¿Conejo a lo pactado en La Habana?

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Por: Alfonso Cuellar Solano / Semanario Caja de Herramientas.

La utopía o el conejo de Santos, tiene un supuesto muy sencillo de enunciar. Si es cierto que las élites regionales que es donde se encuentran concentrados los poderes fácticos van a renunciar a este a cambio de nada, habría que preguntarse: ¿Cuántos terratenientes ganaderos van a llamar a los campesinos a convertirlos en “socios” de sus hatos ganaderos?

Los cambios que están ocurriendo en las instituciones del sector agropecuario vienen de tiempo atrás y obedecen a una poderosa pugna entre los miembros de la oligarquía gobernante, debido a lo díscolo que se han mostrado sobre todo los sectores que giran en torno a los intereses del latifundio ganadero y de la gran propiedad terrateniente que miran con una gran desconfianza las conversaciones de paz y con profundo temor el que se alcance un acuerdo para dar fin al conflicto armado colombiano, porque como afirmaban durante la revolución francesa los reaccionarios de entonces y parodiando una de sus frases más celebres, de que la “legalidad nos mata”, aquí en Colombia parecen decir “la paz nos mata”. Por eso me propongo en este artículo develar algunas razones para mostrar que como consecuencia de las conversaciones de La Habana se ha resquebrajado la alianza oligárquica que Santos pactó con los sectores financieros de la banca nacional, grupos de industriales, comerciantes y bodegueros contrabandistas, capitalistas de la tierra y grandes e ineficientes terratenientes ganaderos. Sobre todo estos últimos lo han obligado a recular y a tomar medidas que parecen ser un “conejo” a los acuerdos ya alcanzados en La Habana con las Farc y en aras de mantener sólida la alianza de la elite del poder hacerlo nombrar un Ministro que les dé “confianza inversionista”, un Ministro claramente uribista y una muestra más de la ambigüedad del Presidente que trata de apaciguar a Uribe y este no se ha dejado. Es posible que tampoco lo logre con esta movida, pero por lo menos tranquiliza a los sectores ligados a la gran propiedad  de la tierra que como no se cansa de afirmarlo el Director del Programa de Restitución de Tierras Doctor Sabogal (¿será también de Buga?) el programa no tiene nada que ver con Reforma Agraria en ningún sentido.

