Al fin se mueve la investigación sobre parapolítica en Antioquia.

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Por: Alfredo Jaramillo / Semanario Caja de Herramientas.

La impunidad en Antioquia y Medellín no es el resultado de problemas procesales y de la congestión judicial, sino el producto de una estrategia de denegación de justicia a la cual se suman acciones de violencia contra las víctimas, los testigos y los funcionarios judiciales.

En las últimas semanas se han producido un conjunto de decisiones judiciales que permiten avanzar en el esclarecimiento de lo que ha pasado en torno a la unión de intereses entre grupos políticos tradicionales y grupos paramilitares en el Departamento de Antioquia. El pasado 24 de julio fue condenado a 9 años de cárcel unos de los barones electorales del Partido Conservador y jefe político del municipio de Bello, el exsenador Óscar Suárez Mira. Luego el 6 de septiembre se confirmó la medida de aseguramiento al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quien se perfilaba como uno de los principales aspirantes a la Presidencia de la República por el grupo político del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A esto se suma la orden de captura de septiembre 11 contra el exrepresentante a la cámara Oscar Arboleda Palacio, integrante de Alas Equipo Colombia, partido liderado por Ramos en el Departamento de Antioquia.

 

De manera paralela, en un fallo sin precedentes del 6 de septiembre, la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó excluir del proceso a seis postulados del Bloque Cacique Nutibara, con el argumento de que esta desmovilización fue ficticia. Además, en una reconstrucción del contexto histórico del accionar paramilitar en el departamento y en la ciudad de Medellín se establecen los múltiples nexos entre la institucionalidad y los grupos paramilitares, identificando los apoyos económicos, institucionales y políticos en que se basó su actividad criminal y hace una serie de recomendaciones, entre otras, investigar a integrantes de la fuerza pública, a líderes políticos como el ex alcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez y al exgobernador y expresidente Álvaro Uribe por un numeroso conjunto de indicios sobre convergencias entre sus políticas, sus funcionarios de primer nivel y allegados y los grupos paramilitares y del narcotráfico colombianos.

 

Estos procesos judiciales permiten profundizar en el accionar de los grupos paramilitares tanto en Antioquia como en Medellín, e identificar que el nexo entre estos y algunos sectores de los partidos políticos no fue circunstancial ni mucho menos fruto de una acción de intimidación, sino el resultado de una deliberada y calculada estrategia de dominio territorial basada en una alianza complementaria entre los grupos paramilitares y la fuerza pública.

 

La alianza entre grupos criminales y sectores de las elites regionales produjo, entre otros resultados, una reconfiguración y reconcentración de la propiedad agraria y de diferentes actividades económicas, una reorganización de la sociedad basada en el predominio de valores autoritarios y de prácticas antidemocráticas, así como un fortalecimiento en el poder político de las fuerzas favorables al accionar paramilitar, que puede incluso haber tocado su punto de mayor expresión con la llegada al poder político presidencial del líder de estas coaliciones criminales en el año 2002.

 

Es claro además que la alianza entre grupos políticos y los paramilitares tuvo la finalidad de influir de manera decisiva en la configuración y captura de instancias del poder político, desde las alcaldías, concejos municipales, gobernaciones, asambleas, cámara de representantes, senado y presidencia de la república, lo cual demuestra un grado cualitativamente mayor de influencia y control criminal. En la perspectiva de Luis Jorge Garay1, no era sólo el esfuerzo habitual de los grupos criminales por incidir en busca de favorabilidad social, judicial o política sino un proceso de reconfiguración cooptada del Estado que incluso comienza a producir normatividad en beneficio de los criminales, muestra de lo cual fue el intento del gobierno Uribe de promover un marco jurídico para la desmovilización paramilitar basado en el perdón y olvido, como se propuso a finales del año 2003.

 

En el caso antioqueño, en años pasados se han producido investigaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia en el marco del proceso macro de investigación sobre la parapolítica, lo cual produjo la captura de la mayoría de la bancada antioqueña del Congreso de la República de los años 2002 al 2006, en especial de los partidos vinculados a la coalición uribista, como Colombia Viva, Colombia Democrática y Alas Equipo Colombia, este último liderado por Ramos Botero, con la paradoja de que mientras sus colegas de colectividad estaban en la cárcel, su principal líder se hacía elegir como Gobernador del Departamento para el periodo 2008-2011.

