Gustavo Petro, lo viejo y lo nuevo en Bogotá

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Por: Miguel Ángel Herrera Zgaib / Semanario Caja de Herramientas.

Los anteriores secretarios, en particular, Navarro, sirvió a la causa del empalme, ajustando en lo posible cuentas con los atropellos cometidos por la nefasta administración de los hermanos Moreno, y sus principales socios en el PDA. La transición del modelo urbanístico y económico neoliberal, al servicio exclusivo de la expansión del capital, en cuya contención nada hicieron las dos anteriores alcaldía del Polo, las de Lucho y Samuel, consumió las mejores energía de Guillermo Asprilla.

Los entretelones de la política y la justicia

“Son especulaciones. No voy a ser candidato presidencial, y esa claridad la merece la sociedad colombiana. Alejandro Ordóñez, Procurador, El Tiempo, 6.05.2013, p. 24.

En enero de 2009, Alejandro Ordóñez se posesionaba como Procurador general de la Nación, y uno de los senadores del Polo que votó favorablemente aquella primera elección fue Gustavo Petro. Hoy, él experimenta en su propio pellejo una posible destitución como fruto amargo de la investigación que contra él adelanta la Procuraduría. En cambio, Ordóñez consiguió relegirse venciendo todo obstáculo, con el poderoso expediente sancionatorio que el cargo ofrece, y que  esgrime con celo intimidatorio e indudable eficacia para persuadir a los congresistas corruptos, sus “naturales” electores.

La investigación disciplinaria contra Petro se funda en las omisiones y malos manejos que se presentaron en el cambio del modelo de recolección de basuras de la ciudad capital. Él anunció en su posesión, y en campaña como un proyecto bandera “O Basura en Bogotá“; y lo acompañó con Guillermo Asprilla, compañero de lucha en el M19, a cargo de la UAESP. Él, abogado, defendió a los afectados por la fetidez e insanía del relleno de Doña Juana, enclavado entre los pobres del sur, enclave de desechos  de las cuatro esquinas de la metrópolis bogotana.

Aunque no haya la prueba reina, el procurador, quien autorizó también la destitución de Andrés Felipe Arias, escudero del ex Álvaro Uribe, afirman los contradictores políticos que ser reunió más de una vez con Uribe y el exministro Fernando Londoño, para orquestar la salida del burgomaestre de la capital. El columnista Londoño, marcado por el negociado de “Intercolsa” fue víctima de un atentado terrorista. El puente de unión para ventilar la hipótesis del conciliábulo es la procuradora Tatiana Londoño, hija del exministro, tal y como lo recordó el noticiero de RCN radio.

Alejandro, Álvaro y Fernando hablan y calculan de cara a las elecciones del año 2014. Ellos barajan con entusiasmo la posible candidatura  de Londoño. Ordóñez quedó descartado de la baraja por lo que dijo a María Isabel Rueda. Quedan los otros, Francisco Santos, Zuluaga, ex ministro de Hacienda, los congresistas Juan Carlos Vélez y Carlos Holmes, parqueados sin agarrar vuelo, son una comparsa que hace ruido y encarama vallas contra la paz de Santos, que dicen apadrina la impunidad.

Entre tanto, la cuenta regresiva  para destituir a Gustavo Petro no se detiene, y podría a su caída definitiva como futuro candidato presidencial, quien de lo contrario rivalizaría con Germán Vargas Lleras, el palafrenero principal en la reelección cantada de Santos.

El entreacto de la destitución reproduce la continua superposición entre justicia y política, donde esta se somete a caprichosos controles y sanciones jurídicas, agravadas por la denuncia de Daniel Prado, el defensor de Petro, quien no ha sido escuchado por la procuraduría para rendir descargos. El abogado al renunciar denunció que la causa disciplinaria viola la garantía constitucional del debido proceso.

El accionar de la procuraduría es parcializado, según antecedentes, absolvió a Edmundo del Castillo, secretario del ex Uribe, pero condenó a Piedad Córdoba, una figura de la izquierda liberal. Los partidarios del alcalde advierten al procurador que los denunciantes “se aprestan a violar el voto popular,” por lo que “no debe escucharlos”.

La revocatoria del mandato

“Pero, creo que si la idea es sacar a Petro, sería más lógico que los electores tomaran esa decisión, en caso de que proceda la revocatoria…” Antonio Navarro, dirigente nacional del Movimiento Progresistas.

La segunda batería emplazada contra el alcalde progresista es el referendo revocatorio respaldado por algo así como 646.000 firmas, recolectadas mayormente, dice Miguel Gómez representante por Bogotá, en localidades populares clientelizadas: Engativá, Suba y Ciudad Bolívar. Estas, habitadas por personas de los estratos uno y dos, principalmente, la encuesta de “Cifras y Datos” de César Caballero, dividen por mitad su favorabilidad con Petro. Aquí él obtiene, en promedio, su mayor apoyo, mientras lo viene perdiendo el estrato tres, el más grande segmento de la clase media bogotana.

