Pacho Santos y las FARC: ni impunidad ni perdón, pero sí reconciliación

Por:Hernando Llano Ángel/ Razón Pública.

La guerra se trasladó al terreno de lo simbólico: vallas envenenadas de odio que ignoran la necesidad de la reconciliación e impiden resolver la difícil ecuación entre la sed de justicia, el afán de venganza y la reparación del tejido social.  

Vallas subliminales

La disputa pública entre Francisco Santos y las FARC reflejada en las vallas donde recíprocamente se incriminan por combinar política y crimen demuestra hasta qué punto la suerte de las conversaciones en La Habana se está jugando en la mente y en el corazón de cada ciudadano.

Los mensajes subliminales de las vallas añaden una vuelta más al nudo de la violencia política en Colombia: entre responsables de semejantes crímenes de lesa humanidad difícilmente podrá alcanzarse algún día un acuerdo para la convivencia.

Sólo les queda la alternativa de cortar violentamente la cabeza del bando contrario. Pero ambas partes olvidan que precisamente en ese intento mutuo por aniquilarse llevan más de cincuenta años cortando las cabezas de los demás: los unos, a quienes consideran “auxiliadores de la guerrilla”, los otros a “burgueses vende–patria” o a “narcoparacos asesinos”.

De víctimas y victimarios

No les cabe el menor remordimiento por sus heroicas acciones, pues han ido llenando sus mentes con buenas justificaciones: una supuesta “seguridad democrática” y la anhelada “justicia social”.

Así llegan al extremo de autoproclamarse, respectivamente, “demócratas integrales” y “revolucionarios ejemplares”:

  • Los primeros combaten con tal ahínco al terrorismo, que se consideran  salvadores de la Patria, predestinados a perpetuarse en la Presidencia de la República.
  • Los segundos resisten con tanto heroísmo el terrorismo oficial, que se erigen en mártires populares y crean su leyenda de invictos.

Por eso mismo, a ambos lados les cuesta tanto reconocerse como victimarios y tan fácilmente se reclaman como víctimas. Cada bando reclama con absoluta convicción la justicia de su parte y, por consiguiente, el derecho de juzgar y condenar a la contraparte.

Para ellos no existe otra noción de justicia que el castigo draconiano del enemigo y la  benignidad hacia el amigo. Para el primero la humillación, para el segundo la reinserción.  Lo contrario es la impunidad inadmisible. Para ellos, la justicia se reduce a continuar la guerra por otros medios y la paz sólo es posible con la condena o la derrota del enemigo.

De alguna manera, tal escenario estuvo a punto de configurarse en 2007, cuando un   sondeo de la  revista Semana contratado con la firma Ipsos-Napoleón Franco reveló las siguientes respuestas de los ciudadanos luego de que los comandantes paramilitares confesaran sus masacres:

  • “el 33 por ciento de los entrevistados estuvo de acuerdo con que el paramilitarismo fue necesario para acabar con la guerrilla”;
  • “una quinta parte se declaró abiertamente a favor del paramilitarismo”;
  • “una cuarta parte lo cree justificable”.

Lo más sorprendente es que, según la afiliación política de quienes respondieron, se decantó la siguiente actitud pro–paramilitar:

  • El 38 por ciento entre los uribistas;
  • El 52 por ciento entre conservadores;
  • El 55 por ciento entre los miembros de otros partido, y
  • El 25 por ciento entre los simpatizantes del Polo Democrático.central_2_tabla

Crimen y castigo

No es muy diferente el escenario actual, con esa guerra de vallas entre Francisco Santos y las FARC. Por eso, la demanda de justicia punitiva, que ahora exige cero impunidad, acaba siendo una falacia cuando se trata de construir una paz política.

Más aún, si se pretende dar cuenta y castigar a todos los responsables de crímenes que por su dimensión colectiva e indiscriminada terminaron por ser considerados simultáneamente políticos y de lesa humanidad. Esta fue la propuesta inicial del propio presidente Álvaro Uribe en el momento de tramitar la ley 975 de 2005 (ley de justicia transicional para los integrantes de las autodefensas), que la Corte Constitucional declaró inexequible en dicho punto.

En nuestras propias circunstancias, parece repetirse la paradoja que expresara Hannah Arendt sobre los crímenes del nacional–socialismo: “es muy significativo que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable”[1].

