en cinco; En Villa Hermosa (C8), en 4; en Buenos Aires (C9), en dos; en San Javier (C13), en 10; en Guayabal (C15), en cuatro, y en Belén (C16), en dos sectores. Ver mapa anexo2.

El anterior mapeo es coherente con las áreas urbanas donde se presenta el mayor número de homicidios, en su orden: Comuna 13, con 139; Comuna 2, con 102; Comuna 1, con 93; y Comuna 6, con 71. Mientras desde las zonas rurales en el primer semestre del año se reportaron en San Cristóbal 32, Altavista 22 y San Antonio de Prado 26 homicidios3.

Estamos ante un diagnóstico de la vida diaria en la ciudad que desnuda la zozobra en que viven los habitantes de muchos barrios de su periferia popular, pese a que la propaganda oficial aseguraba que ahora todo era distinto en las comunas; que el proceso de desmovilización de los paramilitares había surtido efecto, que el embellecimiento urbano también reflejaba la disminución de la brecha entre ricos y pobres que la habitan.

Estas voces oficiales no tomaban en cuenta, no hay duda, las observaciones de distintos actores cívicos de la misma, que ponían el dedo en la llaga al insistir en que esto no era verdad. En efecto, una cosa se respira en los espectáculos masivos, como la Feria de las Flores y otros similares, y otro muy distinto es el que deben sobrellevar quienes habitan arriba, en la loma.

Esta contundente realidad deja entrever que en Medellín hay una incuestionable disputa territorial, y que un actor fundamental de esta pugna es el paramilitarismo, también manifestado como mafia, ahora no concentrada sólo en asuntos de comercio de narcóticos sino dedicada a controlar la vida de los habitantes de distintos sectores de la urbe, en una manifestación de poder de la cual no escapan tenderos, transportadores, comerciantes al por mayor y al detal, así como los habitantes de un sector dado, obligados a pagar su vigilancia, realidad que, según el diagnóstico de algunas organizaciones sociales –entre ellas Convi-Vamos–, amerita que la ciudad sea declarada en crisis humanitaria.

Niños y jóvenes en el huracán

Lo anterior no es exagerado. En la confrontación en curso, preocupa el aumento de los homicidios que afectan a los menores de edad, así como su vinculación a distintas manifestaciones de este conflicto. Así lo precisó la Personería misma, según la cual, durante los primeros seis meses de 2010 entre niños y adolescentes menores de 17 años de edad, se presentaron 103 asesinados; de igual manera, el incremento de las muertes de jóvenes entre 18 y 25 años, que ya totalizan 366. Si antes era preocupante la vinculación de niños en labores de mensajería e inteligencia, en la actualidad es alarmante su vinculación directa, guardando las armas y participando en las confrontaciones armadas.

Los grupos armados reclutan niños desde los 8 años de edad, forzándolos a participar, lo que los convierte fácilmente en víctimas. Otro hecho predominante en las zonas señaladas es el asedio al que se ven sometidos los jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones educativas, además de la desescolarización por las intimidaciones, las amenazas y las restricciones para pasar de un barrio a otro. A esto se suma el hecho que estas mismas personas se ven sometidas, al obligárseles a servir de “correo humano”, transportando armas de fuego en sus bolsos escolares.

De igual forma, es alarmante la presión que se ejerce y el temor que se infunde sobre la población estudiantil para que los educandos expendan sustancias psicoactivas en el interior del colegio, obligándoles a convertirse en proveedores y expendedores. Esta situación lleva a que las instituciones educativas sean cada día claros espacios de alta vulnerabilidad. Según reporte de la Secretaría de Educación, este año se movieron de colegio 10.500 alumnos por diferentes motivos, entre los cuales se destacan las situaciones de violencia y conflicto barrial. Todas estas circunstancias transforman a los jóvenes en engranajes de la estructura criminal, pero sin dejar de ser víctimas del conflicto urbano armado.

Reconociendo todo lo anterior, llama la atención que para los medios de comunicación los grandes eventos de talla internacional revistan más importancia que la grave situación que viven los pobladores empobrecidos de Medellín. Las cifras son estremecedoras: de los 1.057 homicidios cometidos durante el primer semestre de 2010 en la ciudad, 805 fueron perpetrados contra jóvenes entre 10 y 35 años de edad. Este dato debiera llamar la atención sobre las prioridades de esta urbe4.

Feminicidios

De esta situación no escapan las mujeres, utilizadas en el expendio de drogas, la explotación y el abuso sexual. De enero a junio, en la otrora Bella Villa se han presentado 69 feminicidios, alarmante cifra que indica con toda certeza que la mujer está en el centro del conflicto. Cabe resaltar la sevicia en la comisión de los mismos, como si el mero hecho de ser mujer implicara una licencia para cometer contra ella toda clase de atrocidades.