Conviene recordar aquí, que el ex senador del PDA denunció la parapolítica, y con ella los turbios manejos del ex Álvaro Uribe Vélez desde cuando era el gobernador de Antioquia, y su hermano Santiago animador principal de “Los doce apóstoles”. Tal y  como lo registró la periodista Olga Béhar. Esto le ganó apoyo y aprecio entre los niveles superiores de la clase media 4 y 5, que le dieron el puntillazo a su pasado triunfo electoral, valorando su conducta moralizadora en medio de un mar de corrupción, local y nacional. Porque casi, sin excepción todos sus oponentes, empezando por Gina y Peñalosa estaban marcados por su alinderamiento con el ex Uribe Vélez, el partido de la guerra. Y los dos perdieron por separado.

Es importante recordar también, que Colombia tampoco tiene aún establecido el derecho de revocar el mandato a los presidentes ni a los congresistas, que son cargos de elección popular. Estos están bajo resguardo impune de una efectiva rendición de cuentas que exijan los electores insatisfechos. Esto sí es posible en la vecina y vilipendiada Venezuela “chavista” desde 1999. El difunto presidente Chávez,  padre de esta Constitución, experimentó la revocatoria, y sobrepasó la prueba de la oposición política.

Ahora la oposición  disputa a Nicolás Maduro su elección presidencial, primero, de hecho en las calles, incluyendo la muerte de 9 partidarios del PSUV, y la quema, dicen las fuentes oficiales, de cuarenta misiones médicas, atendidas por personal cubano. Y luego, la misma oposición de Henrique Capriles al prosperar la auditoría del 46 por ciento, impugna la elección del sucesor de Chávez tout court. Así que a ambos lados de la frontera prospera el ejercicio de los controles judiciales al poder de los altos funcionarios del Estado, pero, politizados, parcializados.

Quieren unos y otros sacar del juego político a quienes quebraron las fórmulas tradicionales de dominación oligárquica en Suramérica, como lo son, con sus particularidades, Chávez, Petro y Maduro, exponentes de la anti-política de izquierda bajo el expediente democratizador que invoca a las multitudes citadinas como su principal fuerza y respaldo en Caracas y en Bogotá. Según las últimas cifras reveladas, Petro cuenta entre ellas con el cincuenta porciento de aceptación.

Para cerrar este apartado sobre los pesos y contrapesos entre poder político y judicial, Antonio Navarro, ex presidente de la Constituyente con el asesinado Álvaro Gómez Hurtado, tío de Miguel motor y músculo financiero de la revocatoria contra Petro, lamenta su participación en la creación del Código único disciplinario que excluye al procurador cabeza discrecional del poder sancionatorio perentorio.

Los recursos de reposición y apelación se surten ante la misma Procuraduría. Luego sigue el tortuoso camino ante el Consejo de Estado, a cuya cabeza se encuentra un discípulo estimado y querido del procurador Ordóñez. Lo que concluye Navarro, el “colegislador” fallido, es obvio: no hay contrapesos para controlar los excesos del uso indebido de las herramientas punitivas del ministerio público en la lucha política abierta, al enfrentar la presencia de una oposición real con vocación y ejercicio de poder en el ámbito de la sociedad política en la Colombia del siglo XXI, la cual pone en entredicho la dominación tradicional bipartidista oligárquica.

La administración de Gustavo Petro

“Voy a ayudar a Petro a que siga administrando”. Guillermo A. Jaramillo, secretario de Gobierno de Bogotá.

Gustavo Petro es un “presidenciable”, y él lo sabe. Es una de las figuras de la oposición política, quien tiene una fuerza electoral in crescendo, ahora organizada en el movimiento Progresistas, que enfrenta  al establecimiento liberal conservador que durante los pasados diez años se alió, prohijó la parapolítica para conseguir la seguridad de los grandes propietarios de Colombia. Es el perverso acuerdo pos-frente nacional para cerrarle una vez más el paso a la democracia. De hecho ha dado existencia “recargada” al partido de la guerra como forma hechiza de mantenerse al comando del poder del estado.

Esta compleja realidad es la que el grupo de investigación PRESIDENCIALISMO Y PARTICIPACIÓN ha rastreado desde su emergencia indiciaria en 1999, y que caracterizó de modo definitivo como la coalición del régimen para-presidencial, con la pretensa intención de refundar la patria, después que se perpetró  la reelección de Álvaro Uribe en el año 2006. Tal estado de cosas que aún no lo desmonta el actual presidente Santos,1 oficiante con afán inusitado en los altares de la paz con el monaguillo a Humberto de la Calle, delante de un coro incómodo, que incluye entre sus voces a una internacionalista agraciada,  la holandesa Tanja Nijmeyer, para completar.

