De víctimas a victimarios: el caso de los campesinos de Las Pavas

Entrevista a Zoraida Hernández, abogada que acompaña a los campesinos que desde hace algunos meses adelantan una resistencia pacífica para no salir de sus tierras en la hacienda Las Pavas (sur de Bolívar), de donde pretenden sacarlos con procesos fraudulentos y violentos. Como es de público conocimiento, y al igual que en el caso de Mapiripán, ciertas instituciones estatales, periodistas oficiales y grandes empresarios, han estigmatizado a los campesinos y a las organizaciones sociales y de derechos humanos que los acompañan, buscando esconder dinámicas de apropiación de tierras y de exterminio social.

Fuente: Periferia Prensa Alternativa

¿Cuáles son los hechos que denuncian los campesinos?
La lucha de la comunidad del corregimiento de Buenos Aires, en el municipio del Peñón, Sur de Bolívar, ha sido básicamente por la tierra, tal como muchos pobladores rurales (campesinos, indígenas, afro descendientes, pescadores), han luchado históricamente por la posibilidad de existir y mantener un futuro digno en los territorios. Ellos siempre han buscado permanecer donde alguna vez estuvieron sus padres o abuelos, con la finalidad de cultivar la tierra y recoger el pescado en alguno de los caños y ciénagas que abundan en la región.

La comunidad de las Pavas, en lugar de encontrar una sociedad que entienda la necesidad de mantener a los pescadores tradicionales y a los campesinos produciendo alimentos para el conjunto de la sociedad, reconociendo su papel social y promoviendo sus formas de vida y perspectivas de futuro, ha encontrado una sociedad que los saca de sus tierras privilegiado el despojo de sus territorios, mediante el desplazamiento, el uso de la violencia, la asfixia legislativa y otros mecanismos. La finalidad por la que son desplazados y asesinados es promover formas de producción como la ganadería extensiva (en mucho vinculada con mafias terratenientes) y actualmente los monocultivos para aceites y agrocombustibles. En Colombia, cualquier excusa ha servido para sacar a los campesinos de la tierra. Su vocación por la tierra ha encontrado demasiados obstáculos. Muchos, basados en las lógicas del despojo.

Los 4 predios que componen hoy la Hacienda de Las Pavas fueron adjudicados a finales de los años 60 por el INCORA a los campesinos. El primer despojo se dio cuando los campesinos perdieron sus predios en un proceso de concentración de la tierra al acudir a préstamos onerosos de comerciantes, quienes fueron quedándose con la tierra. En 1983, época del auge marimbero en la región del Sur del Bolívar, Jesús Emilio Escobar Fernández, compró a la ganadería Las Pavas y los englobó constituyendo la finca Las Pavas. Así, transcurren 10 años en los cuales los campesinos encuentran otro gran obstáculo en su lucha por la tierra. Donde antes eran propietarios, ahora son trabajadores, en un contexto donde el narcotráfico pululaba.

Comenzando los 90s, en la época de la lucha contra el narcotráfico, los campesinos dicen ser testigos de allanamientos del ejército, y el posterior abandono del predio por parte de Escobar Fernández. Ante la posibilidad de cultivar en los predios abandonados, los campesinos ya asociados en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires-ASOCAB, realizaron actos de posesión de los predios por más de 10 años.

El segundo despojo llegó con el paramilitarismo, cuando un grupo paramilitar asentado en el corregimiento vecino del Papayal desde 1996, comandado por Raúl, alias el “Rápido”, llegó amenazando a los campesinos, obligándolos a abandonar los cultivos y mejoras adelantadas. Pero durante los 2 años siguientes los campesinos fueron retornando a continuar con sus cultivos.

El tercer despojo se produjo por la llegada de las empresas palmeras, que arribaron a la Isla de Papayal en el 2004 por el municipio vecino de Regidor. Omitiendo el proceso de extinción de dominio, por el cual no puede existir ninguna compraventa, C.I. Tequendama S.A y Aportes San Isidro S.A. compró el predio a Escobar Fernández. La primera empresa es subsidiaria del grupo económico DAABON, propiedad de la familia samaria Dávila Abondano (relacionada en el proceso de Agro Ingreso Seguro). Desde entonces, ya hay veredas enteras despobladas de campesinos, donde los únicos recuerdos de la población son las ruinas abandonadas de la escuela; caños y humedales contaminados, donde hay constante mortandad de peces y cada vez menos espacio para sembrar comida.  La crisis alimentaria es evidente: anteriormente los municipios del Banco y Regidor eran el destino de entre 600 y 800 toneladas anuales de maíz cosechado en la zona, actualmente no salen de allí más de 60 toneladas en un año.

Este tercer despojo se hizo práctico cuando en junio de 2009 se realizó el desalojo de la comunidad campesina y pescadora de las Pavas. Pero tal desalojo era ilegal porque, existiendo proceso de extinción de dominio, el inspector de policía no tenía competencia para ordenarlo. Por eso en abril del 2010, seguros de la justeza de su lucha y de la ilegalidad del desalojo realizado, la comunidad retornó pacíficamente a los predios de Las Pavas, mientras, por otro lado, la Corte Constitucional mediante una sentencia de Mayo del 2010 le dio la razón a los campesinos frente a la ilegalidad del lanzamiento, y ordenó al INCODER la reapertura del proceso de extinción de domino, entre otras definiciones importantes. A pesar de esto, las empresas mantienen sus labores en los predios, generando un proceso de cooptación de campesinos del corregimiento quienes, obligados por la difícil situación, aceptan trabajar para las empresas palmeras.