¿Por qué la anterior afirmación? Porque es del ABC de la política que los Ministros y la plana mayor de los funcionarios públicos obedecen en su acceso a la burocracia a consideraciones políticas. Para eso es el poder: para ejercerlo con quienes el gobernante cree representan su ideario político e ideológico. Constituye una falacia argumentar que en esto exista algún tipo de neutralidad. Además, el acceso al poder no se alcanza sino mediante previa una serie de alianzas, acuerdos, acercamientos con grupos y personas disímiles y también es posible que no exista una identidad ideológica, filosófica completa, pero si, una completa afinidad en cuanto a la reciprocidad: tanto te doy tanto me debes. Y de eso trata lo que ahora llaman gobernabilidad y en lenguaje coloquial, la mermelada. Entonces, cabría preguntarse, ¿qué intereses políticos representa el Ministro Lizarralde y su “gallada” que están ocupando los cargos de Dirección del Ministerio y a quien responde en la esfera de las fuerzas políticas? Aparentemente es un Ministro  “independiente”, pero esa es otra falacia. Hay una coincidencia. Su esposa para efectos patrimoniales y de negocios es bugueña como él y ocupa el Ministerio de Educación; el recién nombrado Vice Ministro de Desarrollo Rural proviene de una empedernida familia de burócratas de esa rancia pseudo-aristocracia de los Fernández de Buga, como los tratan a manteles. Han sido Ministros, vendepatrias, como el Fernández de Soto abogado de Colombia en el “caso Nicaragua” en la Corte de La Haya, que devengó, cobró, no hizo nada y pasó de agache… y sigue tan campante como Johnie Walker. Tendríamos que preguntarnos como en la célebre canción de Joe Arroyo ¿Qué será lo que tiene Buga? Quienes lean la novela de Gustavo Álvarez Gardeazabal Cóndores no se entierran todos los días pueden encontrar en estos relatos una primera explicación. Buga fundada por antioqueños, los González, los Uribe, los White, pareciera decir en su etimología “tierra de pájaros”, pues efectivamente, el manejo que están acostumbrados a dar a las cosas políticas es por la vía de la violencia de una elites tradicionalmente conservadoras y retardatarias, cuyo sectarismo es tan desbordado que hasta entre las propias huestes del  Partido Conservador se crean animadversiones como la que existió entre el grupo de Carlos Holguín y Rodrigo Lloreda cuando ambos disputaban la hegemonía Conservadora en el Valle del Cauca y sus correligionarios dirimían sus disputas con la muerte.  Es evidente que el cambio en la cúpula del Ministerio, en los institutos adscritos despeja los verdaderos motivos de las renuncias intempestivas  del Director del Incoder Juan Manuel Ospina que presagiaba la caída del ministro Juan Camilo Restrepo su paisano, amigo y colega intelectual ocurrida un tiempo después. El primero, proveniente de cuna de Presidentes, con tres en su haber. Impulsó con su padre Luis Ospina Vásquez –por mucho tiempo el mejor historiador económico del siglo XIX colombiano 1 el FAES un centro de pensamiento histórico y económico conformado en base a los  archivos de los diversos negocios de la familia Ospina y del cual han salido libros imprescindibles para comprender el surgimiento de la hacienda en Colombia como el de Gloria Isabel Ocampo2. Historia pormenorizada de la enorme hacienda ganadera (25.000/has.) de la familia Ospina, quienes también hacen parte de las víctimas, pues su administrador el ingeniero Rodrigo Ospina fue secuestrado en Córdoba y muerto por paramilitares en la región de Rio Claro en el Magdalena Medio y como dato curioso Martha Magdalena terminó con tres propietarios contiguos: una parte de Doble Cero jefe paramilitar muerto en Santa Marta, otra parte de la división quedó en manos de Álvaro Uribe Vélez con el Ubérrimo y el resto en poder de Salvatore Mancuso, todos tres vecinos contiguos en la partición. Y el segundo, Juan Camilo Restrepo también antioqueño e hijo de un emprendedor vinculado a la industria cafetera y persona Conservador raizal, pero de talante liberal. El empeño de estos dos personajes en la restitución de tierras y en la oposición a violar el andamiaje jurídico de entregar las tierras de campesinos colonos o adjudicatarios de baldíos  a la voracidad de los geófagos de la gran propiedad, chocó con los intereses de todas las mafias. Aunque la ley de víctimas y restitución no tiene ni el menor rasgo de lo que es reforma agraria, es un paso muy importante en tanto que es un imperativo moral para con seis millones de víctimas y una acción de justicia y reparación, pero también un compromiso muy serio con la comunidad internacional y la sociedad colombiana entera. Pero antes que todo Santos tiene que cumplir con la reciprocidad de los que son sus aliados y contribuyeron a elegirlo y una fisura en este momento reeleccionista sería fatal para sus aspiraciones.

La cerrada oposición que la los grupos de la ultraderecha colombiana y la mano negra incrustada sobre todo en las instituciones policiales y de las fuerzas armadas, condujeron a tumbar a Ospina y a Restrepo para que el presidente Santos pueda mantener su coalición oligárquica de poder, apuntalada por la financiación de la guerra por parte de los Estados Unidos y el apoyo de los servicios de inteligencia de países europeos como España, Inglaterra y Francia y también Israel. Los dos funcionarios fueron útiles a Santos en tanto que primero, eran de origen Conservador y esto daba seguridades a algunos sectores de la coalición gobernante de Santos, que por lo menos se neutralizaron por un tiempo y segundo, este par de agraristas con un fuerte talante de filosofía liberal eran muy necesarios para sacar adelante la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras como programa político bandera del Presidente Santos que con el pasar del tiempo ha venido adquiriendo un sabor demagógico dadas sus poquísimas realizaciones con que cuenta, que lo viene de confirmar con lujo de detalles el informe de Human Rights Watch3 y que además, denuncia la cadena de crímenes cometidos contra las víctimas que defienden la restitución de sus tierras.