Antes el cálculo del hoy ministro de trabajo, Rafael Pardo, cuando ocupaba la cartera de defensa, era que la estrategia de guerra integral requería de 18 meses para liquidar al opositor armado. Y el actual presidente también hizo los propios, y lo que en últimas sí consiguió fue “ajusticiar” a Alfonso Cano, por interpuesta persona, quien remplazó a Marulanda en la interlocución por la paz de Colombia.

Ahora, según lo pregona al unísono la dupla Santos /de la Calle en menos tiempo se concretará la paz. Claro, el gobernante local, Petro está también comprometido con la paz de Colombia, y ésta pasa por Bogotá necesariamente.  La fuerza del respaldo se demostró así con la movilización del 9 de abril, con el coliderazgo de Piedad Córdoba, donde la ciudadana en número cercano a las 500.000 personas se movilizó con el partido de la paz social, que es el antagonista del partido de la guerra, cuyo más ruidoso propagandista es el ex Uribe Vélez.

En cambio, dicho partido, que hoy se denomina con eufemismo, Centro democrático, no se resigna al viraje “traidor” de Juan Manuel Santos, quien electo dijo en la plaza pública que él tenía las llaves de la paz en su bolsillo. Con las Farc-ep su contradictor militar principal hacen sonar el manojo de 5 llaves ante el oído expectante de las multitudes. El otrora viajero del tren de la guerra, fracasado con Uribe en el inmediato destino de liquidar la guerrilla, se apeó en la difusa estación de la paz para conversar con Alfonso Cano, como lo hiciera antes Pastrana con Marulanda.

Ellos empezaron a  fijar las condiciones mínimas para discutir la paz entre cúpulas, sin repetir el Caguán, con el compromiso de someter después lo acordado a la prueba democrática de la ciudadanía, que a través de estrechas representaciones forales viene siendo consultada en los Foros programados por el PNUD y el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional.

En la misma suerte está jugado el gobernante Gustavo Petro, sin dobleces, desde los tiempos en que el M19 dejó las armas, y contribuyó al diseño de la Constitución de 1991. El también sigue siendo un defensor a ultranza, contrario a la seguidilla de reformas que como pirañas han mordido la mayoría de sus aspectos progresistas, siendo la última, el articulillo de la reelección que rompió eficazmente los balances y contrapesos del diseño democrático liberal estrenado en 1991.

Alfonso Cano fue asesinado en el  intento de la paz. Antes las figuras de la oposición lega corrieron la misma suerte,  Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo, con el proyecto de la UP; y Carlos Pizarro Leóngómez, con quienes eran coequiperos Antonio Navarro, en lo nacional y Gustavo Petro, en Bogotá. La sufrió también Luis Carlos Galán Sarmiento, el renovador y moralizador del liberalismo.

Navarro y Petro han sobrevivido después de amnistiados a los resultados de disponerse a la paz habiendo  guerreado antes del lado de los de abajo, de los grupos y clases subalternas. Antes su consigna era “con el pueblo, con las armas, al poder”. Ellos apelan a las multitudes, a quienes les interesa vitalmente la democracia a secas.

Ellas rechazan sin ambages el negocio de la guerra hoy, toda vez que el establecimiento bipartidista las sigue utilizando como sus peones, y las sacrifica por una mísera paga, dizque para hacer realidad el sueño de libertad verdadera, porque luego de sesenta años el embeleco de la “seguridad democrática” se transformó delante de sus ojos en mortal pesadilla, plagada de falsos positivos, desplazamiento y robo descarado, impune del erario, esto es, expropiación de la riqueza social producido por el trabajo común.

Fueron los “inefables” cubanos y su medicina social, quienes le salvaron la vida a Navarro trasladado de urgencia a La Habana acompañado entonces por Carlos Alonso Lucio, y María Eugenia Vásquez, víctimas del atentado hecho con la complicidad oficial de liberales y conservadores, utilizando para su ejecutoria la mano de subalterno del ejército en el gobierno de aquel entonces.

La misma Habana, territorio libre del imperialismo, pero no del todo, porque ahí está Guantánamo todavía como enclave imperial, vuelve a ser territorio de vida y facilita que la justicia social sea discutida con otro destacamento guerrillero aún en armas, luego de la paz hecha con el M-19, y otros destacamentos. Es Cuba una tercería internacional, la que preocupa por igual, al partido de la guerra, que libra en Bogotá la otra batalla, donde Petro defiende las negociaciones de paz, a capa y espada, luego de la instalación en Oslo, después de la algarabía internacional.

