La restitución de Petro: feria de contradicciones

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Por: Efraín Sánchez / Razón Pública.

Crónica inverosímil sobre lo que viene, y reflexión aguda sobre lo que esta “novela” dice sobre sus protagonistas y sobre nuestra relación con la justicia, la ley, la legalidad, la democracia y el bien común.

La increíble y triste historia de los dos meses que vienen

La noticia del fallo que ordenó reintegrar al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, complació a muchos y disgustó a muchos otros, pero sorprendió a pocos.

En un país acostumbrado al “chance”, era muy probable que tuviera éxito siquiera una de las 48 tutelas interpuestas para hacer que el presidente Santos acatara las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Triunfo para Petro?

Solo parcial y momentáneo, pues según el Decreto 2591 de 1991, que reglamentó la acción de tutela, el fallo podrá ser impugnado, entre otros, por la autoridad pública. Y en este caso así lo hicieron tanto el procurador que había destituido al alcalde como el presidente que tuvo que restituirlo.

¿Qué sigue ahora? Nadie lo sabe, pues son varios los escenarios posibles, y el juez que estudia las impugnaciones tiene un plazo de veinte días para proferir su fallo. Si este es favorable a Petro, quedará en firme su restitución y se mantendrán las medidas cautelares, ¡pero también seguirán en pie la destitución y la inhabilidad, porque la tutela se refería apenas a las medidas de la CIDH, no a la sanción del procurador! Si el fallo es contrario a Petro, no se aplican las medidas cautelares y el alcalde seguirá destituido. En cualquiera de los dos casos, el fallo pasará a revisión de la Corte Constitucional.

Pero es todavía peor. Además de esta tutela, quedan otras 15 por fallar, ya que hasta la fecha se han negado 32 de las 48 iniciales; en otras palabras: los sucesos de esta semana podrían repetirse ¡otras 15 veces!

En el caso de que se nieguen todas las tutelas Petro tendrá que irse, pero no es claro cuándo lo sabremos (20 días para la tutela ya fallada… pero quedan las otras 15). Y en todo caso tendremos que esperar hasta cuando las altas cortes y el Consejo de Estado hagan sus pronunciamientos de fondo.

Para acabar de complicar el panorama, si se sostiene el fallo sobre esta tutela (o sobre alguna de las 15 que tenga éxito), “automáticamente” se reabrirá el proceso de la revocatoria del mandato, y el caso pasaría a las urnas.

De todas maneras, si para el 30 de junio no se ha resuelto definitivamente lo de la destitución, el presidente deberá designar alcalde de una terna del partido de Petro (la Alianza Verde, si Petro no decide otra cosa) para completar el período.

Inestabilidad, reformitis

Estos ires y venires sin duda tienen su lado cómico, y las redes sociales se han divertido de lo lindo. Pero después de cinco meses de inestabilidad y con los otros dos que nos esperan (por lo menos), cada vez es más negra esta “novela” y es más claro que los grandes perdedores son los habitantes de la ciudad.

Las distintas dependencias del Distrito hacen cuanto pueden para mostrar “normalidad”, pero esta no es creíble cuando los secretarios y demás funcionarios de libre nombramiento y remoción renuncian o permanecen y en todo caso viven en la interinidad. A esto se suman las restricciones impuestas por la Ley de Garantías, para acabar de paralizar la administración de la ciudad.

Por otra parte, durante estos meses se ha hablado mucho de las reformas necesarias. Al principio se trataba de las facultades del procurador para destituir funcionarios elegidos por voto popular. Y ahora es la tutela.

El presidente invitó a reflexionar sobre “la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y del uso de la tutela”, y agregó que “su uso indiscriminado puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político”.

En un plano más pedestre, los personajes y los medios no han resistido la tentación de buscar a quién echarle la culpa. Que Petro por sus alcaldadas, que Ordoñez por el abuso de poder, que la CIDH por inmiscuirse en nuestro soberano sistema de justicia, y ahora, que la tutela.

Todos por supuesto tratan de justificar sus actuaciones. Petro se escuda en su bien intencionado Plan de Desarrollo: lo que hizo en materia de recolección de basuras fue “en defensa de lo público, lo ambiental y la lucha contra las mafias”. Ordoñez dice que “le tocaba” sancionar a Petro por sus faltas gravísimas, y el presidente dice que “le tocaba” destituirlo porque las medidas cautelares de la CIDH no eran vinculantes para Colombia.

Pues en esta semana al presidente “le tocaba” restituir a Petro en cumplimiento de un fallo de tutela, pero en seguida “le tocaba” impugnar el mismo fallo, como “le tocaba” al procurador hacer lo propio. Todos en estricto cumplimiento de la ley y en función del bien público. Ninguno con el más mínimo interés electoral o político.

Algo huele mal en Cundinamarca

Este carrusel de telenovela es sin duda la expresión de algo que anda muy mal en nuestra concepción de la justicia, de la legitimidad, de lo público, del bien común y de la democracia.

No son apenas las atribuciones del procurador (a todas luces excesivas) o el abuso (evidente) de la acción de tutela: o no entendemos bien el para qué de la Procuraduría y el de la tutela, o el interés político-electoral prima sobre todo lo demás.

No es posible imaginar que el presidente Santos no pensara en su reelección cuando decide destituir a Petro o cuando impugna el fallo que le restituyó el cargo. Es evidente que Petro piensa en la Alcaldía, pero piensa también en las elecciones presidenciales de mayo, en las de revocatoria del mandato… y en su carrera política futura.

Pero más allá del interés político de algunos, esta “novela” obliga a pensar con seriedad sobre nuestra cultura política, nuestras actitudes y percepciones acerca de ley y la legalidad, nuestra concepción de la justicia, la legitimidad, lo público y el bien común. Pues estamos ante una situación donde la ley parece contradecir a la democracia, la democracia a la ley, y la legitimidad parece contradecir a la justicia.

El alcalde Petro actuó de manera irregular (“ilegal” según el procurador), en beneficio de lo público y el bien común, según su discurso. El procurador lo destituyó en aras de la legalidad y en contra de la voluntad popular expresada en las urnas, es decir a contrapelo de la democracia.

El presidente y el procurador no acatan la justicia internacional en beneficio de la legitimidad interna (“nuestra democracia ofrece todas las garantías”). Los amigos de Petro abusan de las garantías constitucionales (el término “tutelatón” de por sí es grotesco) en aras de la democracia y, presuntamente, del bien común. ¿Quién entiende todo esto?

El epítome de nuestras contradicciones es la propia institución de la tutela. No hay duda de que fue un triunfo de la Constitución de 1991, pero un triunfo que reveló el fracaso de nuestras leyes en la salvaguarda de los derechos fundamentales. El éxito e incluso el abuso de la tutela son síntomas de la ineficacia de nuestro sistema de justicia tradicional.

Mientras reflexionamos sobre todo esto, convendría discutir qué es lo que más le conviene a Bogotá. Sin duda la estabilidad institucional, y esto supone que Petro concluya su mandato y acabe de ejecutar el Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Pero esto, como están las cosas, es ilegal y contradice la voluntad de por lo menos un tercio de los electores que probablemente votarían por el “sí” en caso de una revocatoria.

 

* Sociólogo y doctor en Historia Moderna Latinoamericana por la Universidad de Oxford.

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