La pausa que refresca

¿Qué denota la acción de Santos? La ambigüedad que caracteriza su política, centrada no en el interés nacional, sino en sus logros personas y los de su coalición de elites en el poder.  Esa fue una de las características centrales de la política de su abuelo Presidente Eduardo Santos que el mismo denominó “La pausa”4 frente a los reformas liberales del Presidente López Pumarejo. Santos está preparando el terreno para una futura polarización de la política no entre el establecimiento de poder y los grupos de la parapolítica liderados por Álvaro Uribe Vélez  en el Centro Democrático, sino entre la acción legal de las Farc y sus aliados frente a las fuerzas del establecimiento de poder y por esta razón ha entregado el Ministerio de Agricultura a quien ha sido acusado de tener fuertes vínculos con el paramilitarismo y una visión interesada particular, privada, ajena a los intereses y necesidades del país como nación y sociedad e instituciones públicas. Pero, el palo no está para cucharas y su estadía ministerial no será muy larga, por esto se ha apresurado a cumplir con el objetivo central de Santos como es lograr la aprobación de la ley que les garantiza –violando todas las normas jurídicas y legales- a los grandes empresarios de por sí ya súper terratenientes, la apropiación de la altillanura de la Orinoquia y el ecocidio de una de las zonas más frágiles de la tierra en Colombia, que además estuvo precedido por el etnocidio perpetrado contra los habitantes indígenas ancestrales pobladores y dueños de esos territorios5. Es evidente que con la Directora Villegas del Incoder y el Ministro Restrepo dicha Ley no hubiera prosperado y se ponía en riesgo la reelección de Santos. Como corolario el programa de Restitución de Tierras será reducido a niveles  irrisorios.

Todos estos pormenores envuelven un dilema ético en tanto que las instituciones del estado son para el bien público, pero los hombres que manejan dichas instituciones tienen intereses y la barrida de servidores públicos e instituciones como el ICA, desde hace unos 25 años comenzaron a tomar un sesgo de instituciones al servicio de intereses privados, particulares en lo esencial y no la función de la democracia que es lo público, con la particularidad de haber sido copadas por el paramilitarismo y la parapolítica, en un negocio de algo así como, los narcotraficantes ponen la plata, la inversión y los empresarios tipo Lizarralde ponen la “sabiduría empresarial”.  Pero, todo está bajo el “secreto bancario” de los “paraísos fiscales” en que se mueve nuestro flamante Ministro.

Por las declaraciones de Lizarralde en las que pretende pasar su modelo como la política que necesita el país, suena a arbitrario, habida cuenta que dicho modelo no procede de un estudio robusto de las realidades agrarias, con cifras muy discutibles, pues desde el Presidente y toda la academia reconocen que no hay cifras confiables y enfatizan la necesidad del Censo Agropecuario y el levantamiento de un Catastro actualizado y por consiguiente las intuiciones del ministro carecen de prueba empírica valedera para diseñar políticas.

Porque, política no es cualquier ocurrencia que se le venga a la cabeza y más en tratándose de cuestiones sociales  en las que la robustez del modelo tiene que consultar disímiles variables que no conocemos y el Ministro solo hace caso a una, la del estado de pérdidas y ganancias, o flujo de fondos o EVA, que solo sirven para indicar a un empresario donde invertir su dinero, o colocarlo en otro lugar, de menos riesgo y mayores oportunidades de ganancia. Pero esta no es la lógica del pequeño agricultor, aun tomando su actividad con criterios de empresa como debe serlo, pues no tiene la movilidad, en tanto que, depende de una pequeña porción de tierra que tiene que cuidar día y noche dada la inseguridad de los derechos de propiedad en Colombia.  Todo esto lo tiene resuelto el empresario de la gran propiedad, que tiene garantizadas todas sus necesidades fundamentales y las de su familia de sobra. Un modelo es pues el resultado de la interpretación y análisis de una serie de fórmulas muy bien estructuradas del objeto de que se trata, que maneja un lenguaje que para todos los miembros de un conjunto se les presenta como verdadero.