El exguerrillero amnistiado, Gustavo Petro, dejó su lugar en un congreso corrompido, y se convirtió en gobernante de la ciudad de Bogotá, cabeza del segundo puesto en importancia política en una república centralista y oligárquica la gran mayoría de veces. La revocatoria de los congresistas la pide ahora por la vía del referéndum, uno entre ellos, el senador Camilo Romero.

Él hace pocos días en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, defendió la revocatoria, y reclamó millares de firmas para inscribir también esta iniciativa que no va en la dirección de la revocatoria a Petro. Ella muestra cuál es la realidad actual del poder legislativo colombiano corrompido por la guerra, el capital, y la parapolítica que los junta a ambos en la disolución de Colombia.

Los poderes públicos, sus ocupantes, están bajo la mira de los gobernados, y los huérfanos de ellos, dispuestos a todo, para regresar al monopolio de la decisión política en todos los órdenes, para sacar los máximos frutos entusiasmado por la “apertura” de la prosperidad que sigue los dictados de la “tercera vía”.

El gobernante local  y sus opositores

Petro es ahora gobernante, por algo más de un año. Lejanos están sus tiempos de concejal en Zipaquirá, y diplomático de segundo nivel; y  menos, claro, los de congresista. Y en este último tiempo de su periplo no ha sido acusado de falsos positivos. Tampoco ha amedrentado a nadie, diciéndole marica, y anunciando que golpeará en la cara a sus subalternos, porque rehusan sus autoridad. Él no  ha sobornado a concejales de la oposición, ni animado, o practicado el cohecho con Yidis Medina, quien ahora denuncia al presidente y sus estafetas. Ella es, en cambio, la única “castigada” por una dizque recta administración de justicia.

Corrompida están la justicia y su procuración actuales, de abajo a arriba, hasta las más altas esferas. Cebadas por el carrusel de la repartija de prebendas económicas y canonjías políticas, a las que no quieren renunciar ejerciendo con descaro leguleyo y rabulero en causa propia. Ante ésta el procurador Ordóñez nada hace, ni con los estropicios del presidente, ni con quienes contribuyeron a su elección.

Peor aún, siendo juez y parte en su causa, a la que acaba de unirse, el liberal Alberto Rojas, un pereirano defendido por Simón Gaviria, el vástago del ex César Gaviria, de la misma ciudad y bandería, la Corte Constitucional actual guarda silencio. En frente de un infractor “confeso”, a regañadientes , que ni  siquiera ha pagado lo debido a la DIAN, antes de su posesión, hecha a los pocos días por el presidente, después que pidiera un plazo de 90 días ante  el congreso que lo eligió también contrariando toda evidencia.

La semana entrante veremos en qué termina este sainete vergonzoso e inaceptable. Pero queda claro, también, por qué al vocero de las Farc en La Habana, Santrich, no le faltan razones para juzgar que el Estado, sus aparatos de gobierno, están corrompidos. Para probarlo, o no es así, tenemos el último botón de muestra, el que los medios ya califican como el “affaire Rojas”, que ni corto ni perezoso se atornilló como magistrado de la Corte que cuida la observancia de la Constitución  y los derechos fundamentales de todos y cada uno de los colombianos.

Revisando Cifras y Firmas

“El alcalde me ha solicitado que lo acompañe en nuevos temas…Yo tengo la experiencia política de haber ocupado una curul en el Congreso y cargos políticos, y ese roce espero ahora me sirva para beneficio de la ciudad.” Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de gobierno de Bogotá.

“Los firmantes que hoy sienten temor porque ejercemos nuestro derecho a revisar firmas, tranquilícense, están en un gobierno democrático”. Twitter de Gustavo Petro, 10.05.2013.

Un caracterizado contrincante del alcalde Petro a nivel de Concejo,  Miguel Uribe, es el lugarteniente del congresista Miguel Gómez. Hace poco contabilizó cifras para  probar la inepcia administrativa de Petro, quien realizó  43 cambios de personal directivo: 38 en 2012, y 5 en 2013, que afectan a 24 entidades distritales.

Los principales lunares son: la UAESP, Transmilenio, el Fondo de Vigilancia y Seguridad.  Las Secretarías general, y de Movilidad permanecen sin titular; la de Gobierno  ya tiene a  Guillermo Jaramillo al frente, y éste se ha puesto a revisar la legalidad de las firmas recolectadas. Según Jaramillo, algo así como el ochenta por ciento de 40 mil firmas revisadas sería inválido; y dio a manera de ejemplo que el 43 por ciento de 17 mil  “no pertenecen al censo electoral de Bogotá”.

