Informalidad más eliminación del salario mínimo: Ante los grandes problemas soluciones perversas

Se dio a conocer un estudio sobre informalidad laboral en las áreas urbanas de Colombia elaborado por Luis Armando Galvis, perteneciente al Centro de Estudios Económicos Regionales –CEER-, del Banco de la República en Cartagena1grupo que se ha caracterizado por la seriedad y el compromiso con el estudio de las regiones en el país. En buena hora se presenta este análisis de la informalidad en los departamentos del país, cuando se insiste desde diversos sectores no sólo en la eliminación del salario mínimo sino en el ataque a las contribuciones que se hace desde las nóminas a los llamados parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de compensación).

Por: Jaime Alberto Rendón Acevedo / Semanario Caja de Herramientas

Empecemos por decir que uno de los principales problemas de la economía y de la sociedad colombiana es la informalidad. Desde allí no sólo se obtienen grandes ganancias por parte de quienes deben asumir el compromiso social de generar empleos decentes, sino que hace a quienes soportan esta situación una población vulnerable. En efecto una de las principales conclusiones del estudio es que “En términos de la distribución regional de la informalidad, se encuentra que las ciudades que más son afectadas por el fenómeno, son aquellas que se encuentran localizadas por fuera del centro andino conformado por la vecindad de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. Asimismo, la mayor informalidad se corresponde con un mayor grado de pobreza” (p. 37).

Parece que se ha vuelto una constante en el país el querer negar este “circulo perverso de la pobreza”: Si tienes un trabajo informal, entendido como aquel que no reconoce los derechos al pago de la seguridad social y difícilmente accedes a los servicios de salud pública, no cotizas a los sistemas de protección social, por lo tanto estos van a estar desfinanciados y no disfrutarás de una pensión y mucho menos tu ingreso va a alcanzar para procurarte en el mercado lo que por derecho no se te reconoce.

En efecto, la informalidad en el país alcanza al 62.32%, estando sólo cuatro ciudades por debajo del promedio nacional: Bogotá, Tunja, Manizales y Medellín, tal y como se puede observar en el cuadro 1, sin que baje del 50.09%. Abruman las cifras de las demás ciudades: cuatro superan el 80%, nueve están entre el 70% y el 80% y seis en el decil del 60% al 70%.  Estos datos son relevantes, se trata de un país donde la informalidad se convierte en la forma de garantizar el sustento de la población, un ingreso que permite subsistir, pero que no garantiza acceder a los derechos que brinda el tener un contrato de trabajo decente.

Cuadro 1. Colombia. Porcentaje de informalidad por ciudades

SEG SOCIAL: Informalidad por falta de seguridad social: definición legalista
DANE: Informalidad DANE menores de 10 empleados
Fuente: Galvis, 2012, p. 28

La seguridad social en el país está ligada al contrato laboral, de trabajo decente (de acuerdo con la definición de la OIT2), este posibilita que quien lo tenga podrá disfrutar de las condiciones económicas, sociales y políticas que este procura. Visto así se debe decir que sólo el 37.68% de la población puede tener acceso hoy en el país a este tipo de bienes y servicios. Desde otra perspectiva de análisis, de acuerdo con Asocajas, 6.432.286 trabajadores están afiliados a las cajas de compensación familiar (septiembre de 2011); esto representa el 32,35% de la población ocupada del país. Obsérvese que este dato  incluso está por debajo de los datos que se derivan del estudio de Galvis.

En la sociedad colombiana hemos venido asumiendo un alto costo social al permitir que sea la informalidad la que caracterice las condiciones laborales y sociales. El país se ha desgastado en reformas laborales que jamás podrán tener los impactos esperados precisamente porque la informalidad es más rentable, permite que los costos laborales se disminuyan sustancialmente, además que se dejan de pagar los impuestos a la nómina y los aportes a la seguridad social.

En definitiva, ante la informalidad es difícil, por decir lo menos, que se puedan estructurar unos sistemas de protección social sólidos financieramente. Si los aportes producto de las nóminas no crecen y, por el contrario, disminuyen el problema del financiamiento de los sistemas se mantendrá como una constante que los hará inviables, no sólo en términos monetarios sino técnicos.

De otro lado, y como presión a la baja de los salarios, ha retornado a la palestra el tema de los costos salariales donde se esgrimen dos aspectos esenciales: la pérdida de competitividad del salario y el pago de los parafiscales.

