La caída en las encuestas del Gobierno Santos.

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Por: Pedro Santana Rodríguez / Semanario Caja de Herramientas.

Hay que decir claramente al Presidente que los electores potenciales de su aspiración reeleccionista le están diciendo que no están de acuerdo con su política económica, de empleo, de salud, de educación, agrícola, lo que le están diciendo es que no quieren reelegir sus políticas.

La última encuesta realizada por la firma Gallup Colombia señala una drástica caída de la imagen del presidente de la República Juan Manuel Santos, y de todos sus ministros y entidades del Estado. La encuesta fue realizada durante los días del paro agrario que aún no termina puesto que al momento de escribir estas notas sigue en marcha en departamentos como Nariño, Putumayo, Huila, Cauca y Caquetá.

La imagen negativa del Presidente llegó al 74% mientras que su imagen positiva sólo llegó al 21%, mientras que en el mes de junio estaba en 48%. Los colombianos encuestados en un 82% creen que las cosas en Colombia están empeorando. Según la misma encuesta el 80% señala que la corrupción está creciendo, el 71% que la economía está empeorando y el 68% que las cifras del desempleo también empeoran y el 81% que la inseguridad está aumentando. El 70% cree que el Gobierno no está dando respuesta a la crisis del sistema de salud, pese a que fue aprobada una Ley Estatutaria por el Congreso en el mes de junio. La mayoría de los encuestados juzga que la situación en materia de salud está peor cada día.

Es probable que la encuesta, que se realizó en medio del Paro Nacional Agrario, tenga el sesgo de este momento coyuntural, pero es congruente con lo que muestran esas encuestas desde hace por lo menos un año cuando el Gobierno se vio precisado a hundir la reforma constitucional a la justicia y se aprobó en esa misma legislatura una reforma tributaria en beneficio de los ricos y que golpeó drásticamente a la clase media que es la responde las encuestas y la que vota mayoritariamente en el país.

La respuesta del Presidente de la República ha tenido tres mensajes. El primero, el reconocer que existe en el campo colombiano una crisis estructural que se ha agravado con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio sobre todo con los Estados Unidos y Europa. Esto contribuyó a la agudización de la crisis así el Gobierno trate de minimizar esta realidad. Décadas de ausencia de políticas hacia el campesinado medio y pequeño, o sea a la llamada economía campesina, desmantelamiento de la institucionalidad estatal en materia agrícola, aumento de los precios de los insumos como los fertilizantes, ausencia de crédito, bajos precios de los productos, todo ello se juntó de manera dramática en los últimos años y el gobierno en buena medida es responsable por que no ha puesto en marcha políticas para corregir esas fallas estructurales que ahora reconoce el propio Presidente de la República.

El anuncio de la instalación de una Mesa Nacional Agropecuaria para discutir y acordar políticas para enfrentar la crisis estructural va en la dirección acertada, pero, dependerá hasta dónde se compromete el gobierno con el desmonte del modelo de apertura e internacionalización indiscriminada de la economía de la cual el propio presidente ha sido su impulsor durante los últimos veinte años.

Un segundo mensaje ha sido equivocado. Primero, minimizar la protesta lo que indignó a cientos de miles de campesinos que salieron a tomar las carreteras pese a las amenazas y advertencias de penalización de las mismas. Cuando el paro se creció vinieron los diálogos que en un primer momento trataron de manejarse regionalmente pero ante la negativa de los campesinos, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás y aceptar una mesa de diálogo y concertación nacional. Al final el Gobierno tuvo que reconocer  el carácter nacional de la movilización. Equivocadamente el Gobierno pretendió que con el señalamiento de la infiltración de las FARC en el movimiento este se iba a contener, pero, lo que sucedió ante la represión es que otros sectores incluidos decenas de miles de pobladores urbanos salieron a marchar en solidaridad con los campesinos. La infiltración puede ser cierta en algunos lugares, pero se equivoca el Gobierno al atribuirle a las guerrillas esta capacidad de movilización. Por el contrario, en el ambiente de negociación del Gobierno con las guerrillas en la Mesa de Negociación de La Habana, los movimientos campesinos y estudiantiles sintieron que habían ganado un espacio para movilizarse y plantear su dramática situación que en muchos casos es de ruina. Como hemos señalado en otras ocasiones la persistencia de la acción armada tiene dos consecuencias negativas, por una parte golpea a los movimientos sociales civilistas para su movilización y por otra, obstruye la emergencia de una alternativa política de sectores de la izquierda democrática para que puedan disputar con éxito como lo han hecho en el resto de la región latinoamericana su ascenso y consolidación al frente de gobiernos progresistas. En esta pausa de negociación es comprensible que crezca la imagen de Antonio Navarro en la lista de los aspirantes a una candidatura presidencial de estos sectores. Es equivocado pensar que eso sucede por una presunta derechización de Navarro.

El tercer mensaje se concretó en el cambio de cinco ministros, dos de los cuáles han estado muy caracterizados en un viraje que pareciera estar dando Santos. La llegada al Ministerio del Interior de Aurelio Irragori Valencia quien persistentemente se mantuvo en las mesas de negociación y diálogo con los campesinos, mostraría un viraje en el manejo de esta cartera. En igual sentido el nombramiento de Amylkar Acosta al frente de la cartera de minas y energía quién ha sido un agudo crítico de la política extractivista y minera carente de controles estatales, arrasadora del medio ambiente y con muy baja contribución por la vía de los impuestos  a la economía colombiana. Pero, el problema es que el núcleo duro de los neoliberales en el gabinete, los que manejan la política económica que muestra su gran fracaso, siguen campantes en sus cargos. Uno de los ministros que más atizó la tormenta de la que habla Santos fue su ministro de Hacienda quien días antes del Paro de manera arrogante señaló que no había recursos para los reclamos de los campesinos. Ése mismo Ministro que en la reforma tributaria rebajó los impuestos a la renta del 32 al 25%, que eliminó parte de la tributación de los empresarios para la salud y que grabó a los sectores medios de la población. En medio del fuego le echó más gasolina con sus declaraciones y con el proyecto de presupuesto que se apresta a discutir el Congreso en que disminuía de manera significativa los recursos para el sector agrícola.

Hay que decir claramente al Presidente que los electores potenciales de su aspiración releccionista le están diciendo que no están de acuerdo con su política económica, de empleo, de salud, de educación, agrícola, lo que le están diciendo es que no quieren relegir sus políticas. Esto es lo que debería tener en cuenta el Presidente y no pensar que basta con cambiar algunos ministros para que aumenten los índices de aceptación por parte de la ciudadanía.

Una coletilla final. La decisión de la Corte Constitucional que al parecer impediría que los  jefes de la guerrilla de las FARC puedan incursionar en política al cerrar la puerta para que sea posible la suspensión de las  penas es un palo en la rueda de las negociaciones con los grupos insurgentes. Sobre este tema volveremos próximamente.

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