En Colombia: paro agrario y tratados de libre comercio.

CaféParo344

Por: Carlos Martinez / Semanario Caja de Herramientas.

Las negociaciones que iniciaron con el movimiento social campesino se deben aprovechar para construir una política duradera que contribuya a la seguridad y soberanía alimentaria del país, que pasa por una reforma agraria integral y justa. Debe entonces crearse una mesa de trabajo con monitoreo y evaluación periódica por las partes, siempre actuando de manera pública y en nombre del interés nacional con el apoyo de organismos internacionales de Naciones Unidas relacionadas con producción y provisión de alimentos.

Con ley seca, y en algunos casos con toque de queda, el Gobierno colombiano ha enfrentado el justo paro agrario que adelantan hace 13 días los campesinos, especialmente de la región de Boyacá, con el viejo argumento de la infiltración que oculta y cultiva los conflictos, pero que no los resuelve. Se ha querido negar el paro como en el Gobierno anterior se quiso negar el conflicto. Los resultados de esa forma de intervención estatal han puesto en evidencia que los conflictos socio-económicos como el paro nacional agrario son inapropiados por manejarse con un lenguaje y medios guerreristas con fuerzas armadas sin adiestramiento apropiado cuando es evidente el carácter pacífico de los campesinos colombianos. Lo que contradice en los hechos la idea de la paz que se dice construir y especialmente si pretende hacerla sostenible mediante acuerdos justos y transparentes.

Boyacá es tierra de libertad donde se selló hace 200 años el proceso de independencia de las Américas, donde todos entonan el himno nacional y existe un culto al Libertador Simón Bolívar. Por esta razón se exalta el principio de unidad nacional propuesto por los dirigentes boyacenses al incorporar en las negociaciones a sus compañeros de Nariño y Cundinamarca como principio básico para las negociaciones de un problema que es de carácter nacional y hace parte de un signo cultural vital en la canasta familiar colombiana como es la producción y consumo nacional de papa, equivalente en importancia económica y cultural a la tortilla mexicana.

Este movimiento social es producto de varios factores que resumen bien la situación de la economía del país en su proceso de privatización mediante despojo y debilitamiento del Estado. En efecto, la situación del campesinado es insostenible por cuanto los altos costos de insumos, los costos financieros, los altos costos de los combustibles, la acción depredadora de la intermediación  acompañada de la eliminación de la asistencia técnica a la producción campesina y la acción voraz de los tratados de libre comercio que han allanado el camino con el despojo de las tierras de los campesinos, hoy se ha traducido que el coeficiente de Gini en el sector rural sea de 0.85. Para los gobiernos del aperturismo económico son aceptables los salvamentos del sector financiero en sus momento de crisis o el 4 por mil para la guerra, mientras que un sector productivo de la entraña cultural del país como el sector campesino productor de alimentos no hace  parte  de las prioridades en políticas de desarrollo del país, pese a que una importante proporción de los alimentos consumidos por los colombianos se hace gracias al acto heroico de producir en estas condiciones desventajosas, que da vergüenza cuando se comparan con las ganancias del sector financiero.

Los 11 tratados de libre comercio han sido un escenario  creado por el gran capital para construir sobre los restos del Estado su carrera hacia  planes de inversión con seguridad jurídica, lo que ha provocado la baja depredadora de los precios de los bienes importados, generado la quiebra del sector productor de alimentos de Colombia. Los tratados, por otra parte, han asegurado la venta continua y regular de tecnologías vigentes u obsoletas al incorporar en una de sus principales cláusulas el compromiso universal del respeto al régimen jurídico de propiedad industrial propuesto por los países industrializados, consagrando conductas inaceptables de abuso de monopolio especialmente en el régimen de patentes y eventualmente marchitar cualquier intento de invención e innovación tecnológica propias.

Los tratados han negociado la mitad de lo negociable al ocuparse sólo del mecanismo del arancel cero en las relaciones comerciales, sin negociar el subsidio cero en particular con Estados Unidos y Europa. Podría decirse entonces, que en medio de una competencia totalmente asimétrica de la economía campesina en la economía nacional, se ha complementado con otra situación asimétrica e injusta en el comercio exterior colombiano. En ésta situación pareciera que la dirigencia colombiana quiere resolver la provisión de alimentos en el mercado externo o en la provisión nacional, previa expulsión de los productores campesinos, para ser reemplazados por empresarios de nuevo tipo que asumen la conducción de los agronegocios, especialmente de los biocombustibles que han sido elevados a la condición de un derecho de la ciudadanía, como lo promovía el esquema empresarial inducido del Agroingreso Seguro, con el apoyo del capital trasnacional mediante la extranjerización de las tierras que han sido despojadas como producto del conflicto armado de más de 60 años y con el aporte estatal de las denominadas tierras baldías, tierras de la nación  que deberían ser administradas por el Estado. El dirigente campesino de Boyacá Cesar Pachón, resumió de esta forma su percepción frente a la problemática que ha provocado el paro: ¨los políticos en el parlamento fueron los que vendieron la patria con los TLCs y resultan ahora haciéndose los buenitos¨. En Colombia hoy se vive una etapa preelectoral.

En estas condiciones podría afirmarse que las razones del paro son de carácter estructural debido a la ausencia de política agraria en las últimas décadas, al abandono institucional para el apoyo necesario y estratégico a los productores nacionales de alimentos, agravado por la puesta en marcha de un esquema de despojo violento de la tierra en nombre de la modernización del campo como la quintaesencia del modelo de producción con exclusión social, donde el motor de la economía es la ganancia individual en desarrollo de la agricultura comercial. Las negociaciones que iniciaron con el movimiento social campesino se deben aprovechar para construir una política duradera que contribuya a la seguridad y soberanía alimentaria del país, que pasa por una reforma agraria integral y justa. Debe entonces crearse una mesa de trabajo con monitoreo y evaluación periódica por las partes siempre actuando de manera pública y actuando en nombre del interés nacional, con el apoyo de organismos internacionales de Naciones Unidas relacionadas con producción y provisión de alimentos y de movimientos sociales homólogos de la región para crear condiciones de complementariedad productiva apropiadas e incluyentes.

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