La reelección de Santos.

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Por: Pedro Santana Rodríguez / Semanario Caja de Herramientas.

Casi todas sus políticas han chocado con la oposición férrea de su antiguo aliado, el ex presidente, Álvaro Uribe Vélez. Hay que anotarle a Santos que haya mantenido éstas políticas pese a la férrea oposición que ha ejercido el hoy llamado Puro Centro Democrático.  

Con la renuncia de Germán Vargas Lleras al Ministerio de la Vivienda y de las ciudades así como de Juan Mesa a la Secretaría Privada de la Presidencia de la República y su nombramiento en la presidencia de la Fundación Buen Gobierno y en la dirección Ejecutiva de la misma respectivamente, así como con el nombramiento de Juan José Echavarría, Gabriel Silva, Óscar Naranjo y María Emma Mejía en el equipo de dicha fundación el presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos, ha lanzado su equipo político de la reelección. Así ha sido leído por el país.

En medio de unas encuestas adversas a la reelección, en la última de la firma Gallup el 63% de los encuestados se muestra en desacuerdo con que Santos vaya por la reelección y califica muy mal algunas de sus políticas. En materia de salud el 80% es decir 8 de cada 10 colombianos rechaza el manejo y los cambios que el gobierno ha realizado en materia de salud. No hay que olvidar que este gobierno hizo aprobar la ley 1438 de 2011 o Ley Dilian Francisca Toro como la alternativa que resolvería los problemas de una crisis que ha puesto de manifiesto que la crisis es estructural y que lo que ha hecho crisis es el modelo de privatización y de conversión del derecho fundamental a la salud en un negocio donde se han presentado hechos de corrupción que según el propio presidente, Juan Manuel Santos, calificó como muy graves y tasó en más de 2 billones de pesos.

El Presidente ha señalado que quiere la reelección de sus políticas y bien vale la pena mirar qué es lo que quiere que se reelija. Digamos que este gobierno ha puesto en marcha algunas políticas a nuestro modo de ver acertadas y muchas otras que no merecen la pena que sean reelegidas o continuadas y que por el contrario requerirían una transformación y un cambio sustantivo de las mismas. Algunas de las políticas que merecen continuidad y que dicho sea de paso son las que han propiciado una ruptura de fondo con el gobierno y el programa del ex presidente Uribe; habría que mencionar en primer término la Política Internacional y sobre todo la integración a la Unión de Naciones de Suramérica, UNASUR, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela y Ecuador, el ingreso a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, las propuestas sobre la política antidrogas así mismo ha sido muy importante la aprobación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas que busca la indemnización a las víctimas del conflicto armado así como la restitución de tierras; igualmente positiva ha sido la política de 100 mil viviendas para la población más pobre del país y que un 40% de la misma se destine a las víctimas del desplazamiento forzado; otras políticas están llenas de buena intenciones  pero no corresponden a un diseño adecuado como la política del primer empleo. Igualmente positivo ha sido el respeto a las decisiones judiciales aunque muy negativo ha sido el papel del gobierno en la conformación de las ternas para la elección del Defensor del Pueblo, del Procurador General y para la elección de los magistrados de la Corte Constitucional en que sus bancadas han apoyado a candidatos cercanos a sus partidos y en dónde ha primado esta característica sobre la idoneidad y la probidad de los candidatos mismos. El gobierno se ha acomodado a los intereses de los partidos de su mesa de Unidad Nacional.

Igualmente positivo para el país ha sido el inicio del proceso de negociación con los grupos guerrilleros para tratar de encontrar una salida política negociada al conflicto armado que padece el país desde hace ya 65 años. Casi todas éstas políticas han chocado con la oposición férrea de su antiguo aliado, el ex presidente, Álvaro Uribe Vélez. Hay que anotarle a Santos que haya mantenido éstas políticas pese a la férrea oposición que ha ejercido el hoy llamado Puro Centro Democrático.

Pero hay un conjunto de políticas que no merecerían ser reelegidas. En materia social con la solo excepción de las 100 mil viviendas para las familias más pobres dónde el lunar está en la poca transparencia para la escogencia de los  beneficiarios, esta política es prácticamente inexistente o es el continuismo de las políticas subsidiarias iniciadas desde el gobierno de Andrés Pastrana por ejemplo el programa de familias en acción que también es un fortín clientelista del cual usufructúan sobre todo los Conservadores y el Partido de la Unidad Nacional. La política de empleo es mediocre como son sus resultados. Ya hemos dicho que las políticas en materia de salud se han limitado a tratar de salvar el modelo de las privatizaciones así como el proyecto de pensiones que busca con recursos de la empobrecida clase media extender un pírrico subsidio a los adultos mayores de 65 años que no tengan pensión. El proyecto es malo y si no se ha presentado es por el temor que tiene Santos a las reacciones sobre el electorado. La reforma tributaria fue enteramente regresiva y esa clase media que es la que vota en este país y que fue la sacrificada para extenderles gabelas a los grandes grupos empresariales a quienes les rebajo el impuesto a la renta del 32 al 25% así como los exonero de pagar los parafiscales con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Los recursos dejados de percibir fueron remplazados principalmente  por impuestos a los ingresos de la clase media. El bajonazo en las encuestas tiene en este un factor muy importante.

La locomotora minera sigue su marcha y el gobierno ha buscado por todos los medios disminuir los controles, la regulación y las exigencias para ejercer esta actividad. No presentó un proyecto de ley que remplazara el que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Con ello volverá desde junio del presente año al viejo Código Minero permisivo con el extractivismo depredador de nuestros recursos naturales, que es el Código minero que regía antes del auge de la minería. En esta actividad se están cometiendo los mayores desafueros en contra de nuestros recursos naturales.