Afectación de la población

La magnitud de los territorios afectados por los enfrentamientos armados reduce cada vez más la posibilidad de habitar y disfrutar el espacio público. Las esquinas han dejado de ser el espacio de encuentro para jóvenes, mujeres, niños y niñas, quienes ya no pueden hacer uso de la aceras para jugar y departir con familiares y vecinos. El traslado al barrio vecino o a la cuadra siguiente significa poner en riesgo la vida. Antes, el control de los territorios se ejercía con “toques de queda”, con horarios variables según el sector; hoy, los enfrentamientos, las escaramuzas y los tiroteos se presentan a cualquier hora del día o de la noche, generando permanente zozobra en quienes habitan estos barrios, donde los enfrentamientos son constantes, aunque en la noche aumentan las explosiones de los proyectiles, los petardos y las granadas de mano.

En las áreas hacinadas y densamente pobladas, las detonaciones se hacen más ruidosas y las viviendas se afectan en sus estructuras, debiendo quienes las habitan resguardarse debajo de las camas, donde por lo general pasan toda la noche.

Esta situación se ha convertido en un tormento: los habitantes se debaten entre dejar su casa mientras cesa la confrontación –con el riesgo de que se la ocupen los grupos armados– o quedarse confinados entre cuatro paredes, padeciendo el sufrimiento propio de la magnitud de un conflicto que al parecer va para largo.

La aguda confrontación entre los grupos armados en varios de los sectores señalados cubre todo el último año, tiempo suficiente para que sus secuelas físicas, psicológicas y sociales sean evidentes, sin por ello ser tomadas en cuenta por las autoridades locales a la hora de analizar el conflicto en curso. Se sabe de habitantes de los sectores donde el miedo, la impotencia y la desesperanza han llegado a generar procesos de somatización, aumentando la frecuencia de enfermedades físicas y psicológicas.

Los efectos psicológicos y sociales de este conflicto son permanentes en la vida cotidiana de los habitantes de esta parte de la ciudad, a pesar de que aún no se les dimensiona; las personas aprenden a sobrellevar su vida en medio de las balas y la muerte, como si esta forma de violencia fuera un hecho natural.

Los efectos negativos de este conflicto se aprecia no sólo en la salud de sus habitantes sino también en la desintegración del tejido social –aún más debilitado–, con barrios donde cada día es más difícil darle paso a la organización comunitaria, la participación y la articulación de su gente, pues la interminable zozobra genera desesperanza, abatimiento, resignación, falta de solidaridad y una sensación individualista de “sálvese quien pueda”.

Desplazamiento intraurbano

En Medellín se recibieron 732 declaraciones de desplazamiento forzado durante el primer semestre de 2010, que con sus respectivos núcleos familiares equivalen a 2.395 personas afectadas por este fenómeno. Una de estas declaraciones correspondió a un desplazamiento masivo de 86 personas del barrio La Sierra, de la Comuna 8, ocurrido en el mes de junio5, a lo que se le suma la de 56 familias de La Galera, que tuvieron que abandonar el barrio amenazadas por miembros de la banda La 38, del barrio Popular.

Finalmente, se resalta la exigencia de la fuerza pública para que los pobladores colaboren con información útil, a fin de capturar a los grupos armados que azotan los barrios. Así quedó demostrado en una nota que la Policía Nacional repartió, invitando a informar “sobre sicarios, combos delincuenciales, caletas, ollas de vicio”, haciendo hincapié en que “su seguridad está en sus manos”. Lo anterior demuestra los reiterados intentos de involucrar a la población civil en el conflicto, aun como informantes, a sabiendas de que eso los puede convertir en blanco de los actores armados. Como muestra de ello, algunos pobladores que se atreven a denunciar el accionar de estos grupos son víctimas de amenazas y desplazamientos.

Balance del pie de fuerza

Llama la atención que en una ciudad donde se ha incrementado el pie de fuerza en más de 2.500 efectivos en los últimos años, llegando a un total de más de 6.900 policías (a los que hay que sumar los uniformados del ejército que hacen presencia en algunos barrios), aun los enfrentamientos armados mantengan su constancia, destacándose los enfrentamientos con armas de largo alcance entre combos, bandas y paramilitares. Es difícil entender por qué, a pesar de la militarización de los barrios periféricos, los homicidios continúan en alza y en la ciudad siguen operando 343 bandas y combos distribuidos en las comunas.

Es necesario hacer un balance sobre la efectividad de la fuerza pública para enfrentar la violencia que padecen quienes habitan los barrios populares; asimismo, hacerles seguimiento a los actos de connivencia que miembros de la policía mantienen con las bandas y paramilitares. Esta actitud de sectores de la fuerza pública requiere intervención urgente por parte de las autoridades civiles y militares, porque, de no ser así, la dinámica del conflicto, lejos de resolverse, llegará a un escalamiento aún mayor.