El apoderado de Petro, Flavio Rodríguez, quien recibió copia de las firmas de parte de la Registraduría, y Guillermo Asprilla quien lo asiste reportaron que en la primera tanda hay un alto porcentaje que no se ajusta  a los mínimos exigidos. Asprilla dijo que “en un primer muestreo verificamos que la mayor parte de las firmas son irregulares y no cumplen requisitos legales. Al respecto de esta acción la concejal  Clara Sandoval, adversaria de Petro, alertó que la alcaldía tiene a funcionarios  “trabajando en la revisión de las firmas”, y pide que la personería distrital lo investigue.

Ahora bien, atendiendo a las primeras cifras que miden la eficiencia de la administración en Bogotá, éstas revelan que hay una mejora notoria entre uno y otro periodo. El primero, 2012, correspondió al empalme de un nuevo gobierno municipal, al que propio Alcalde, casi en solitario, denunció como corrupto, todo lo cual se viene comprobando hasta la saciedad con las declaraciones actuales de Emilio Tapia, el contratista principal del carrusel de la familia Moreno Rojas, que sepulta políticamente a lo que quedó de Anapo, enloda a muchos, incluyendo a Edmundo del Castillo,  secretario jurídico del ex Álvaro Uribe, absuelto por el procurador Ordóñez. Y Tapia  ha dicho que está incluido un notable grupo de concejales, hoy en la oposición contra Gustavo Petro.

Petro ha sido consecuente en las denuncias antes de ser  alcalde y en las remociones, con o sin justa causa, lo dirán los afectados por tales decisiones. Los cambios hechos en lo corrido de 2013 son 5, y están en claro contraste de cifras con los 38 del año anterior. Lo registrado en la encuesta Gallup, a pesar de todo lo ocurrido valida  una disminución en la desaprobación a Petro que pasó de 71 en febrero a 66 ahora; pero este 64 por ciento sigue pensando que en Bogotá las cosas empeoran. En diciembre de 2012 así lo pensaba el 58 por ciento, ahora es el 64 por ciento.

Con estas realidades, Petro pasa a una segunda fase de su gobierno, asediado por dos desafíos, la destitución por vía de la procuraduría, de un lado; y de otro, por la revocatoria ciudadana, animada por los sectores políticos excluidos por tres periodos del ejecutivo local. Él tiene como ventajas, el apoyo del presidente, quien para asegurar votos en Bogotá hace visitas conjuntas a Suba, la localidad más poblada y diversa, supera el millón de almas, para ponderar los logros en seguridad ciudadana.

Lo dicho por la contraloría distrital, que le dio la razón a Petro, quien reclamó la propiedad de compactadores, camiones y barredoras usados por los concesionarios de basuras, que no los quieren devolver, pretextando todo tipo de razones.

Ahora, para la contra-ofensiva Petro ha nombrado como su mariscal de campo a Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de  moralizar y ordenar  en parte la salud en Bogotá, permeada hasta más no poder por el lucro sin freno. Una situación creada antes, aupada y legitimada por  la nefasta Ley 100, que es una de las criaturas del entonces senador liberal  Álvaro Uribe y asociados.

Jaramillo se dispone a apoyar a Petro para materializar los acuerdos y realizar las acciones de gobierno que hagan posible el tránsito a la nueva Bogotá, la ciudad no solo humana sino social, sin lo cual lo primero es una ilusión fementida.

Los anteriores secretarios, en particular, Navarro, sirvió a la causa del empalme, ajustando en lo posible cuentas con los atropellos cometidos por la nefasta administración de los hermanos Moreno, y sus principales socios en el PDA. La transición del modelo urbanístico y económico neoliberal, al servicio exclusivo de la expansión del capital, en cuya contención nada hicieron las dos anteriores alcaldía del Polo, las de Lucho y Samuel, consumió las mejores energía de Guillermo Asprilla.

Asprilla se ahogó en la gran empresa de desterrar de raíz el oligopolio de las basuras en Bogotá, una causa suya de antemano. Primero, porque los ejecutores del proyecto “Basura 0”  estaban intoxicados por el olores del relleno de Doña Juana y sus alrededores; segundo, por olvidos inexcusables en materia litigiosa, y en últimas, en otras faenas de similar importancia debido a los afectos partidistas que le impidieron entender que uno no puede administrar en compañía exclusiva de los “amigos” sin confederar a los “enemigos”.

