Mapiripán: los campesinos siguen en el limbo

Trece años después de la masacre que conmovió al mundo, las tierras aún no han sido devueltas a sus dueños y de hecho continúan los despojos.

Por: Yamile Salinas @Razon Publica

Historia de muerte

La historia de Mapiripán ha estado asociada con la violencia, desde que este municipio se creó con el propósito de extender la frontera ganadera en los llanos del oriente colombiano, en San Martín.

Allí, en 1997, las AUC de la casa Castaño y la organización paramilitar de ‘Martin Llanos’ “torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron a unas 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare”; para esta operación, “los miembros de las AUC aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare en vuelos irregulares procedentes de Necoclí y Apartadó y fueron recogidos por miembros del Ejército sin que éstos últimos practicaran ningún tipo de control”[1].

Luego de la desmovilización de los paramilitares, la Defensoría del Pueblo informó sobre la presencia en Mapiripán de “Los Cuchillos”, un grupo ilegal al mando de Pedro Olivero Guerrero, ex comandante del Bloque Héroes del Guaviare, una de las facciones en que se dividió el Bloque Centauros[2].

En la zona también hay presencia de las FARC, que incendiaron recientemente una aeronave de la empresa argentina Pluspetrol, que suspendió sus actividades exploratorias en la zona por ese hecho.

El daño no se ha arreglado

Dos años después de la declaratoria de riesgo de desplazamiento en Mapiripán, el Comité municipal de atención a la población desplazada no ha adoptado el informe de predios para proteger los derechos a la tierra y los territorios de campesinos e indígenas de la región.

Eso a pesar de que el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio (PPTP) de Acción Social y la Procuraduría, así como organizaciones civiles advirtieron sobre la compraventa irregular de tierras por parte de foráneos, en algunos casos amparados en falsas autorizaciones de venta y con escrituras y folios con matrículas inmobiliarias de la Oficina de Registro de San Martín.

Así mismo han advertido sobre titulaciones de baldíos por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) a personas diferentes de las identificadas en el estudio de predios.

La no adopción del informe de predios y las compraventas y titulaciones irregulares atentan contra los derechos de los propietarios, poseedores y ocupantes de baldíos en la región, particularmente de aquellos que fueron desplazados por el dominio paramilitar y que no han podido retornar. Son víctimas a quienes se les debe garantizar la restitución de sus bienes, según prevé el proyecto de ley de víctimas.

Además el no adoptar el PPTP amenaza los derechos colectivos de los indígenas Sicuani y Guayabero, tanto en sus resguardos como en sus tierras ancestrales, a lo cual se suma la omisión de la consulta previa que debe hacerse para llevar a cabo actividades petroleras[3].

Riqueza estratégica

El interés de adquirir tierras parece ser el mismo de los paramilitares cuando cometieron la masacre de Mapiripán; esto es “su privilegiada y estratégica situación geográfica: está sobre el Río Guaviare y tiene salida al Orinoco”.

Se trata además der un territorio con gran riqueza petrolera, donde empresas como Pluspetrol y Pacific Rubiales tienen interés y han adelantado estudios de sísmica; es también una región donde se desarrollan proyectos agroindustriales y de infraestructura.

En agroindustria se lleva cabo la siembra de 3.500 hectáreas de palma africana por la empresa italo-española Poligrow, y caucho por los empresarios antioqueños Juan Luis Restrepo y Rodrigo Echeverri[4], en ambos casos con el apoyo de la alcaldía que preside el Comité municipal de atención a los desplazados[5].

¿Algo de seguridad?

La adopción del informe de predios daría además la seguridad jurídica a los interesados en la compra predios, pues evitarían el riesgo de que se les exija probar la legalidad y legitimidad de las negociaciones hechas con anterioridad.

Esto en virtud de las presunciones de ilegalidad señaladas por la Corte Constitucional en el auto 008 de 2009 sobre las compraventas en territorios abandonados por el conflicto y sobre los cuales el Defensor del Pueblo ha emitido informes de riesgo, figura que se contempla en el proyecto de ley de restitución que estudia el legislativo colombiano.

* Consultora independiente dedicada al estudio y gestión para la restitución de derechos, territorios y la reparación integral de campesinos y grupos indígenas afectados por la violencia.

Notas de pie de página

[1] Sentencia de la Corte Interamericana de Justicia que condenó a Colombia por la masacre de Mapiripan del 15 septiembre de 2005. En:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf

[2] Informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo número IR. N° 027-07 A.I

[3] Para leer informe hacer click en el siguiente link ACNUR

[4]Disponible en el Mundo.com

[5] Llano Siete días y Agroenergía invade tierras en el Llano. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3866943

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