Breve historia non santa del Incoder

La acción destructiva y de cooptación de las instituciones rurales se da paralela con el desplazamiento forzado y el despojo de tierras por la violencia paramilitar y la acción combinado con la parapolítica. Situaciones archi-documentadas por Alejandro Reyes6 y otros investigadores de la academia. Y quien inicio la tarea fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando desmonta la sigla del INCORA que tenía la incómoda palabra “Reforma Agraria” y de 4000 funcionarios de que  disponía el Incora en más de 40 seccionales, se redujo a unos 800, al que le endosaron las UMATAS (Unidades Municipales de Asistencia Técnica) que según Carlos Gustavo Cano el Ministro de la época, gran terrateniente arrocero y abanderado político de la primera campaña de Uribe y propiciadores junto con otros hacendados de la creación de las autodefensas en el Tolima. Eran unos “cuerpecitos burocráticos débiles” que deberían convertirse en “verdaderos grupos de banca en cuanto a inversión rural”. Cano es reemplazado por Andrés Felipe Arias, alias “Uribito” el célebre presidiario del Agro Ingreso Seguro. Pero, fue durante el segundo periodo de Uribe donde se desarrollaron en Incoder los actos de corrupción más aberrantes y la “feria de los baldíos de la nación”, durante los cuatro años de gerencia de Rodolfo Campo Soto, personaje de la elite política y terrateniente de Valledupar, obsecuente con la parapolítica, como que había sido capaz de nombrar a Jorge 40 (extraditado a los Estados Unidos) como Inspector de Pesas y Medidas cuando aquel fue Alcalde de Valledupar. Campo fue además, enjuiciado por la Procuraduría en razón del tema Agro Ingreso Seguro. En 2008 la carbonera Drummond se quiso expandir pero tropezó con un predio de 2.300 hectáreas del palmicultor y cacaotero Rodolfo Campo Soto el mismo gerente del Incoder y no le fue inconveniente ser juez y parte en la negociación. Hubo tal cúmulo de irregularidades que terminó siendo expropiado en Julio de 2008 de las tierras que había usurpado. El Incoder tuvo antes cuatro gerentes entre 2003 y 2006 todos con procesos por actuaciones indecorosas, pero cuando fue cooptado por completo por la mafia del narcotráfico y la parapolítica fue durante la gerencia de Campo, que tuvo como  antecedente hacia el año de 2000 cuando alias “Esteban” cometió la masacre de Cataca asesinando a 11 personas  y otra de 40 más en el corregimiento Nueva Venecia, que condujo al desplazamiento de Sitio Nuevo en el Magdalena donde numerosas familias abandonaron sus tierras ante el terror. En el marco de estos hechos llegó a la gobernación del Magdalena el médico Trino Luna Morón, hermano de Juan Carlos Luna alias “El cóndor” jefe paramilitar del sur del departamento del Magdalena y único candidato a la gobernación en 2001.Las Fiscalía investiga por estos crímenes a los funcionarios del INCODER Enrique Herrera Araujo, asesor de la gerencia,  Jairo Mesa Guerra, Subgerente de promoción y Alfonso Vidal Baute, Director en el Cesar.

En las tierras de Sitio Nuevo perteneciente a familias desplazadas, el Incoder autorizó según petición del gobernador Luna Morón, la construcción de un puerto natural en la Isla de Salamanca otorgando 100 hectáreas para estos efectos, aduciendo que se trataba de baldíos de la nación, atropellando a los verdaderos campesinos dueños y además, violando toda la regulación ecológica de áreas bajo protección por la Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, cuya protesta encabezo el profesor universitario Alfredo Correa de Andreis quien fue asesinado en 2004 y por el cual fueron condenados Jorge 40 y Noguera  Director del DAS y compadre de Álvaro Uribe. Tampoco la obra  cuando fue iniciada disponía de la respectiva licencia ambiental.

En 2005 Uribe manifestó su apoyo al proyecto y también de manera soterrada el paramilitar Jorge 40. Ya la revista Semana había denunciado que el Puerto Multipropósito de Palermo como se le llamo a la obra, estaba muy bien descrito en la libreta de apuntes de alias “Don Antonio”, lugarteniente de Jorge 40 con la nota expresa de “Llamar a Trino” y en el 2006 la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena –también cooptada- lo dio en concesión a la Empresa Palermo Sociedad Portuaria S.A. que comenzó a exportar coque y quién sabe si al ser puerto multipropósito, también coca.Trino Luna pagó dos años y medio de cárcel por parapolítica y Jorge 40 condenado a 47 años en los Estados Unidos. Por otra parte, tres Alcaldes de Sitio Nuevo que tuvieron velas en este entierro, uno está muerto y los otros dos condenados por nexos con el paramilitarismo.