Las cifras según las estadísticas

La revocatoria de Petro, en cifras de Gallup ofrece las siguientes perspectivas. En Bogotá, el 47 por ciento de los consultados que votaron en 2011, manifestó su intención de ir a las urnas cuando ocurra la convocatoria. Hay un 53 por ciento, entre indecisos y quienes no votarán, pero, curiosamente, la firma encuestadora de antemano no lo precisó en el instrumento que aplicó, y no queda claro el porqué. Ahora bien, del 47 porciento indicado, el 81 por ciento votará a favor de la remoción de Petro. En los hechos, este ejercicio tiene que franquear primero la barrera del 55 por ciento de los votantes. Por lo pronto falta el 8  porciento con el cual no se cuenta. Esta es la franja favorable al alcalde, por la pasiva, que tendrá que sumarse al 30 por ciento que apoya el trabajo hecho el primer año de gobierno.

Además, en términos nacionales, Bogotá coincide con el parcial optimismo del país en que las cosas mejoran, en los últimos dos meses. Los optimistas suman el 31, y en la Bogotá de Petro el 30 por ciento. En lo nacional, el ejército de los pesimistas ha tenido defecciones en la guerra de posiciones democrática, entre el partido de la guerra y la paz. En febrero, su contingente era de 57 por ciento, hoy es de 51 por ciento. Estamos a punto que el optimismo iguale, y eventualmente rebase a los pesimistas que son mayoría actual en la sociedad civil colombiana a la que cubren las encuestas de Gallup.

Entre diciembre de 2012 y febrero de  2013,  el índice de desaprobación para Petro alcanzó su máxima cota en febrero con el 71 por ciento, durante la crisis de las basuras, que coincidió también con el máximo momento en el recaudo de firmas para su revocatoria. Ahora el proceso desciende, y comienza el ascenso en su aceptación en el mismo periodo. En febrero estaba en 26 y para abril estaba en 30 por ciento.

En términos nacionales, durante los pasados dos meses, la encuesta Gallup muestra la caída en la favorabilidad del campeón del partido de la guerra. Uribe Vélez  bajó 9 puntos de favorabilidad, pasó del 65 por ciento al 56 por ciento, y su desfavorabilidad alcanzó el 41 por ciento que es la más alta que ha tenido en su actividad política protagónica.

Uribe está hoy entre dos extremos, el 85 por ciento, que compartió con su ministro estrella, Santos, en la publicitada Operación jaque, de julio de 2008 en tiempos de guerra. Ahora cuando se busca la paz, padece la más baja favorabilidad, el 41 por ciento en el pasado mes de abril, que es también un punto de inflexión. Uribe se prepara con su escudero, Alejandro Ordóñez a librar la batalla definitiva en términos de su porvenir político, y el partido que tiene por centro a la guerra del capital contra el trabajo.

En ese escenario cuyos centros son Bogotá y la nación, por obra y gracia del diseño político administrativo centralista que subsiste desde 1886, por obra de Núñez y Caro, continuadores del dominio bipartidista inaugurado en 1854, con la derrota del proyecto sociedades democráticas/ militares que lideró J. Melo, tenemos del lado de la paz y el pluralismo, la dupla Santos/Petro, y por la causa de la guerra  y la intolerancia, Uribe/Ordóñez.

La construcción de Bogotá no segregada.

…estos resultados demuestran que la economía bogotana está mejor que la del país”. Carlos Simancas, secretario de desarrollo económico de Bogotá.

Si tomamos en cuenta la vocería de Carlos Simancas, uno de los partícipes en el único cogobierno universitario de la Ciudad Blanca en 1971, las cifras del Observatorio de desarrollo económico indican que en Bogotá disminuyó el desempleo que ahora está en 10.3, cuando en el 2012 marcaba 10.7. En el país el desempleo está en el 11.4 por ciento.

Igualmente, se establece que en Bogotá se crearon 104.876 nuevos puestos. En proporción estos representan el 78.8 porciento de los creados en el país en el mismo periodo, y los sectores más beneficiados fueron comercio, hoteles y restaurantes. Cuando el inventario del empleo se hace, resulta que en el sector manufacturado se crearon 34.345 nuevos empleos. Lo cual supone un trabajo de calidad, no afectado por el comportamiento estacionario, localizado y flexible.

En los índices de pobreza, y de miseria que aquejan a Bogotá, según registros, desde finales del siglo XIX, conforme lo anotaba el memorialista y político Samper Brush, durante el tercer milenio, en 2003, el 32 por ciento de los bogotanos estaba en pobreza. Para  el 2012, se señala que es el 11.6 por ciento, y la pobreza extrema pasó de 7, en el 2003,  al 2 por ciento en el 2013. Por pobreza extrema se califica a quienes solo pueden adquirir hoy la canasta de alimentos básicos con su ingresos.

El coeficiente GINI de pobreza para Bogotá pasó a 0.497 en el año 2012. Bogotá mejoró en un año 8 puestos en el rango insultante de la pobreza. De otra parte, en este cambio, no hay duda que medidas tomadas por la administración Petro han contribuido en estos resultados. En particular, 6 m3 de agua gratis para los estratos 1 y 2. Se han beneficiado 108.280 personas, en un caso; y 560.117 en el otro, con ahorros de $4.231, $8.463, respectivamente.

