¿Por cuánto tiempo se sobrevive en la tierra prometida?


Por: Jickson Rodríguez Heredia
Periferia

Colombia, pese a la extensión y potencial de sus tierras, importa más de la mitad de los alimentos que consume. Los ingenios azucareros y las plantaciones de palma son las únicas empresas agrícolas que no están inmersas en los Tratados de Libre Comercio, de los cuales se presume que incrementarán las importaciones aún más.

La propuesta de restitución de tierras a los desplazados impulsada por la coalición de gobierno actual a través de los proyectos de Ley de Tierras y de Víctimas, que en este momento se están tramitando en el Congreso, han generado una gran expectativa en la población por ser uno de los proyectos bandera de la presidencia y su gabinete. Sin embargo, lo que para algunos es la esperanza de la reforma agraria que el movimiento campesino ha demandado durante décadas, no es más que el complemento de un modelo rural para los empresarios agroindustriales.
El Ministerio de Agricultura habla de 430.000 hectáreas registradas en la Dirección Nacional de Estupefacientes, disponibles para el programa de restitución, y de dos millones de hectáreas por recuperar; pero éste no es el centro de la política agraria. Prueba de ello es la inconformidad del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ante la existencia de la UAF (Unidad Agrícola Familiar), pues la existencia de esta figura no le permitiría en muchos casos la ejecución de proyectos agrícolas industriales, ya que la extensión de tierra necesaria para estos sobrepasa los límites permitidos. Por ejemplo, en los territorios declarados como Zonas de Reserva Campesina no se permite la tenencia de más de una UAF. Así pues, la política agraria no pretende la redistribución de la tierra.

Lo que para las luchas campesinas fue un mecanismo para restringir la concentración de la tierra, para el gobierno significa una traba burocrática. Esta interpretación cobra sentido cuando se señala que a nivel internacional las tierras de Colombia son de las más apetecidas por países como China y Corea, que están invirtiendo en compra y arriendo de tierras en el exterior. Esta estrategia ha llevado a China, por dar un ejemplo, a convertirse en uno de los mayores productores de alimentos a nivel mundial, mientras que los países que venden y alquilan su suelo a estos gigantes tienen que importar los alimentos de mayor consumo, sometiéndose a los precios e incluso a las restricciones como el caso de Rusia, quien anunció que no exportaría trigo a ningún precio.

Colombia, particularmente, pese a la extensión y potencial de sus tierras, importa más de la mitad de los alimentos que consume. Los ingenios azucareros y las plantaciones de palma son las únicas empresas agrícolas que no están inmersas en los Tratados de Libre Comercio, de los cuales se presume que incrementarán las importaciones aún más. El modelo agrario que pretende constituir la administración actual incrementa la industrialización del campo a través de las Zonas de Desarrollo Empresarial. Para el ministro de Agricultura la idea es que esta figura permita otorgar en concesión extensiones de tierra que superen la Unidad Agrícola Familiar a empresas agroindustriales. Esta estrategia se pretende utilizar en algunas zonas de los Llanos Orientales, donde ya se han recibido ofertas por parte de grandes empresas agroindustriales en razón de la fertilidad de la tierra.

Aunque dentro de la propuesta del Ministerio de Agricultura se especifica que alrededor de las Zonas de Desarrollo Empresarial se prevé la siembra de cultivos de “pan coger” [1] para un número reducido de campesinos, es claro que el campo se configura como un espacio destinado a la explotación intensiva de la tierra y demás recursos naturales. Su tecnificación ha implicado la expulsión de sus habitantes originarios ya sea por medio de la guerra o el empobrecimiento. Una vez establecido que el centro de la política agraria que se está impulsando se basa en el mercado de tierras a nivel mundial, la concentración de la tierra y la aplicación del modelo industrial al campo, queda por evaluarse el papel de la Ley de Tierras y su propuesta de restitución a los desplazados, que hasta el momento, se dijo, no es el centro de la política agraria, pero sí un mecanismo de condicionamiento y poder de negociación ante las organizaciones de desplazados y campesinos. De estos diálogos el gobierno espera la desocupación de las reservas naturales y forestales, la delimitación de los suelos aptos para la agricultura y la generación de una oferta de tierras.

Este último fenómeno se explica por el gran número de desplazados que actualmente no quieren retornar al campo, pero sí dispondrán de la tierra que se les asigne para la venta. El Estado está implementando políticas en el marco de una supuesta etapa de postconflicto, cuando en muchas regiones las causas del desarraigo siguen presentes.

En el campo las condiciones están dadas para que las empresas puedan integrarse a un mercado mundial, no para que los campesinos puedan habitar el territorio, pues sus economías han sido reemplazadas por las importaciones, que en ocasiones no pueden acceder por el alza de precios. ¿Cómo puede tener éxito un proyecto productivo campesino cuando el mercado está saturado de productos importados?

Sin el fortalecimiento de las economías campesinas no hay garantía de que los terrenos restituidos permanezcan en manos de los beneficiarios directos de la ley de tierras, la industrialización del campo, aparte de haber deteriorado la tierra en muchas zonas del país, ha reducido la calidad de vida de los habitantes, pues la configuración de su espacio está diseñado para el establecimiento de grandes infraestructuras y el sostenimiento de unos pocos pobladores.

Nota

[1] Se denominan así aquellos cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población determinada.

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