La adjudicación de estas tierras  a los paramilitares y parapolíticos de la sociedad Palermo S.A. fue echada para atrás por la Procuraduría, ante las evidencias de las múltiples ilegalidades, pero la tierra aún no se ha restituido a sus legítimos dueños. Pero, hay algo más, alias “el samario” (Alcides Mattos) confesó en Justicia y Paz, que Barbie (Hugues Rodríguez Fuentes) un hacendado de las entrañas de Jorge 40, “ordenó y financió masacres, asesinatos selectivos y desplazamiento de campesinos en Chiriguaná y la Jagua de Ibirico, para adueñarse de 8.000 hectáreas de la mina de carbón EL Descanso que amplió luego en 1593 hectáreas más donde vivían 55 familias a quienes se les obligó a firmar pagarés con garantía en sus tierras, los cuales fueron demandados por incumplimiento de pago ante el Juez 1º Civil de Valledupar, operación legalizada por el representante del Incoder Carlos Reyes Jiménez, luego destituido e inhabilitado por la Procuraduría acusado de contubernio con los paramilitares para desplazar a los campesinos. La Fiscalía encontró que en El Prado, un corregimiento de La Jagua, INCODER le traspasó cinco parcelas de desplazados a Barbie y este logró legalizarlos.

El Incoder en el Vichada y otras regiones

Algunos casos puntuales se relatan en este escrito:

  • Incoder entregó a familiares y  amigos del parapolítico Habib Mergeh  preso por sus relaciones con Macaco, 38. 000 hectáreas en el Vichada, que le costó la salida de este instituto a Luis Ortiz López quien junto con Omar de Jesus Quessep, el uno  Gerente y el otro subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad, pues según un damnificado de la repartición, el Senador Javier Cáceres –hasta hace muy poco preso por parapolítica en La Picota- los acusaba de exigir dineros para adjudicar los predios. Ortiz López, lo ratificó a  El Tiempo. “El Incoder se lo habían entregado a Colombia Viva. Había unas cuotas aprobadas por el Ministro: Carlos Polo, subgerente de Infrestructura, del senador Luis Vives; José Bettin, subgerente del Desarrollo Productivo, del senador Miguel de la Espriella; Doris Navarro, jefa de la Oficina Jurídica, del senador DiebMalof. Todos me dijeron que esos eran los nombramientos acordados con el Ministro y él me dijo que sí”, confesó. Nadie lo ha desmentido.
  • En Puerto Gaitán, la finca La Campana, habitada desde hace más de 70 años por indígenas de la etnia Sikuani, la entregó el INCODER a  tres particulares.
  • Urapalma, Palmas del Curvaradó, Selva Húmeda, Palmura, Inversiones Fregny Ochoa, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas S.A. y Agropalma en Urabá, son acusadas de haber arrebatado tierras de comunidades negras en asocio con el bloque Élmer Cárdenas.
  • En Tumaco, INCODER entregó a las compañías Palmeiras S.A. y Palmas Oleaginosas Salamanca 800 hectáreas pertenecientes al Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera.
  • La empresa Ercaucho se quedó con territorios ancestrales de la comunidad Merey en Puerto Carreño.
  • 33 familias fueron desplazadas de Valencia, (Córdoba) y perdieron el predio Usaquén.
  • En  Turbo, INCODER adjudicó a Guido Manuel Vargas López, quien“legalizaba”los despojos a Salvatore Mancuso,  45 hectáreas de las que huyeron 18 familias campesinas.
  • En Chivolo (Magdalena) terrenos robados por paramilitares, fueron entregados por Jorge 40 para la reparación a las víctimas y al cabo de los años terminaron en manos de testaferros suyos pues el gerente regional de INCODER canceló las adjudicaciones a 37 familias alegando abandono de tierra.
  • Fue famoso el caso de Carimaguacon la entrega a campesinos pobres de predios inútiles, minados, en áreas de reserva forestal,  o contrario a lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial como lo confirmó el asesor de Incoder Enrique Herrera, y que fueron adquiridos de manera irregular entre el 2004 y 2006.
  • 154 funcionarios de Incoder, entre ellos jefes de las oficinas de enlace territorial en Magdalena, Atlántico, Córdoba, Bolívar, Tolima, Cundinamarca, Valle, Boyacá, Meta, Cesar, Caldas, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo y Arauca tienen investigaciones por entregas irregulares de tierras. Entre 2006 y 2010, el INCODER  destituyó a 34 funcionarios por corrupción.