Refiramos la encuesta de calidad de vida del DANE de 2012. El 48.6 por ciento de los hogares que respondieron la encuesta reconocen que su nivel de vida mejoró en un lustro en materia de servicios públicos, salud y educación, principalmente. Y esto corresponde a las administraciones de la izquierda en Bogotá. Hoy el 98.8 por ciento de los hogares tiene energía, el 89.4 gas natural, el 99.9 por ciento en acueducto y alcantarillado, y el 100 por ciento de recolección de basuras. Es el punto de litigio más grave de la actual administración, que condujo a la mayor caída de la favorabilidad del alcalde Gustavo Petro, como lo probaron los índices de la encuesta de febrero de 2013.

El tiempo del POT

“El momento resulta oportuno…para dar una mirada profunda al concepto de densificación que defiende la alcaldía y que contempla como eje de desarrollo ampliado.”. Editorial de El Tiempo, 10.05.2013, p. 22.

Cerremos con el asunto más definitivo para construir las bases de la nueva Bogotá, la suerte del POT. Vino precedido por 67 jornadas de trabajo, a las que asistieron 2400 ciudadanos, con la presencia del funcionariado distrital. Trabajaron en 20 localidades, y en 36 diferentes espacios. Es una pobre participación, no hay duda. La pieza maestra del POT  tiene que ver con la destinación de un cuadrante de 11.000 has, donde, dice El Tiempo, “se pretende concentrar el crecimiento de la ciudad y desestimular la edificabilidad en sus bordes, garantizar acceso a servicios y empleo, mejorar la calidad de vida y reducir la segregación”.

La participación es precisamente el mayor lunar de las tres administraciones de la izquierda en Bogotá. Sus gobiernos no han logrado quebrarle el espinazo al clientelismo, y a los fantasmas de la representación que delegan en unos cuantos la suerte de millones de pobladores. Más bien, reforzaron el gobierno representativo, y Petro y su equipo no ha logrado quebrar esta situación. Dicha participación será definitiva en el combate a la segregación citadina, donde la puja entre el norte desarrollado y el sur deprimido, tendrá en el centro de la capital un punto de enlace y desenlace juntos, será el campo en disputa.

La discusión del POT se ha hecho, se arguye por la actual administración, con el liderazgo de las asociaciones civiles y políticas. Se ha movido lo que John Sudarsky llama el capital social bogotano, los líderes locales y comunitarios, asociaciones civiles y religiosas, junto con los funcionarios de las alcaldías locales y la mayor. Los grandes temas son: comercio combinado en zonas residenciales, redensificación contra la segregación entre norte y sur, con la zona centro como punto neural de la nueva Bogotá.

A  todo lo anterior se refirió la ex secretaria de movilidad María Valencia, la nieta de J.E. Gaitán, quien respondió en un extenso escrito al otro proyecto urbanístico, el del neoliberal y exalcalde Peñalosa, derrotado en la pasada elección, que lidera el partido del norte y los urbanizadores que lo secundan.

También fueron y son tópicos de similar importancia la prostitución y las zonas de tolerancia, el cambio climático y el uso del suelo, la seguridad, donde los indicadores mejoran, dice el nuevo secretario de gobierno,  “pero la percepción de seguridad no”. El problema de roce con el gobierno nacional, a propósito de la vivienda gratuita, bandera social de la reelección de Santos, y capital político del segundo en la lista, el ministro Germán Vargas Lleras es también muy significativo.

Ahora bien, para hacer viable el sostén económico de la ciudad social, el músculo económico tiene que ser fortalecido en la economía popular, contrarrestando los efectos negativos de la fórmula neoliberal del TLC, implementado en el 2012. En materia de comercio, se pasó del 13.8 en el 2010 al 8.9 en el 2012. En la parte industrial, Bogotá apenas creció un 2 por ciento.

Jorge Pulecio, un economista de la Nacional, forjado en  la nueva izquierda, la URS de los años setenta, al frente del IPES,  señala el cobro “gota a gota” con el que se esquilma a los trabajadores independientes. Este microcrédito de usura del 53 por ciento efectivoanual tiene que acabarse. Aquí radica la urgencia de  un banco público, dedicado a la economía popular, lo cual subleva a los tiburones del capital financiero, quienes apoyan la revocatoria del alcalde por debajo de cuerda, a la vez que miran con codicia y disposición depredadora el articulado del POT, donde la renovación del CAN es una presa jugosa que quiere extender sus tentáculos hasta el espacio vital de la Universidad Nacional.