¿De qué transformación hablamos?

Parece que, para quienes permanentemente están posicionando el discurso de la “transformación que vive la ciudad”, estos datos y la situación aquí presentada pasara inadvertida. Reiteramos que no se puede hablar de transformación cuando miles de familias de las aéreas territoriales señaladas están bajo el asedio que imponen los grupos paramilitares, los combos y las bandas.

¿De qué transformación hablamos cuando los estudiantes no van a la escuela por el hostigamiento y la amenaza de los grupos armados? ¿De qué transformación hablamos cuando a diario campea la muerte en los barrios, por balas, hambre y falta de atención médica?

La transformación se debe concebir bajo el enfoque del urbanismo, el embellecimiento, el ornato, el número de eventos y ferias para posicionar el turismo, y el crecimiento económico de una ciudad de servicios. Para una verdadera transformación de Medellín, es necesario que se garantice la vida, sobre todo la vida con dignidad. Es decir, la transformación no se da mientras no se resuelva la desigualdad y la injusticia social.

En suma, tan altas cifras de homicidios que afectan a la población juvenil exigen una intervención integral y no “pañitos de agua tibia” como las medidas implementadas por la Alcaldía Municipal. El programa Fuerza Joven, por ejemplo, no contribuye a disminuir la violencia porque su objetivo no es intervenir las causas estructurales de ésta sino sus efectos. El resultado de tal intervención parece ser un alivio temporal y no la erradicación de una situación que muestra el círculo vicioso en que están sumidos los habitantes de los barrios más pobres.

Ante esta situación, instamos a los gobiernos local y nacional a:

•     Generar garantías para la vida de los habitantes de los territorios y el desarrollo de las acciones comunitarias, desde una perspectiva crítica, no violenta y amplia de la seguridad humana.
•     Investigar, capturar y judicializar a los ‘poderosos’ que movilizan el dinero y se benefician de la guerra, a sabiendas de que el problema de la confrontación armada que se vive actualmente no se resuelve únicamente con la militarización de un sector de la ciudad ni con las capturas masivas de jóvenes ‘carritos’ que están haciendo el mandado, presionados o pagados para que jalen el gatillo.
•     Investigar y sancionar con todo el peso de la ley a los miembros corruptos de la fuerza pública que cohonestan y son conniventes con las estructuras mafiosas que han sucedido y reemplazado a los grupos paramilitares.
•     Investigar cómo y por dónde están ingresando las armas y las municiones para surtir a estas estructuras mafiosas.
•    Intensificar y desarrollar la agenda de programas sociales coherentes y viables a corto, mediano y largo plazo, que aporten a la disminución de las profundas desigualdades sociales, reconociendo que el problema no es la falta de recursos sino su mala distribución.

Reconociendo todo lo anterior, proponemos:

•    Adoptar medidas que permitan detener los enfrentamientos armados que se presentan en la ciudad.
•    Promover la creación de barrios de paz, convivencia y desarrollo en los cuales se establezcan programas que generen desarrollo social que tome en cuente la participación comunitaria.
•     Brindar apoyo a las campañas adelantadas por varias organizaciones comunitarias, para prevenir la vinculación de niños y niñas a los grupos armados, y la prevención del abuso y la explotación sexual.
•    Brindar garantías para que los jóvenes que han abandonado sus estudios puedan volver a ellos.
•    Realizar foros públicos con la presencia del Alcalde y las organizaciones sociales, con el propósito de discutir y construir en conjunto unas propuestas en torno al tema de la seguridad, la inequidad y la precarización de las condiciones de vida en la ciudad.

Medellín, agosto 12 de 2010

(1) Periódico El Colombiano, 9 de agosto 2010, Talentos huyendo de las balas http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/talentos_huyendo_de_las_balas/talentos_huyendo_de_las_balas.asp?CodSeccion=179.
(2)  Elaboración propia de la Corporación Con-Vivamos, Mapa de enfrentamiento entre grupos armados ocurridos entre enero y Julio de 2010.
(3)  Datos publicados en el informe semestral de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, enero a junio de 2010.
(4)  En un ejercicio de seguimiento a las noticias reportadas durante la semana de las Feria de las Flores, la Corporación Con-Vivamos pudo constatar que el propósito central fue mostrar los éxitos de la Feria a pesar de que en los barrios continuaban los enfrentamientos, las muertes y los desplazamientos forzados masivos de la población.
(5)  Memorias Foro Derechos Humanos: Desplazamiento Forzado Intraurbano Por el derecho a vivir donde quieres, Personería de Medellín, jueves 5 de agosto de 2010.

Corporación Con-Vivamos
Desde la Zona Nororiental en pro de la organización comunitaria convivamos@convivamos.org

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