El patrimonialismo del régimen político colombiano.

campesinos

Por: Pedro Santana Rodriguez / Semanario Caja de Herramientas.

Muchos de nuestros males y de la debilidad de lo público en Colombia, tiene en la apropiación privada de los recursos públicos, uno de sus factores más importantes para preservar el clientelismo, la corrupción en la contratación pública, y en general, el uso de los recursos del poder para enriquecer a unos cuantos.

El inolvidable historiador argentino José Luis Romero en sus trabajos de investigación sobre América Latina, pero principalmente en su texto: Estudio de la  Mentalidad Burguesa (Alianza Editorial: 2008) describió muy bien que uno de los problemas centrales de los regímenes políticos en América Latina es el predominio del patrimonialismo, esto es, el uso privado de los recursos públicos. En su texto: Latinoamérica: las ciudades y las ideas señaló que si se investigaba a los grandes capitalistas de nuestros países y se indagaba por el origen y el incremento de sus fortunas, se vería rápidamente que la mayor parte de ellos siempre tenían como rasgo común su cercanía con el poder político. Digamos que una de las características del llamado patrimonialismo es precisamente el de la apropiación privada de los recursos públicos mediante mecanismos como la contratación o la utilización del poder político para apropiarse de bienes públicos. En nuestra realidad esa figura sociológica en la que insistió el historiador argentino no es algo superado ni es cosa del pasado. Está más viva que nunca. Juzguen ustedes.

El caso de los propietarios del ingenio Riopaila Castilla es un vivo ejemplo de patrimonialismo, en donde mediante una compra fraudulenta, terminó apropiándose de 40.000 hectáreas de antiguos baldíos a través de una maniobra que consistió en conformar empresas de mentiras, solo de papel, como dice Daniel Coronell en su más reciente columna de la Revista Semana. Luego esas 28 empresas de papel vendieron por el precio de su deuda a cinco compañías españolas pertenecientes a un fondo de Luxemburgo, cuyo dueño resulto ser el mismo Riopaila Castilla. Juntando todos los pedazos de tierra, el ingenio armó una enorme plantación en Vichada. Como es de dominio público la prestigiosa firma de abogados Brigard y Urrutia, fue la encargada de diseñar la estrategia jurídica que era ilegal toda vez que existe norma legal, la ley 160 de 1994 y un reciente fallo de la Corte Constitucional, que establecen que los terrenos baldíos deben ser adjudicados con límites en su tamaño a familias campesinas en las llamadas unidades familiares agrícolas. Esto llevó a la renuncia del embajador en Washington, Carlos Urrutia, uno de los propietarios  de la prestante firma de abogados.

La respuesta inicialmente asumida por el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñan, frente a esta situación fue a nuestro juicio apropiada en el sentido de señalar que los organismos judiciales deberían intervenir, pero esta postura duró muy poco, flor de un día. Con posterioridad el gobierno señaló que prepararía un proyecto que lo que busca es burlar la normatividad existente con el argumento manido que para que llegue el desarrollo a las regiones donde predominan las tierras de baldíos se requiere la presencia de propietarios como Riopaila Castilla. Daniel Coronell en la columna citada señala que el gobierno ha  buscado la asesoría del ex ministro,  Néstor Humberto Martínez, para que asesore al gobierno en tamaña empresa. Se trata de encontrar una fórmula como por ejemplo el arriendo a 50 o 60 años con pagos simbólicos para legalizar la posesión de hecho y las propiedades irregulares en las cuáles según debate realizado por el Polo Democrático estarían también implicados grandes cacaos como Luis Carlos Sarmiento Angulo y por supuesto los herederos del llamado Zar de las Esmeraldas recientemente fallecido Víctor Carranza.

Aquí se configura lo que Romero llamaba el patrimonialismo que es el uso del poder político en el gobierno y el Congreso para que los grandes propietarios de tierras o del sector financiero, se apropien de recursos y activos públicos, que según la normatividad vigente deberían servir como instrumentos para avanzar en la redistribución de la propiedad en beneficio de cientos de miles de familias minifundistas o de campesinos sin tierra que deberían ser los beneficiarios de la titulación de las tierras baldías en el país. Somos los campeones mundiales en la concentración de la propiedad que es uno de los factores que llevó a la conflagración armada de la cual trata de salir el país precisamente en las negociaciones de La Habana. Según todas las informaciones conocidas allí se ha pactado con las FARC, la conformación de un Fondo de Tierras para la paz en que una de las fuentes para alimentar este fondo es precisamente las llamadas tierras baldías. Como se sabe la concentración de la propiedad de la tierra en Colombia medida según el coeficiente de Gini es del 0.87 en donde 1 sería una realidad en la que toda la tierra fuera de un solo propietario.

Muchos de nuestros males y de la debilidad de lo público en Colombia, tiene en la apropiación privada de los recursos públicos, uno de sus factores más importantes para preservar el clientelismo, la corrupción en la contratación pública, y en general, el uso de los recursos del poder para enriquecer a unos cuantos mientras más del 40% de la población se debate en la miseria. El problema tiene que ver con el peso que tienen estos sectores en la vida política del país. Por ello urge una transformación política para que los elegidos realmente defiendan los intereses públicos.

 

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Una respuesta a “El patrimonialismo del régimen político colombiano.

  1. El patrimonialismo descrito es de tradición histórica de nuestro País que afortunadamente personas bien documentadas y valientes denuncian para colocar en su lugar a atracadores del bien público en nuestro caso el derecho a la tierra de los más pobres del campo.

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