Las casas “gratis” del gobierno no son como las pintan (I)

santoscasasgratis

Por: Fabio Giraldo* / Razón Pública.

La construcción como sector va bien. Pero el proyecto de regalar 100.000 casas tiene varios problemas: entre ellos, el no garantizar una justicia social efectiva y duradera, y el que deba operar en medio de un ambiente de especulación y burbuja inmobiliaria.

Ante todo el contexto

No es fácil hacer una evaluación objetiva del programa de las 100.000 viviendas “gratis” que pretende entregar el gobierno del presidente Santos. Y mucho menos es hacerlo en este breve artículo: son tantos los matices del programa que hoy me ocuparé solo de algunos hechos y algunos datos básicos.

Pretender discutir el programa de vivienda sin tener en cuenta la conducción macroeconómica, fuertemente condicionada por el comportamiento de los precios básicos de la economía mundial, es omitir la velocidad de vértigo del capitalismo financiero global en red de hoy en día.

Las volatilidades y tensiones características de los mercados globales perturban la política nacional y las políticas territoriales; y la formación de burbujas o brotes especulativos en los mercados son producto de la falta de transparencia que caracteriza al mercado global de capitales. Estas prácticas se inoculan en los territorios nacionales a través del sistema de telecomunicaciones de los precios, lo que lleva a la pérdida de confianza y seguridad en las instituciones. Esta no es su causa única, pero es poco probable encontrar crisis sociales sin relación con la mala intervención y regulación del Estado.

Igualmente, todo proceso político en los territorios se encuentra subsumido en el espacio de la macroeconomía nacional. En este espacio monetario y cambiario se forman los precios básicos que determinan en buena parte la productividad y competitividad de una sociedad.

Pese a lo dicho, presento aquí unas cuantas ideas para el balance sobre el plan de vivienda “gratis” del gobierno. Hago la salvedad para evitar la ingenuidad de acusar a los economistas (con su gran repertorio de modelos), y mucho menos a los responsables políticos de la elaboración y ejecución de las mismas, de ser los causantes de las crisis sociales a nivel global, nacional y regional.

Sin duda, es difícil evitar quedar atrapados en la tela de araña de la urdimbre jurídico-económica de un programa como el de la vivienda “gratis”, de tan profundas repercusiones políticas para nuestro país. Pero afrontemos la discusión, aunque seguramente al final de esta no podremos evitar el riesgo de declarar, como el médico de Lady Macbeth: “lo que aquí ocurre, excede mi arte”.

Un éxito estadístico

Si partimos de las estadísticas oficiales sobre la política de vivienda del gobierno, deberíamos aceptar que esta ha sido exitosa, como sostiene el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Según esa medición convencional, se expidieron licencias para construir viviendas de 18,2 millones de m2 en 2013, lo cual implica un récord apenas superado por el del 2011, cuando se dieron licencias para 18,7 millones de m2.

El buen comportamiento es extensivo a las ejecuciones en el Plan de Desarrollo del Gobierno: de acuerdo con sus indicadores, en diciembre de 2013 se había iniciado la construcción de 740.544 unidades de vivienda, de las cuales 386.099 (es decir el 52,13 por ciento) corresponden a vivienda de interés social, donde se encuentran registradas las 100.000 viviendas “gratis”.

El avance físico, económico y social de la actual política de vivienda puede verse también en su contribución al crecimiento de la economía, como se observa al comparar las tasas de aumento en el PIB con las del PIB sectorial en construcción, con las de las licencias para construir y con las del empleo que genera este sector. Esta es la Gráfica:

fabio_giraldo_construccion_PIB

El crecimiento del PIB de la construcción supera con creces al del PIB total. También se nota el aumento de la tasa de ocupación del sector – un rasgo característico de la construcción- que viene a ser una de las más importantes políticas sociales: la generación de empleo directo (sin contar su gran potencial en la generación indirecta de ingresos).

Sin embargo, y pese a los anteriores resultados, el gobierno no atina a realizar una regulación sistémica. Presenta estrategias donde articula d manera problemática las políticas de crecimiento y empleo con la atención social de la pobreza y la pobreza extrema.

El balance muestra cómo se avanza en los objetivos económicos, sin resolver la desigualdad. Y aunque el programa de las 100.000 viviendas “gratis” en una medición absoluta es muy exitoso, en términos relativos aumenta en algunos casos la desigualdad y con ella el déficit de vivienda.

