La sentencia contra el Coronel Plazas Vega

La lectura cuidadosa de este fallo tan extenso deja en claro que ya nunca se sabrá lo que pasó en el Palacio de Justicia. Los jueces se pronunciaron pero el país seguirá polarizado porque las autoridades fallaron gravemente en el manejo de las pruebas y evidencias. 

Por: Carlos Alfonso Matiz Bula

Grandes expectativas

La reciente sentencia de segunda instancia, proferida por una sala del Tribunal Superior de Bogotá, era esperada por el país entero. Confiábamos en que esta sentencia decidiría definitivamente la suerte del Coronel (R) Alfonso Plazas Vega, y además el destino de otras investigaciones que cursan por los mismos hechos. Esperábamos que con el pronunciamiento del Tribunal quedaran resueltas las dudas sobre la validez de la investigación y la legitimidad de las pruebas, en relación con las cuales se han elevado graves críticas. En fin, esperábamos que esta sentencia nos acercara a la verdad sobre la existencia o no de las desapariciones y sobre las personas responsables de las mismas.

La sentencia por supuesto tiene pleno valor judicial, pero está lejos de acabar con el debate. Por su estructura, contenido, y por el hecho de haber sido suscrita solo por dos de los tres magistrados de la sala, la decisión surge como un elemento nuevo para quienes, de uno y otro lado, persisten en la polémica intensa y apasionada sobre las responsabilidades, 26 años después, de los sucesos.

Agua para dos molinos

Los artículos informativos o de opinión, los pronunciamientos oficiales, e incluso los comentarios de los ciudadanos corrientes alrededor de esta nueva determinación judicial, demuestran que en efecto subsiste una batalla feroz por los hechos del Palacio de Justicia, entre posturas radicales en cada uno de los extremos y variantes de todos los matices.

Hay quienes predican que el ejército obró con heroísmo en defensa de la democracia y las instituciones, y que los resultados nefastos se debieron exclusivamente a la toma violenta y sanguinaria del M19. Para ellos la sentencia es valiosa en tanto refuta la de primera instancia y deja en claro graves fallas en la investigación.

Otros, desde una óptica también radical, plantean que la muerte de los 94 ciudadanos y los oscuros hechos colaterales (torturas, retenciones y ejecuciones ilegales) son responsabilidad única de las fuerzas estatales que ejecutaron un operativo desproporcionado y buscaron derrotar al enemigo sin consideración por los civiles, incluyendo a los propios magistrados. Este grupo esgrime como un trofeo la ratificación de la condena, y la conclusión de que hubo, cuando menos, dos desapariciones.

Los dos bandos han desplazado su batalla al escenario judicial y ambos aguardaban la sentencia para fortalecer sus posiciones y silenciar por fin a sus contrincantes. Pero la decisión -plasmada en cerca de mil folios– no ha hecho otra cosa que revivir las escaramuzas frente a un asunto que hace parte esencial de nuestra historia reciente y que después de todo parece condenado a la incertidumbre.

Se trata de la primera decisión de segunda instancia en el caso del Palacio de Justicia, emitida por la justicia penal [1], y aunque en ella se afrontan todos los puntos difíciles de la investigación, es obligatorio concluir que no quedaron resueltos.

No se sabe

La sentencia deja en claro que el manejo irregular de la escena de los hechos, las fallas enormes en las inspecciones y “levantamientos” de los cadáveres, los errores absurdos en las entregas de los cuerpos, las inhumaciones en fosas comunes, y aún los defectuosos exámenes posteriores para identificar los restos, impiden saber qué ocurrió realmente con, por lo menos, nueve de los once desaparecidos. Por esta razón, la Sala revocó parcialmente la sentencia inicial contra el Coronel (R) Plazas Vega (proferida en primera instancia, por las once desapariciones) y ordena que la investigación sea agotada en relación con los restantes desaparecidos, cuyo destino sigue en el misterio.

Sí se sabe

De otra parte la decisión mayoritaria establece que está demostrada con certeza la desaparición de dos ciudadanos: Irma Franco –guerrillera que participó en la toma – y Carlos Augusto Rodríguez Veras- empleado de la cafetería-, pues las pruebas recaudadas son suficientes para determinar que ambos salieron vivos del Palacio de Justicia, estuvieron bajo custodia de las fuerzas estatales en lugares donde deliberadamente no se registró su ingreso, y luego desaparecieron hasta la fecha, adicionándose a ello la sistemática negativa de las autoridades por revelar su paradero.