El modelo económico sigue dominado por las corrientes neoliberales que son las que conforman su equipo económico de gobierno. Los Tratados de Libre Comercio  se negocian y aprueban sin reparar en la economía del país, en su agricultura, su industria, su pequeña y mediana industria, los primeros resultados del TLC con Estados Unidos fueron  un verdadero baño de agua fría pues nuestras exportaciones crecieron apenas un 3% mientras que las importaciones desde los Estados Unidos crecieron en un 13%. El ganador neto fue en este caso la economía norteamericana. Parte de la crisis del sector agropecuario se explica por los tratados y por la generalizada importación de alimentos. El país ha perdido su soberanía alimentaria.

La fallida reforma a la justicia es otro de los lunares negativos de esta administración que cohonesto una reforma de 32 artículos de la Carta Política para beneficiar a 1300 aforados legales y constitucionales (Parlamentarios, Magistrados de las Altas Cortes de Justicia, Cuerpo Diplomático) quienes recibían todo tipo de beneficios judiciales y prebendas. Contra ello se levantó un movimiento ciudadano que fue el que dio al traste con una reforma que aceitaba en  esos estratos y funcionarios el proyecto releccionista. Santos se vio obligado a dar marcha atrás por las masivas manifestaciones de rechazo a la reforma y a su carácter antidemocrático.

Igual de negativa fue la reforma Constitucional al fuero penal militar que ha recibido un rechazo muy grande en el seno de la Comunidad Internacional, por ejemplo, en la reciente reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. También en la opinión pública nacional ha habido un rechazo amplio a esta reforma que pone en riesgo avances que se han presentado en la lucha contra la impunidad a delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas que no tienen ninguna relación con actos propios del servicio. Esta reforma sigue su marcha ahora en el Congreso con la aprobación de una Ley Estatutaria. En manos de una Corte Constitucional afectada por los nuevos magistrados elegidos esta la suerte de esta reforma que fue demandada por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y por un par de parlamentarios.

En fin al momento de los balances los aspectos negativos parece que pesan más que los positivos si nos atenemos a las encuestas. Una parte importante del electorado no comparte  buena parte de las políticas del gobierno. Otro gran lunar tiene que ver con la ejecución y la lentitud con la que tratan de ponerse en marcha los proyectos aprobados. Nadie sabe a ciencia cierta en que va y cuál es la ejecución de los recursos cuantiosos destinados a la reconstrucción de la infraestructura golpeada por la ola invernal pasada lo propio sucede con programas gubernamentales como la red vial o las grandes obras de infraestructura que el país requiere. Ello también golpea la imagen del presidente y de su equipo.

La estrategia de Santos pareciera que descansa sobre un plan que tiene dos alternativas según cómo vaya desenvolviéndose la coyuntura política. En la primera alternativa que estaría muy ligada a los avances en el proceso de la negociación con las guerrillas de las FARC y parece que más pronto que tarde con el ELN, será el propio Santos el candidato. Su suerte está amarrada al éxito de las negociaciones con la guerrilla. El equipo de Santos esperaría un repunte en las encuestas por cuenta de un proceso que termine con la firma de acuerdos de Paz.

Una segunda alternativa está ligada con el fracaso de las negociaciones, en este caso, todo indica que el presidente Santos no sería el  candidato oficialista sino que lo sería Germán Vargas Lleras que de esta forma está también pendiente de lo que suceda con las negociaciones. Esta postura política estaría justificando  el silencio que Vargas Lleras, connotado líder de la derecha  tradicional colombiana, ha mantenido sobre los diálogos del gobierno con la guerrilla. Un fracaso de la negociación haría inviable la candidatura de Santos y entonces Vargas Lleras que fue enemigo de los diálogos del gobierno de Pastrana en el Caguán saldría con un discurso duro de continuidad de la guerra para contrarrestar el crecimiento de la derecha uribista que abiertamente le apuesta al fracaso de las negociaciones. No es viable que Vargas Lleras abra tolda a parte si los diálogos finalmente fructifican y se logra la firma de un acuerdo de Paz. Vargas Lleras en este escenario jugaría a una candidatura para el año 2018.

En el juego político  se van configurando tres sectores que se disputarán la Presidencia de la República. El Puro Centro Democrático que en la medida en que fracasen las negociaciones podría crecer como alternativa pero que si fructifican las negociaciones y Santos decide finalmente apoyar la movilización ciudadana por la Paz, quedaría en una posición minoritaria y no es de extrañar que con el oportunismo que caracteriza al ex presidente salga con un discurso de apoyo al proceso sin impunidad y reivindicando lo que ni siquiera piden las víctimas que es la judicialización de los comandantes guerrilleros y su inhabilidad para aspirar a participar en la vida política.

Un tercer sector en el que cunde todavía la desorganización y la falta de acuerdos está representado por la izquierda democrática que tiene un buen espacio en la opinión pública. En este sentido fue muy importante  la reunión nacional de los Progresistas que han lanzado una propuesta de Unidad tanto para la elección del nuevo Congreso como de la Presidencia de la República. Una estrategia de Frente Electoral de las izquierdas es la más adecuada alrededor de un programa mínimo y unas reglas del juego. Habrá que ver si la sensatez llega a este sector y puede encontrar mecanismos que le permitan alcanzar un candidato único y unas listas representativas para el Congreso de la República.

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