En efecto, nadie -y menos el Estado- puede perdonar en nombre de las víctimas, arrebatándoles esa “soberanía del yo”, que es lo propio del perdón, como bien lo señala el filósofo español Javier Sádaba en su libro homónimo[2].

Pero resulta que tampoco el Estado es capaz de castigar a todos los responsables de aquello que ha resultado imperdonable, dada la dimensión de los crímenes cometidos y las difusas redes de complicidades y de apoyos que los hicieron posibles, como ha acontecido en Colombia, donde tantas víctimas suelen convertirse en implacables vengadores.

Y, lo que es peor, donde el mismo Estado históricamente ha auspiciado la violencia de unos contra otros. En el remoto pasado armando los civiles en autodefensas (decreto 3398 de 1965), luego creando las “Convivir” (decreto Ley 356 de 1994) y — en desarrollo de la “seguridad democrática” — la nefasta circular 029 de 2005 del Ministerio de Defensa, directamente relacionada con los atroces “falsos positivos”.

Ni justicia ni paz

Gracias a la denominada ley de “Justicia y Paz”, según María Teresa Ronderos hoy sabemos que:

“desde 1998 las diferentes guerras políticas y narcopolíticas han dejado en Colombia entre cinco y seis millones de víctimas, la mayoría de las cuales son personas desplazadas a la fuerza por la violencia (entre cuatro y cinco millones de personas, dependiendo de la fuente).”
“El proceso de Justicia y Paz ha llevado al país a reflexionar sobre cómo fue que permitió semejante impunidad. Menos de cien fiscales, con la ayuda de los 2.200 exparamilitares que han dado sus versiones, han esclarecido 38.000 delitos, la mayoría de los cuales estaban archivados.”
“El proceso ha permitido sacar a flote la magnitud de algunos delitos invisibles. Por ejemplo, que ha habido casi 40.000 víctimas de desaparición forzada, y de ellas, los fiscales han encontrado 4.792 cuerpos en fosas clandestinas.”
“También ha develado la profundidad del fenómeno paramilitar, sus nexos con el poder legal, cómo capturó las instituciones y se apropió de las rentas públicas y cómo fue aliado de empresarios y funcionarios públicos.”
“Según el último informe de la Misión de Observación Electoral, de octubre de 2012, van 199 congresistas involucrados, 40 de ellos condenados, 96 alcaldes y 179 concejales investigados y, de ellos, ya están condenados 37 alcaldes y 92 concejales.”
“Además, los fiscales de Justicia y Paz le han pasado a la justicia ordinaria evidencias para investigar a 1.023 miembros de la fuerza pública, 393 funcionarios públicos civiles y 10.000 personas corrientes”.
Constructores de convivencia política

Es claro que la complejidad criminal del proceso en marcha desborda la capacidad de cualquier sistema judicial para impartir justicia y evitar la impunidad. Sencillamente porque no se trata de un asunto meramente judicial, sino esencialmente político, que precisa de otro tipo de justicia, capaz de alimentar procesos de reconciliación y paz.

Dicha justicia suele denominarse justicia transicional, cuya principal virtud es su capacidad para “romper el lazo entre la política y las armas” y poner fin a la espiral de violencia entre victimarios y víctimas que, en su obsesión por alcanzar la justicia, terminan convertidos en vengadores.

Pero para ello sería preciso abordar — en un próximo artículo- la reconciliación, presupuesto fundamental para alcanzar la paz que está en proceso en La Habana.

Las vallas subliminales obstruyen una visión y una vivencia ciudadanas de la paz y la justicia, más allá de la impunidad y del perdón, arraigadas en la mente y en el corazón de quienes no aceptan seguir siendo víctimas — y mucho menos victimarios — pues simplemente se asumen, sin maniqueísmo alguno, como ciudadanas y ciudadanos constructores de paz y de convivencia política.

Tal como lo están haciendo en La Habana los delegados del gobierno y de las FARC y se demoran demasiado en hacerlo en todo el territorio nacional, acordando una tregua bilateral debidamente supervisada por observadores internacionales de las Naciones Unidas. Sólo así los creyentes en la paz serán legión y los entusiastas belicistas una minoría.

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