La participación como proyecto de ley y proyecto político

La participación ciudadana como apuesta política, requiere no sólo del liderazgo y compromiso del Alcalde Mayor sino de una intima sintonía de todos los funcionarios del Distrito, de las alcaldías locales, de las Juntas Administradoras locales y de un protagonismo vital del Concejo Distrital que deberá involucrarse activamente en esta nueva forma de relacionamiento político, cambiando la visión tradicional de clientelas políticas por la de comunidad.

Por: Gabriel Bustamante Peña / Semanario Caja de Herramientas

La participación es un principio fundante de la Constitución de 1991, que se concreta en el derecho que deberíamos tener todos los colombianos y colombianas para incidir en los asuntos que nos afectan.

En algunos casos el derecho a la participación se eleva a la categoría de fundamental y por ende susceptible de ser protegido por acción de tutela, como es el caso de la consulta previa de los pueblos indígenas y afro colombianos; en otros casos es un derecho elevado a requisito indispensable de procedimiento como las audiencias públicas en la aprobación de las leyes de la República y en otros se eleva como derecho constitucional de incidir en la planeación, ejecución y control de las políticas públicas con efectos mayoritariamente consultivos (Consejo de Juventud), pero también vinculantes (Gobierno Escolar).

Sin embargo, pese al desarrollo constitucional y legal que ha tenido el derecho a la participación en los últimos veinte años estamos lejos de la construcción de un Estado democrático moderno, que supere la visión clientelista de lo público y avance significativamente hacia la vinculación de la ciudadanía, en la toma de decisiones que afectan el interés público.

Es más, pareciera incluso que la gran ausente de la democracia participativa en Colombia, es la misma ciudadanía. En unos casos porque la exclusión social y la iniquidad impiden el ejercicio de dicha ciudadanía a millones de colombianos y colombianas, y en otros, porque el desencanto y apatía por lo público, ante los escandalosos fenómenos de corrupción, ha hecho que la gente se aparte de toda actividad política y deje de participar en los espacios que la Constitución y las leyes han dispuesto para la incidencia social, económica y política.

Ahora, la participación como derecho necesita de una institucionalidad orientada al cumplimiento real de dicho derecho, y no tanto, a la creación de espacios formales con poco o nada de incidencia real para la ciudadanía. En esta vía, existen dos proyectos que actualmente retoman el debate de la participación desde dos ópticas diferentes, pero complementarias. Por un lado, está la propuesta de crear un nuevo estatuto de la participación1, en cabeza del ministro del Interior Germán Vargas Lleras, que por la vía legal pretende superar la múltiples leyes que por falta de contundencia se convirtieron en cantos a la bandera a la hora de promocionar la participación y defenderla como derecho; y por otro, el proyecto político del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, que sienta la base de su programa de Gobierno “Bogotá Humana Ya” precisamente en un ejercicio profundo de participación ciudadana por medio de acuerdos ciudadanos y presupuestos participativos.

Por el lado del nuevo estatuto de la participación, si el articulado, en el debate en el Congreso, no es modificado sustancialmente, asistiremos a una nueva ley llena de buenas intenciones y otras no tantas (como los acuerdos para la prosperidad en territorios mineros y la regulación del cabildeo), pero que en nada modificarán el actual estado de anomia ciudadana e irrespeto por el derecho a la participación.

El proyecto es muy pobre en institucionalidad, no tiene mecanismos efectivos para garantizar el derecho a la participación, y carece de un verdadero músculo financiero con el cual soportar los procesos que necesariamente requiere un verdadero ejercicio de crear ciudadanía y movilización social por medio de la promoción de la participación ciudadana.

Paralelamente a este intento de legislar la participación ciudadana, está la propuesta política del alcalde de la Capital Gustavo Petro, quien pretende golpear la corrupción y la intermediación clientelista con propuestas de inclusión social, más allá de los programas meramente asistenciales o la visión tecnócrata-gerencial. Un modelo de Gobierno que le entregue herramientas a la ciudadanía para auto-gestionar su bienestar, y que pretenda involucrar a la gente como actores de cambio social y no como receptores pasivos de la economía y la tecnología; mejor dicho una propuesta para entregarle el poder a la gente para que influya en el desarrollo político, social, económico y cultural de la ciudad.

En esta lógica, el nuevo Gobierno Distrital deberá involucrar a los bogotanos y bogotanas como co-responsable del proceso de desarrollo de la Capital por medio de un plan de desarrollo cuya eficacia y sostenibilidad futura, se base en la apropiación ciudadana de programas y proyectos, colectivamente construidos, y que esté diseñado para permitir la creación colectiva que todo pueblo tiene en sí mismo.

Ahora, la participación ciudadana como apuesta política, requiere no sólo del liderazgo y compromiso del Alcalde Mayor, sino de una intima sintonía de todos los funcionarios del Distrito, de las alcaldías locales, de las Juntas Administradoras locales y de un protagonismo vital del Concejo Distrital, que deberá involucrarse activamente en esta nueva forma de relacionamiento político, cambiando la visión tradicional de clientelas políticas, por la de comunidad.

Además, este modelo exige información masiva de los procesos de gestión urbana y debate público continuo, por eso el Gobierno Distrital deberá apoyarse fuertemente en los medios de comunicación y empoderar nuevos y variados actores, dejando atrás las burocracias de la participación que se han reproducido durante todos estos años.

De todas formas, sea por la vía legal o por el ejercicio de Gobierno, Colombia necesita para superar sus grandes y graves problemáticas, más participación real y menos instituciones inocuas, necesita un Estado incluyente donde todos podamos participar de las oportunidades y todos podamos participar de la construcción de las mismas.

La marcha estudiantil de finales del año pasado, antes que ser vista con prevención por el Estado, debe ser analizada como una experiencia exitosa de participación y movilización social, que debe su triunfo a que fue atractiva en sí misma, creativa y divertida. Además, era una iniciativa con posibilidades de triunfo, así fueran parciales, y eso es lo que necesita la gente, opciones de participar que los seduzcan y donde sientan que comparten algo por que luchar y que tiene sentido hacerlo.

1 Proyecto de ley estatutaria 134 de 2011 de CÁMARA, acumulado con el 133 DE 2011, de Senado.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s