Sin embargo es necesario recordar que el delito de desaparición forzada tiene unas características particulares por las cuales es casi imposible que pueda demostrarse mediante pruebas directas. Por ello la decisión acude a indicios con los cuales estima posible establecer tales desapariciones. Pero los indicios, en tanto pruebas indirectas, son instrumentos problemáticos para llegar a la verdad, y este caso no es la excepción.

El Tribunal hace un esfuerzo sobrehumano para depurar los testimonios, valorar los reconocimientos de familiares basados en fotos y videos de la época, y analizar las declaraciones más polémicas (como la de Édgar Villamizar Espinel) para llegar a las conclusiones finales.

Quizá la mayor virtud de la providencia consiste en que no elude ninguno de los temas, y propone una solución contextualizada sobre los puntos que más dificultad han planteado a la judicatura y han motivado las mayores críticas por parte de la defensa y de la Procuraduría. Tras este análisis exhaustivo, los magistrados que forman la mayoría concluyeron que hay certeza sobre las dos desapariciones y la responsabilidad del Coronel acusado.

Magistrado en disidencia

Nuestro sistema judicial permite que una decisión a cargo de tres magistrados sea adoptada por el acuerdo de dos de ellos, de tal forma que el tercer integrante de la sala, si se aparta de la postura mayoritaria, deja constancia de sus inconformidades en un “salvamento de voto”. Este mecanismo que permite establecer la “verdad” con el 66 por ciento de los magistrados, se presta a controversias entre los interesados en la decisión final, sobre todo si se trata de un tema que despierta tan duras reacciones entre quienes todavía sostienen una batalla por el Palacio de Justicia.

El solo hecho de un salvamento de voto permite a los dos bandos emplear nuevos argumentos para mantener sus posturas y atacar las contrarias. Y la incertidumbre se hace mayor si tomamos en cuenta que el magistrado disidente, hace extensas consideraciones críticas sobre la validez de algunas pruebas que soportan la decisión, pone en duda la credibilidad de varios testigos (algunos de ellos familiares de los desaparecidos), ataca el método de análisis elegido por sus dos compañeros de sala y expone errores importantes en la dirección de la investigación.

Como si ello no bastara, la inconformidad del tercer magistrado llega al punto de aseverar -con razones de peso- que solo está probada la desaparición de Irma Franco y no la de Carlos Rodríguez Vera, para rematar su exposición con una conclusión tajante: la responsabilidad penal del Coronel Plazas Vega no pudo establecerse con la seguridad indispensable para que sea condenado.

Culpa de la justicia

Lo anterior significa que esta decisión, pese a estar dentro de la legalidad que nos gobierna, carece de la fuerza que el país necesita para acabar de hacer el duelo por aquella tragedia. La culpa aquí no es solo de quienes participaron en los hechos sangrientos. También lo es de nuestras instituciones, incluida la propia administración de justicia.

En esto están de acuerdo los tres magistrados, quienes resaltan cómo las fallas fueron tan protuberantes e incluso irreparables, que no será posible determinar siquiera si los otras personas desaparecidas (9 para los magistrados que hacen la mayoría, y 10 para quien salvó su voto) murieron o no con ocasión de los combates, y si sus cuerpos fueron tal vez entregados equivocadamente a quienes no eran sus familiares.

La constatación de la magnitud de nuestra tragedia, en esos términos, es aterradora, y a la sensación de impotencia y tristeza por un pasado de 26 años de incapacidad para encontrar la verdad, se suma una incertidumbre más: no hubo acuerdo entre los magistrados para poder definir, por unanimidad, como era lo deseable, si el Coronel (R) Plazas Vega es culpable o inocente por la única desaparición que parece demostrada a cabalidad. La decisión llega tarde, viene dividida y plantea un escenario desolador; la verdad ha huido, primero espantada por los cañonazos y los procedimientos torpes, cansada luego de que la justicia no quisiera buscarla durante los primeros años, temerosa al final de aparecer, porque su presencia pareciera generar más dolor y odio.

Ya se sabe que la Procuraduría interpondrá recurso extraordinario de casación y que lo propio hará la defensa. No obstante temo que tampoco la Corte Suprema será capaz de de resolver tantas dificultades y poner punto final a ese debate, pues las bases para llegar a la certeza parecen carcomidas. La batalla por el Palacio de Justicia no ha terminado, y quizá solo culmine con el paso del tiempo, cuando hayan desaparecido las generaciones de quienes sufrimos un drama tan doloroso y lleno de pecados.

Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho Penal. Especialista en Propiedad Intelectual. Especialista en Creación Narrativa. Ha trabajado en la Rama Judicial como Juez de Instrucción Criminal y Fiscal Regional. Condecorado con la Medalla al Mérito por Servicios a la Justicia. Actualmente es abogado independiente.

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