Crecimiento sin desarrollo humano

Pero debemos partir de la base: este no es un problema exclusivo de la política de vivienda sino del conjunto de las políticas de desarrollo humano de Colombia. La economía crece, se genera empleo, la pobreza disminuye, etc., pero la mala distribución del ingreso y la riqueza no mejoran.

Hay mejor coordinación a favor de las políticas de inversión y crecimiento globales, pero no se logra el mismo balance a nivel territorial.

Las mediciones solamente a través del crecimiento son problemáticas, pues el desarrollo humano implica que las personas cuenten con las capacidades suficientes para llevar sus planes de vida, teniendo la libertad y la garantía de justicia social, no solo individual sino colectiva.

El goce efectivo de los derechos en un territorio geográficamente definido es inconcebible con alto crecimiento económico y con bajo desarrollo social. Una persona puede recibir una vivienda “gratis” y sentirse feliz cuando le entregan la llave para ser propietario, aun sin tener posibilidades efectivas del disfrute pleno de sus potencialidades.

En las regiones el problema es más complejo, pues allí, a pesar del buen comportamiento económico, las condiciones suelen ir acompañadas de situaciones cercanas a la indigencia.

Especulación y burbuja

Sin duda, el sector de la construcción ha crecido bastante, pero lo ha hecho en un contexto de especulación de precios sin antecedentes en la historia del país, tanto en vivienda nueva como en la usada.

Como es obvio, la dirigencia gremial exalta los éxitos de la política y dice que “no hay burbuja inmobiliaria, solo es un problema de oferta y demanda”. El gobierno acepta la tesis y, en lugar de entrar a regular las tendencias oligopólicas del mercado, celebra los éxitos empresariales como si fueran propios.

Y en verdad, como el sector es importante para el crecimiento y la cartera de vivienda representa menos del 4 por ciento del PIB, cifra muy pequeña con respecto a los países donde se ha presentado burbuja inmobiliaria, se acepta alegremente la escandalosa especulación en los precios del bien, con efectos sobre la vivienda costosa y sobre la vivienda construida para los sectores más pobres del país.

Sin embargo, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) entre 2005 y 2013 los precios de la vivienda nueva subieron 6,7 por ciento anual mientras que los de la vivienda usada lo hicieron en un 7,4 por ciento, al tiempo que el ingreso disponible de los hogares aumentó un 4,5 por ciento anual en el mismo período.

Los reportes de Fedesarrollo son contundentes sobre este asimétrico comportamiento: “Durante la última década, el precio de la vivienda en Colombia ha evidenciado un crecimiento sostenido que lo ha ubicado en los máximos históricos en la actualidad. En efecto, tras un incremento real de más del 90 % en el periodo 2004-2013, el índice de precios de vivienda usada, se situó en niveles incluso superiores a los expuestos a mediados de la década de los noventa”.

La vivienda nueva de los estratos altos ha alcanzado los 16 millones por m2 y, como suele ocurrir, toda esta bonanza de precios se transmite al conjunto de la cadena de valor del sector, afectando los precios relativos de la totalidad de los segmentos del mercado, incluidos los precios básicos del sector: tierra, financiación, hierro, ladrillo, cemento, etc.

En un insumo básico estratégico como el cemento es crucial una regulación adecuada, y en Colombia este insumo se ha vendido muy por encima del precio del mercado, no solo interno sino externo, a pesar de que su proceso de producción se realiza en el país.

Los oligopolios, una característica de la producción del cemento, pueden establecer precios por encima de los costos marginales, y al actuar en un marco institucional donde las productividades marginales del capital crecen muy por encima de la producción y de la productividad del trabajo, profundizan las desigualdades y ocasionan en la práctica una devaluación de las partes débiles de la sociedad en sus ingresos y salarios.

Una situación como esta ofrece, en la práctica, un caso paradigmático para corroborar las preocupaciones del libro más discutido actualmente: Le Capital au XXIe Siècle, de Thomas Piketty, según el cual las rentas de capital siempre superan al crecimiento económico, y por ello la política pública, si pretende reducir las desigualdades, debe situarse sin contemplaciones al servicio del interés general.

Este es un problema serio en el país y mucho más grave en el territorio. Pero ese es el tema de una próxima entrega.

*Economista, miembro de número de la Academia Colombiana de Economía.

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