Recientemente se dio un nuevo despojo, tal vez el que más indignación ha causado en la comunidad: se trata del despojo de la condición de víctimas de la comunidad de Las Pavas, cuando una fiscal de Cartagena expidió resolución de archivo de las diligencias de investigación por el desplazamiento de la comunidad de las Pavas,  afirmando además que el desalojo del 2009 fue legal, que los campesinos no han ejercido posesión alguna sobre el predio y que se trata de un caso de falso desplazamiento, entre otras graves acusaciones que además de faltar a la verdad, pasan  por encima de la sentencia de la Corte Suprema.

¿Cuáles son los verdaderos intereses detrás del despojo a los campesinos?
Colombia ha venido incrementando una lógica de explotación y extracción de recursos naturales, agua, tierras fértiles, minerales, bosques, etc.  A nivel mundial los suelos fértiles que tienen recursos naturales cada vez son más apetecidos, así que muchas empresas están interesadas en lograr el control de vastos territorios en el lugar del mundo que sea. Estos recursos se encuentran precisamente en muchas de las tierras donde las comunidades rurales han permanecido a pesar de las lógicas de despojo que han prevalecido en nuestro país.

Las tierras y los territorios en Colombia se ven como una frontera nueva a explotar. En cambio, para las comunidades la tierra y el territorio es sinónimo de vida y de proyección de futuro digno. Son dos visiones diametralmente opuestas que en Colombia se ven mediadas por la violencia que afecta principalmente a los más débiles, las comunidades. Quienes han gobernado en Colombia, han favorecido grandes capitales y empresas foráneas a expensas de los intereses de las comunidades rurales. El caso de las Pavas es un ejemplo.

Las empresas palmeras se han favorecido de la violencia generada por los grupos paramilitares desplazando y debilitando a las comunidades campesinas, se han favorecido de la corrupción de instituciones, de legislaciones que favorecen la agroindustria sin tener en cuenta a los pequeños productores, de la vista gorda ante el daño ambiental que ha operado a lo largo del río Magdalena en su región media, etc.  Incluso se han beneficiado de recursos del Estado a través de programas como el de AIS. El grupo DAABON, que provenía del departamento del Magdalena, donde han reinado los paramilitares, no puede negar el conocimiento previo de las condiciones que le permitían operar en regiones como lo es el Sur de Bolívar.

¿Cuál es el papel de la Fundación Primero Colombia, de José Obdulio Gaviria, en todo esto? 
A la comunidad de Las Pavas y a las organizaciones que la acompañan se les quiso realizar un “linchamiento” mediático. El 30 de Noviembre a las 6 de la mañana, en el programa La Hora de La Verdad, de Fernando Londoño, se emite al aire la supuesta primicia del caso Las Pavas, difundiendo el contenido del fallo de la fiscal de Cartagena, Myriam Martínez Palomino. En el transcurso del día se publicaron varias notas en medios de comunicación nacionales, que reproducían la versión de dicha fiscal de Cartagena, sin ningún cuestionamiento.  A las pocas horas la Fiscal General de la Nación, el Ministro del Interior y el Presidente de la república, confirmaron las irresponsables afirmaciones y la decisión contenidas en la providencia de dicha fiscal.

Esta providencia tiene una carga política e ideológica muy evidente, aunque carece de fundamento jurídico alguno. Desde luego, todo esto ha sido desvirtuado por la comunidad, las organizaciones acompañantes y algunos periodistas de investigación, quienes con argumentos contundentes obligaron a la prensa nacional a realizar un análisis un poco más responsable.

En este caso hay una cadena de intereses y relaciones que se ha ido develando, la cual debe investigarse más afondo. Los principales testigos tomados por la Fiscal Martínez son trabajadores de las palmeras que quieren quedarse con la tierra de las comunidades. Como trabajadores de las palmeras, crearon en julio del 2011 una organización llamada Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores del Campo, Nuevo Liderazgo Campesino de El Peñón, Bolívar. Esta organización está afiliada a la Federación Nacional Sindical Nuevo Liderazgo Campesino, que a su vez  hace parte de la Confederación General del Trabajo – CGT. Como se ha demostrado, la Federación Sindical mencionada fue creada con el apoyo del Centro de Pensamiento Primero Colombia -de José Obdulio Gaviria y todo su séquito de uribistas furibundos.

Ahora bien, el fallo de la fiscal Myriam Martínez Palomino tiene fecha del 11 de Noviembre de 2011 y el día 30 de Noviembre lo filtra a Fernando Londoño, quien a su vez también pertenece al Centro de Pensamiento Primero Colombia. También ha aparecido una organización llamada Periodismo Sin Fronteras, desde donde se ha escrito desinformando sobre el caso de la comunidad de Las Pavas y haciendo eco a los intereses de las empresas Palmeras. Son columnistas de este medio Fernando Londoño y  José Obdulio Gaviria, entre otros.

Lo que ha sucedido con el caso de Las Pavas confirma la existencia de un plan de desprestigio y clonación de organizaciones sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos para actuar contra estas, deslegitimar su lucha,  la de las víctimas y convertir a los victimarios en víctimas. Se está reescribiendo la historia de Colombia y eso no lo podemos ignorar: las víctimas no pueden seguir siendo revictimizadas y perseguidas por exigir sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Por ello continuamos exigiendo al Presidente de la República que le diga al país los nombres de quienes, según él, son la mano negra y quieren impedir que los derechos de las víctimas sean realidad.

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