Respecto a lo primero, hay que decir que en efecto, si se mide en términos de dólares los salarios si se han encarecido producto de la revaluación; es decir, ha sido por las disposiciones de la política monetaria, de las gestiones cambiarias del país que en términos relativos frente a otras economías los salarios representan un costo mayor, pero esto nada tiene que ver con la capacidad de consumo del salario. Dicho de otra forma es un asunto de comparaciones donde el menor precio del peso frente al dólar es la explicación, y no se trata de aumentos en términos de valores nominales del salario que conduzca a encarecimientos reales del trabajo. Hay mitos que por fortuna comienzan a desvanecerse por ejemplo, la economía brasileña ha demostrado ser capaz de soportar crecimientos importantes del salario real, manteniendo altas tasas de crecimiento económico y mayores niveles de productividad y competitividad.

El segundo punto, se refiere a la necesidad expresada por algunos sectores empresariales de eliminar los parafiscales y con ello lograr disminuciones de los costos laborales: 4% de la nómina con destino a las cajas de compensación familiar, un 2% para el SENA y un 3% se destina para financiar al ICBF. Esto si debe de ameritar una discusión profunda en términos del costo beneficio de estas entidades para el país, realizada con el más estricto espíritu de responsabilidad social y fiscal. ¿Cuál es el beneficio directo de estas entidades a la población más pobre?, ¿Cuáles son las mediciones de eficiencia, transparencia y efectividad de estas organizaciones?, ¿Cuánto de los parafiscales se va en burocracia y gastos administrativos innecesarios? Los cambios institucionales que viene promoviendo el Gobierno del presidente Santos, deberían de servir de espacio para generar una evaluación y una toma de decisiones certera sobre el funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos de estas entidades, así como de buscar sus alternativas de financiamiento.

A las empresas colombianas si bien se les cobran estos aportes también es cierto que se les generan unas exenciones tributarias considerables. Podría ser procedente quitarle estos sobrecostos a las nóminas, pero también se tendría que realizar una revisión detallada de las exenciones (que al parecer se viene haciendo, con el amarre actual de los acuerdos de estabilidad jurídica firmados por las más grandes compañías del país, que no permiten ya un mayor margen de maniobra en el aumento de impuestos de orden nacional). La sociedad colombiana no puede ni debe seguir asumiendo el riesgo financiero de las empresas sobre las cuales no se han definido socialmente prioridades estratégicas. Los descuentos tributarios deben ser un premio al esfuerzo empresarial, a la configuración de escenarios de mayor productividad, exportaciones y generación de empleo.  Es paradójico, quienes más defienden el libre mercado son quienes terminan por usufructuar las bondades de los descuentos tributarios.

A todo esto se sale, además, con la propuesta de dejar los salarios a libertad del mercado y eliminar los topes que impone un salario mínimo, es decir, que sea la libre oferta y demanda laboral la que designe los salarios. Con las reformas laborales anteriores que tuvieron el propósito de generar mayores empleos a través de la reducción del costo salarial, estos no se generaron de la manera esperada, fundamentalmente porque los empleos decentes en el país ya son generados por empresas formales que al abaratarse el trabajo no van a generar más empleo porque sencillamente no lo necesitan. El problema, como se ha visto, radica en la informalidad y quienes recurren a esta no se van a formalizar por una disminución del salario, a menos que se busque el punto donde el empresario decida formalizarse porque el trabajo es tan barato que da lo mismo contratarlo por debajo o con las garantías de ley, eso le implicaría además formalizar su actividad empresarial.

El salario mínimo se constituye en nuestro país en un instrumento de protección a una población de alta vulnerabilidad. Su eliminación conduciría a la pobreza a millares de personas que quedarían al libre albedrío de mercados no regulados, de mercados informales.

El país no parece tener consciencia de la informalidad, de la necesidad de hacer de la economía un conjunto de actividades legítimas donde concurran trabajadores, Estado y empresarios bajo criterios de responsabilidad social, de respeto a las decisiones empresariales pero anteponiendo el bien común como condición para el buen vivir, incluso como garantía de tener un mercado interno robusto que termine por hacer crecer la demanda, la oferta, que genere círculos virtuosos de crecimiento y desarrollo. Pero esto que parece tan sencillo ha sido muy complicado llevarlo a la práctica en un país donde impera la premisa del “más vivo”.

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1 Luis Armando Galvis. Informalidad laboral en las áreas urbanas de Colombia. Cartagena de Indias, febrero 2012. http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional-/documentos/DTSER-164.pdf

2 Para la OIT el trabajo decente tiene las siguientes características: trabajo productivo y seguro; con respeto a los derechos laborales; con ingresos adecuados; con protección social; con diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y participación.
http://www.ilo.org/public//spanish/region/ampro/cinterfor/rct/35rct/doc_ref/doc1/i.htm

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