Condena de Cesar Pérez García por la masacre de Segovia, una pequeña porción de justicia

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Por: Alfredo Jaramillo / Semanario Caja de Herramientas.

A pesar de la evidente colaboración por acción u omisión deliberada de un alto número de oficiales de las fuerzas armadas colombianas corresponsables de estos crímenes, el informe del GMH señala que la impunidad es un factor compartido por casi todas estas masacres, y que como es habitual, la justicia penal militar no profirió fallo alguno por la actuación de sus miembros en las cuatro masacres de que se ocupa el Informe.  

El pasado 15 de mayo se conoció la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia del reconocido cacique liberal antioqueño Cesar Pérez García a 30 años de cárcel por haber sido del determinador de la masacre ocurrida el 11 de noviembre de 1988 en el municipio de Segovia, nordeste antioqueño, hechos en los cuales fueron asesinadas 43 personas y resultaron heridas 34. Aunque la responsabilidad directa recayó en los integrantes del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste MRN, desde siempre hubo serios indicios de la actuación cómplice tanto de las unidades de la Policía del Municipio como del Ejército acantonados allí, quienes favorecieron abiertamente el accionar criminal.

En la investigación realizada por el Grupo de Memoria Histórica GMH de la anterior Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, hoy Centro de Memoria Histórica, que lleva por títuloSilenciar la democracia, las masacres de Remedios y Segovia 1982-19971se documenta de manera detallada como esta masacre del 11 de noviembre de 1988, fue cometida en el marco de un conjunto de actividades delictivas en esta zona durante varios años, las cuales fueron realizadas por alianzas entre grupos de políticos, comerciantes, paramilitares e integrantes de la fuerza pública.

Según el informe de GMH entre 1982 y 1997, en los municipios de Remedios y Segovia, ocurrieron 14 masacres y centenares de personas fueron asesinadas, en el marco de una estrategia de violencia sistemática desatada contra disidentes políticos de un amplio espectro, la cual se extendió a lo largo de casi dos décadas por todo el país y que tuvo el exterminio de la Unión Patriótica UP como una de sus más funestas y reprochables expresiones. (15)

A mediados de los años 80 del siglo pasado, en el marco de uno de los fallidos intentos de negociación política del conflicto armado con las FARC y otras organizaciones insurgentes de la época, se crearon organizaciones políticas, a través de las cuales se buscaba allanar el camino para la futura participación política de las guerrillas desmovilizadas. Así surgieron organizaciones como la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar, las cuales se unieron a partidos de izquierda ya existentes como el Moir y el Partido Comunista Colombiano entre otros, las cuales entraron a disputar el poder electoral tradicional en una buena parte del país, con énfasis en zonas campesinas de tradición organizativa y de movilización social.

En el caso de la zona del nordeste antioqueño, el cacique liberal que detentaba el control político y económico era César Pérez García, quien vio desafiado su dominio cuando en las elecciones de 1988 la Unión Patriótica en la inauguración de la elección popular de alcaldes, no sólo se hizo con la Alcaldía de Segovia al ganar la candidata de ese movimiento, Rita Ivonne Tobón Areiza, sino que además obtuvieron siete de las trece curules del Concejo municipal, y algo similar sucedió en Remedios.

Este desafío fue contestado de manera brutal por las fuerzas que detentaban el poder, quienes ya habían desatado una escalada de violencia desde años anteriores en la zona, mediante otras masacres como las de Cañaveral y Manila el 12 de agosto de 1983, asesinatos selectivos, amenazas e intimidaciones generalizadas contra los pobladores que consideraban potenciales enemigos. No obstante, el triunfo electoral de la UP en la región marcó un salto cualitativo en la correlación de fuerzas y esto provocó la preparación y ejecución de la masacre del 11 de noviembre de 1988, con la cual claramente como dice la sentencia de la Corte Suprema, se buscó castigar a la población por el triunfo de la UP y que este crimen hizo parte de un plan sistemático, organizado y generalizado de exterminio contra la UP, que se prolongó por varios años y que atentó no solo contra sus integrantes, sino contra simpatizantes y seguidores.

El resultado de este plan sistemático fue el afianzamiento de los poderes tradicionales en la región, e incluso en muchos casos, un incremento del control ilegal en las zonas bajo dominio de estas coaliciones criminales, que luego en la década de los 90 y comienzos del 2000 van a relanzar su plan de dominación –refundar la patria- en el marco de la articulación entre elites regionales, caciques políticos y los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, todo lo cual fue develado por las investigaciones académicas y judiciales del proceso conocido como laparapolítica.

Pero además de la obvia frustración del proceso de negociación entre el gobierno nacional y las organizaciones guerrilleras que se estaba adelantando y que desató una nueva escalada de violencia en nuestro país, hay un impacto evidente entre los pobladores, líderes sociales y organizaciones populares, quienes sufrieron el impacto de esta acción de exterminio a sangre y fuego tanto en esta región, como en otras zonas del departamento, por ejemplo Urabá, Magdalena medio y Oriente por señalar aquellos territorios que sufrieron el mayor impacto de esta acción destinada a destruir el tejido social y erradicar cualquier expresión de organización y movilización social.

Además, lamentablemente la mayoría de estas acciones permanecen en la mayor impunidad. A pesar de la evidente colaboración por acción u omisión deliberada de un alto número de oficiales de las fuerzas armadas colombianas corresponsables de estos crímenes, el informe del GMH señala que la impunidad es un factor compartido por casi todas estas masacres, y que como es habitual, la justicia penal militar no profirió fallo alguno por la actuación de sus miembros en las cuatro masacres de que se ocupa el Informe. Solo fueron condenados integrantes rasos, y de manera excepcional algunos comandantes de los grupos paramilitares como Alonso de Jesús Baquero alias ‘Vladimir’, responsable de diseñar y coordinar la ejecución de la masacre del 11 de noviembre desde las instalaciones del Batallón Bombona en Segovia, adscrito a la XIV Brigada con sede en Puerto Berrío.

Es positivo que haya sido condenado como determinador de la masacre de Segovia el cacique liberal César Pérez García y constituye un pequeño resarcimiento para las víctimas de su accionar criminal. No obstante no deja de ser lamentable que esta condena llegue casi 25 años después de haber sido cometida la masacre, cuando muchas de sus víctimas han soportado durante años la marginalidad y el desprecio de un importante sector de la sociedad que siempre les ha considerado sospechosos y hasta responsables de su victimización. Incluso, sectores políticos uribistas han reescrito la historia y han construido una memoria hegemónica según la cual a la UP la asesinaron grupos de narcotraficantes o cayeron por la ¨combinación de las formas de lucha¨.

Hoy queda claro que esas acciones de violencia y muchas de las que se sucederían en las décadas siguientes fueron el resultado de una alianza criminal establecida desde los poderes regionales para ¨refundar la patria¨. Que de esta alianza criminal participaron sectores económicos, sociales, políticos, del narcotráfico e institucionales y que César Pérez es sólo una muestra de estas coaliciones criminales, ojalá no tengamos que esperar otros 25 años para saber quiénes fueron sus compañeros en la actividad criminal, y también saber por qué estas coaliciones se desactivaron el llegar al poder el ex presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002.

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