 

Con las decisiones de los últimos días se abre un nuevo capítulo en la investigación judicial. El mayor logro de esta etapa, sería clarificar cómo funcionó este entramado criminal en el Vallé de Aburrá y, en especial, en municipios como Medellín, Bello e Itagüí, en los cuales hubo una importante representación en organismos como los concejos municipales e incluso las mismas alcaldías y otros cargos del poder público.

 

Es evidente que existen graves problemas en el funcionamiento de la rama judicial antioqueña, los cuales dificultan que las investigaciones prosperen, y esto es el resultado de la penetración institucional que los grupos criminales han logrado en organismos de la fuerza pública y la justicia. Llama la atención la solicitud que hace en este sentido el Tribunal de Justicia y Paz, que en su auto de control de legalidad de cargos señala:

 

3. Expedir copia de esta decisión y de las pruebas correspondientes para investigar a la ex Fiscal Viviane Morales Hoyos, al Fiscal Quinto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia Eberto Rodríguez Hernández, el (a) Fiscal 28 de la Unidad Delegada de Fiscalía contra el Terrorismo de la época (2.009 – 2.011) y el (a) Fiscal 7 Delegado ante la Corte, enunciados en las consideraciones, por el posible delito de prevaricato por omisión, por su omisión en la investigación y juicio de los generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón y de los demás generales y altos oficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
(…)
7. Expedir copia de esta decisión y de las pruebas correspondientes para investigar a la Fiscal 6 Delegada de la Unidad de Justicia y Paz, Oher Hadith Hernández Roa; al Fiscal 64 Delegado, Javier Girón Rodríguez; al Fiscal 90 Delegado, Hernando Antonio Bustamante Triviño; al Fiscal 129 Delegado, Hugo Alberto Gómez Lemus; al Fiscal 3 Delegado, Carlos Alberto Rico Correa; al Fiscal 113 Delegado, Milton Javier Rodríguez; al Fiscal Primero Delegado, Rafael Antonio Vargas Gallo; al Fiscal 14 Delegado, Guillermo Alonso Uribe Rueda y la Fiscal 51 Delegada, Ana Lucia Jiménez Zapata para investigar su conducta y omisiones en la investigación de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y al funcionario de policía judicial identificado como Australia Cuatro…

 

8. Expedir copia de esta decisión con destino al Fiscal General de la Nación para que evalué el cumplimiento de sus funciones de los demás fiscales mencionados en ella entre ellos el Fiscal 45 Delegado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz Albeiro Chavarro Ávila y de los fiscales Juan Guillermo Jiménez Moreno; María del Pilar Vélez Estrada; Elizabeth Chilamak Neira, Fiscal 89 Delegada; Matilde Cardona, Fiscal 22 Delegada; Alexandra Vélez Rincón, Fiscal 104 Delegada y a Diana Builes González, Fiscal 23 Delegada.

 

La impunidad en Antioquia y Medellín no es el resultado de problemas procesales y de la congestión judicial, sino el producto de una estrategia de denegación de justicia a la cual se suman acciones de violencia contra las víctimas, los testigos y los funcionarios judiciales que han tratado en unos casos de exigir sus derechos y en otros de administrar justicia de manera objetiva.

 

En los mentideros políticos de la ciudad se hablaba de que si la candidatura presidencial de Ramos finalmente no lograba consolidarse, se estaría preparando una alianza en la cual irían en fórmula Luis Pérez Gutiérrez a la Gobernación y Luis Alfredo Ramos Botero a la Alcaldía de Medellín. Esta aspiración ha quedado seriamente lesionada con uno de sus aspirantes con medida de aseguramiento y el otro, de nuevo, implicado en relaciones de connivencia con el mundo criminal. Esto constituye una ventana de oportunidad para que los sectores políticos democráticos en la región avancen en su posicionamiento y se preparen para defender lo ganado en los últimos años, dado que si bien estos procesos judiciales constituyen un golpe a las aspiraciones de las mafias políticas, la trama criminal que les sustenta se mantiene activa y con gran poder violento, electoral e institucional.

1 Garay, Luis Jorge. La Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia. Bogotá, 2008. http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/Otros%20mapas%20y%20documentos-/Captura%20y%20Reconfiguraci%F3n%20Cooptada%20del%20Estado%20Colombiano.pdf

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