Pulecio indica, que el 65 por ciento de la economía bogotana depende de la actividad económica de las pymes, que son las mayores empleadoras. A ellas destinarán una suma relativamente modesta, $7.000 millones para su auxilio. Contrastémoslo con los miles de millones robados por los contratistas de las obras civiles, quienes todavía no reciben un castigo efectivo, y los de los urbanizadores piratas, así como los que tributan poco o evaden los impuestos, como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Comparémoslo con los billones que obtienen ganados en la especulación financiera, y el auxilio se achica como la piel de zapa.

Estos empresarios legales y mayoritarios en número obtendrán créditos de hasta 25 salarios mínimos con un interés del 12 por ciento, y plazos hasta de 36 meses. Y a ellos se apoyará con formación empresarial específica, en concreto, 14 mil cursos que el SENA dirigido por Gina Parody, ofrecerá a partir de la reestructuración actual de esta institución minada por el clientelismo nacional y local que la afectó en las dos administraciones Uribe.

El director anterior del SENA, fue uno de los grandes electores de la seguridad “democrática”, al lado de los programas asistencialistas, y la coacción para-política. Los tres resumen el tiempo de la excepcionalidad de hecho y de derecho, para cooptar y someter a las masas de pobres y pobres extremos. Características sobresalientes del régimen para-presidencial, cuyo desmonte es tarea ciudadana, con el liderazgo provisional de Santos, arriba, Petro, en el centro, y con la ciudadanía de Bogotá y Colombia, las multitudes, auto-organizadas en el campo.

Una llamada de alerta

Los de abajo, los grupos y clases subalternas, auto-organizadas, participando con decisión  harán posible la nueva Bogotá, corrigiéndole la plana al alcalde actual, en sus ademanes autoritarios, que los tiene. Alejando de él y sus inmediatos colaboradores la manía sectaria. Conviene que no olviden que en el pasado existió un referente útil en materia política, la Alianza democrática-M19.

Esta fórmula permitió que fueran la segunda fuerza en votos para la Asamblea constituyente, con lo cual fue posible la construcción común de la Constitución de 1991, y dar un certero golpe constitucional al bipartidismo bicentenario. Es un acto que aprecia y defiende el alcalde Petro, y cuya copaternidad reclama Antonio Navarro, en la dirección del movimiento Progresistas, que procura una candidatura presidencial de consenso entre las fuerza de izquierda y democráticas, para disputarle en serio el triunfo a la reelección, y al candidato del Centro democrático.

Más aún,  esta experiencia de la AD-M-19,  tiene un reto mayor en el historial de los grupos y clases subalternas colombianas. Tiene que ser ampliada si se le quiere ganar el pulso a la guerra,  para, de una parte, corregir el rumbo y el derrumbe a la que representó el PDA, presa de una corrupción monumental en los ejercicios de representación legal, del gobierno de Bogotá, de modo principal; de otra ser capaz de hacer un claro deslinde con el falso evangelio neo-liberal, que proclama y prohija la ciudad segregada, llenando de contenido social efectivo a la Bogotá humana, estimular y respaldar la participación de las multitudes sin distingos partidistas, y sin propósitos clientelista de corto alcance, que son las tentaciones de los políticos tradicionales.

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Una respuesta a “Gustavo Petro, lo viejo y lo nuevo en Bogotá

  1. PETICIÓN A PROCURADURÍA.
    Sorprendido por la decisión de procurador, que trae a mi memoria tiempos oscuros de la Inquisición. Sorprendido por otro abuso de poder en que a través de medios pregonadamente imparciales, se defiende la extrema derecha conservadora en su ataque contra la razón y la dignidad.
    Pero me queda facultad para solicitar se investigue el motivo para que contra un alcalde se promueva tal acción despótica a mis juicios personal y profesional, pero ante otras entidades como la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, el mismo ente poderoso, actuante, respetuoso del deber funcional, brille por su inactividad, negligencia y condición complaciente a éstos en otras entidades estatales.
    ¿Por qué, si son millones de víctimas, revictimizadas por éstas inactividad, negligencia y condición complaciente, que se hace común en un país con FALSOS POSITIVOS INSTITUCIONALIZADOS, es en Bogotá y con el segundo mandatario popularmente elegido más importante del País, que se toma tan inquisidora, exagerada, abusiva e irrazonable decisión?
    Solicito se me explique como ciudadano colombiano, si hubo en la decisión imparcialidad, ¿Qué pasa con la UARIV, por ejemplo, ya que son miles de denuncias por cientos de víctimas, que se han elevado ante la Procuraduría y brilla por su FALTA DE ACCIÓN FUERTE? ¿Serán órdenes que se cumplen o política?
    Queda mi dirección de notificación en este mismo medio, para todo efecto legal.

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