Paz, veedurías ciudadanas y audiencias públicas contra la corrupción en Bogotá.

bolivar651

Por: Horacio Duque Giraldo / Rebelión.

Este nuevo ingrediente hará que la campaña electoral se polarice entre dos bloques: el del uribismo que buscará la prolongación de la guerra y la oposición a los acuerdos y un bloque formado por dos opciones: la del presidente Juan Manuel Santos, que de darse este escenario seguramente anunciará el 25 de noviembre sus aspiraciones reeleccionistas y el del centro izquierda que aún se debate en la incertidumbre para lograr mecanismos que permitan la conformación de una sólida tercería que podría pasar a la segunda vuelta si logra perfilar un mecanismo que le permita contar con un candidato único a la Presidencia de la República.

El Acuerdo político de La Habana para la paz tiene múltiples aspectos e implicaciones que repercutirán en la profundización de la democracia como forma de organización del Estado nacional. Hay que examinar en detalle cada elemento y sus alcances. Se trata de la más audaz reforma política en la perspectiva de una “apertura democrática” que permitirá la constitución de nuevos sujetos y subjetividades sociales competentes para superar la grave crisis que afecta a Colombia. Desconocer, desde una supuesta izquierda revolucionaria, esas dimensiones del cambio es querer validar como eterna, con falacias y sofismas, una forma de acción en la resistencia y acción para concretar los saltos radicales que la sociedad demanda para superar la explotación y exclusión implantada por la oligarquía. A dichas personas se les olvidó el ABC de las relaciones dialécticas entre reforma y revolución.

Otros, para demeritar lo consolidado en los diálogos, quieren ridiculizar observando que si para eso se hizo la lucha armada por 50 años francamente son deplorables los resultados. Esas reformas mínimas no requerían de acciones violentas para hacerlas realidad. Pero en realidad el análisis debiera resaltar el fenómeno contrario. Para impedir esas reformas democráticas mínimas la oligarquía recurrió a la guerra, la violencia generalizada de los años 50 -con 500 mil muertos-, al desplazamiento de 6 millones de personas y a la implantación del Estado narcoparamilitar del largo periodo del señor Uribe Velez.

Del texto conocido, me interesa resaltar, en este momento, el rescate del papel de las veedurías ciudadanas y la conformación de los observatorios de transparencia. Lo pactado dice: “Se convino que se establecerá un plan de apoyo a la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en la implementación del presente Acuerdo. Un mayor control por parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción”.

En mi opinión este punto lo que significa es la ampliación de la conocida figura de la “accountability”, que se utiliza como sinónimo de responsabilidad de los funcionarios públicos, de dar cuenta, responder por, dar cumplimiento, básicamente a nivel de la gestión pública.

Se trata de un Acuerdo fundamental que no debería esperar a la fase final de los diálogos de La Habana para convertirlos en realidad hecha la consideración de los graves daños sociales provocados por la corrupción.

Para el caso de Bogota, la urbe más importante de Colombia, es bien conocido el descalabro colectivo que representó el famoso carrusel de los Nule con los Moreno Rojas. Fruto del repudió social de tal situación fue la elección del señor Petro como jefe de la ciudad, quien recibió el mandato de erradicar esa epidemia societal.

Sin embargo, tal parece que la corrupción sigue “vivita y coleando” en la ciudad a pesar de haberse expedido un Plan de desarrollo en que sobresale la defensa de lo público como algo prioritario. Por estos días han estallado nuevos escándalos que comprometen millones de pesos de los presupuestos públicos en las Alcaldías locales y las Secretarías centrales (http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/enfrentamiento-poltico-en-el-movimiento-progresistas_13164068-4).

La opinión pública capitalina ha sido sorprendida por una feroz reyerta entre facciones del grupo político que controla la ciudad.

Mientras concejales cercanos a Jaramillo, el Secretario de Gobierno, miembro de una tradicional familia de gamonales liberales turbayistas del Libano/Tolima, han señalado procesos ilegales de contratación en las Alcaldías de Suba, Uribe Uribe, Engativa, Kenedy, Bosa y en Secretarias como la de Desarrollo Económico, comprometiendo millonarias cifras del presupuesto en convenios de obra viciados de ilegalidad porque se hacen a dedo, el señor Asprilla, anterior encargado de los temas políticos y destituido e inhabilitado por largos años por sus irregularidades como jurista, a sacado a la luz pública las prácticas clientelares y caciquiles imperantes que patrocinan altos jerarcas del sistema de gobierno distrital traidos desde las veredas de Ibague y otros municipios de dicha región, para apalancar los candidatos de doña Hilada y don Alfonso Jaramillo, progenitores del Secretario Guillermo A, a los cargos legislativos que se escogerán en marzo del 2014, como don Omar Rodrigues, al parecer un chofer experto en las mañas de la compra y venta de votos a punta de tamal tolimense.

Por el momento han sido denunciadas las doctoras Diana Mabel Montoya y Marisol Perilla Gómez, alcaldesas de las localidades Rafael Uribe Uribe y de Suba, hay señalamientos muy graves sobre los Alcaldes de Kenedy, Engativa y Bosa. En la Secretaria de Desarrollo Económico se han detectado graves problemas de clientelismo, ultrajes a mujeres trabajadoras y despilfarro de los recursos para las áreas rurales que se están desviando a los fines personales del titular de ese despacho, un individuo portador de conductas mediocres. En otras Secretarias pululan contrataciones fraudulentas mediante maniobras de elusión a lo dispuesto en la Ley 80 de contratación.

Llama la atención en todo esto que no se procede con agilidad y contundencia para corregir las ilicitudes detectadas y, obviamente, la afectada sigue siendo la sociedad con los grupos más pobres de la misma o segregados como repite la discursividad de moda en las esferas oficiales.

Es por esa razón que con un grupo de ciudadanos hemos tomado la decisión de organizar varios comités de veeduría ciudadana en las Localidades y Secretarías indicadas y desarrollar en los próximos días Audiencias públicas de rendición de cuentas para que en los términos de la democracia participativa podamos examinar en detalle los problemas denunciados y exigir la intervención acelerada de las autoridades judiciales en las circunstancias que así lo ameriten.

Esos eventos serán adelantados los días 21 y 22 de noviembre desde las 9 de la mañana en los lugares que indicaremos oportunamente.

A estas Audiencias públicas democráticas estamos convocando Juntas de Acción Comunal, autoridades locales y distritales, a la Procuraduría, Personería, Controlaría, organizaciones de la sociedad civil y medios masivos de comunicación independientes. Se trata de un ejercicio de transparencia y accountability en la línea de lo que está indicando los diálogos de paz de La Habana en materia de transparencia y democracia del siglo XXI.

En estos eventos nos anima un espiritu de paz y tolerancia democrática, postulados que teóricamente son la base del desempeño público de todos los ciudadanos.

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