Ahora bien, la reorganización administrativa que adelanta Lizarralde en su talante puede conducir a la repetición de estos aberrantes hechos. Las organizaciones sociales deben estar atentas a detectar irregularidades y poner coto al despilfarro de los recursos públicos. Juan Camilo Restrepo anunció  en su momento la revocatoria de 300 resoluciones de nombramiento del Instituto  y explicó que  “hubo mucha infiltración, casi cooptación de abogados y gentes muy cercanas al paramilitarismo que le pedían al Instituto que reasignara las parcelas a las fichas que postulaban”.

Por qué el conejo

Ya se ha dado en la historia colombiana ejemplos de los pactos. Cuando el grandioso movimiento de recuperación e invasiones de tierras en la época de la ANUC la elite del poder suscribieron el Pacto de Chicoral entre Liberales y Conservadores, que tuvo por objeto desconocer la existencia del conflicto agrario y convertir la justa lucha de los campesinos en un problema policial. Y hoy como ayer, lo que está vigente es el peso de los poderes fácticos en las llamadas bandas  emergentes que han venido haciendo su trabajo de eliminación de los campesinos contestatarios, soportados soterradamente por las elites locales de poder de autoridades, caciques  con apoyo judicial y policial. Entonces, el pacto de La Habana puede estar frente a un gran conejo de parte del presidente Santos, que ha anticipado su ejecución con un personaje nefasto que primero tiene que explicar al país los 6 Presidentes de Sindicato de Indupalma asesinados y los más de 120 obreros desaparecidos de los cuales hasta el momento no se tiene noticia. De no mediar una explicación transparente, cualquier pacto que firme Lizarralde lo hará con las manos manchadas de sangre. Y tal vez esta sea la causa de porque la oposición a una Asamblea Constituyente a la cual tienen derecho las FARC, pero más que estas fuerzas, los legítimos representantes de la población colombiana y donde  deberían estar presentes no solo las Farc y el Gobierno, sino toda la sociedad civil y también los voceros del paramilitarismo incluidos sus líderes presos en los Estados Unidos, o más bien protegidos en este país. La utopía o el conejo de Santos, tiene un supuesto muy sencillo de enunciar. Si es cierto que las élites regionales que es donde se encuentran concentrados los poderes fácticos van a renunciar a este a cambio de nada, habría que preguntarse: ¿Cuántos terratenientes ganaderos van a llamar a los campesinos a convertirlos en “socios” de sus hatos ganaderos?, ¿Cuántos de los magnates azucareros van a compartir ahora sus empresas boyantes con los negros cortadores de caña?, ¿Cuántos floricultores, arroceros, papicultores y demás van a asociarse voluntariamente con sus trabajadores para crear el nuevo contrato social santista? Amanecerá y veremos. En conclusión, pensar que Santos rompa con las elites regionales es impensable, que lo haga con la FARC es factible, de hecho, las elites del poder lo han hecho varias veces y de ese lado no ha pasado nada.

Edición N° 00370 – Semana del 27 de Septiembre al 4 de Octubre de 2013

1 Ospina Vásquez, Luis, Protección e industria en Colombia, 1810-1930, Medellín, Editorial Santafé, 1955.

2 Ocampo, Gloria Isabel, La instauración de la ganadería en el valle del Sinú, 1881-1956: La Hacienda Martha Magdalena, Editorial Universidad de Antioquia / ICANH, Medellín, 2007.

3 Human Rights Watch, El riesgo de volver a casa. Violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia,  USA, 2013.

4Bushnell, David, Eduardo Santos y la política delBuen Vecino 1938-1942, El Ancora editores, Bogotá, 1984.

5Gómez, Augusto, Indios, colonos y conflictos. Una historia regional de los Llanos Orientales, 1870-1970, Bogotá, Siglo XXI Editores / ICANH / Pontificia Universidad Javeriana, 1991.

6 Reyes, Alejandro, Guerreros y campesinosEl despojo de la tierra en Colombia, Bogotá, Editorial Norma, 2009; PNUD, Colombia rural. Razones para la esperanza, Bogotá, 2011; Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta Yá!Memorias de guerra y dignidad, Bogotá, 2013, para no citar sino lo más relevante.

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