Índices internacionales sobre Colombia: ¿buenas noticias?

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Por: Marco A. Velásquez Ruiz / Razón Pública.

Los escalafones económicos internacionales donde Colombia aparece como un caso prometedor, están determinados por visiones ideológicas que conciben el desarrollo como libertad de mercado pero no como sinónimo de bienestar social.

Tres informes recientes

Hace unos días Marcela Anzola presentó en Razón Pública los resultados de Colombia en los índices llamados “de clima de negocios”, “de libertad económica” y “de competitividad” según los últimos informes del Banco Mundial, la Heritage Foundation y el Foro Económico Mundial, respectivamente.

La autora sugiere que pese a ciertos problemas de confiabilidad de los datos, esos índices miden la percepción de los inversionistas sobre las condiciones de cada país, para concluir que si bien la posición de Colombia ha mejorado gracias a algunas reformas legales, quedan aspectos como la corrupción, la inseguridad y la vulnerabilidad del sistema judicial donde estamos claramente rezagados.

Que miden los tres índices

A partir de lo dicho por Anzola, me propongo ahondar sobre lo que implican aquellos índices para la definición del modelo económico de un país.

En efecto: los indicadores son herramientas numéricas para representar hechos o comportamientos, referidos a un estándar que se supone deseable (como decir, la estabilidad jurídica) o indeseable (como decir, la corrupción).

Los indicadores simplifican la realidad para hacerla comprensible, susceptible de calificación y comparable. Debido a su carácter técnico, suelen considerarse como instrumentos neutrales que además crean puentes entre comunidades diversas (por ejemplo, entre abogados y economistas) en asuntos de interés general.

Los indicadores sobre clima de negocios, libertad económica y competitividad se refieren específicamente a la regulación económica de los Estados, que se toma como un determinante de la movilidad internacional de capitales.

Tales informes son elaborados por instituciones comprometidas con la internalización de un modelo económico basado en el libre mercado y la baja intervención estatal, y se proponen informar a quienes “toman las decisiones”, es decir, a los inversionistas extranjeros (quienes deciden dónde invertir los recursos escasos) y a las autoridades de cada país (quienes definen las políticas tocantes a la inversión extranjera y a la operación de los demás agentes económicos).

Importa pues señalar que estos informes no pretenden medir el desempeño económico de un país sino su capacidad de proveer un marco regulatorio que permite maximizar los beneficios de los inversionistas. En el plano normativo (el del deber ser), estos índices suponen que el libre mercado y una baja intervención estatal en la economía son los pilares del modelo hacia el cual deben apuntar los Estados.

Carrera por las reformas

El propósito último de estos informes es crear un ambiente de competencia entre los Estados e inducirlos a adoptar el modelo económico que desean las tres instituciones que elaboran los informes.

En este sentido se trata de uniformar las reglas del movimiento internacional de capitales en el contexto de la globalización. Se supone que las instituciones legales afectan el comportamiento de la economía y que por tanto el marco legal debe medirse según los incentivos o desincentivos que implique para atraer la inversión internacional.

A tal punto ha llegado la influencia que este tipo de índices que hoy en día las autoridades de muchos países no solo los emplean para evaluar sus políticas económicas, sino que han creado dependencias específicamente dedicadas a mejorar la posición de su país en dichos escalafones.

Por ejemplo, en 2007 Ruanda estableció una unidad administrativa cuyo objetivo específico es mejorar la calificación del Banco Mundial en su informe Doing Business.

El papel de los índices

Subestimar la importancia de los índices internacionales sobre clima de negocios, libertad económica y competitividad, sería desconocer su alcance global o las buenas intenciones de contribuir a la generación de riqueza y la prosperidad general.

E independientemente de su contenido ideológico, los índices y los informes en cuestión son herramientas poderosas de gobernanza global o, para ser más precisos, de gobernanza a través de la información.

Se trata de procesos supranacionales con capacidad de incidir sobre la soberanía estatal, puesto que se dirigen a quienes deciden sobre la movilización transnacional de los recursos: las empresas multinacionales y sus accionistas, las compañías de seguros y reaseguros, los Estados exportadores de capital, las firmas asesoras en materia de negocios internacionales, las calificadoras de riesgo, etc.

Tres defectos de los índices

Pero caben tres críticas respecto del objetivo y el alcance de estos procesos de medición y comparación-generación de competencia:

1. Desde el punto de vista metodológico, estos índices no hacen evaluaciones significativas en materia macroeconómica, y empujan a los países a mejorar su posición en los escalafones pero no a afrontar problemas de fondo, que, por ejemplo, en Colombia tienen una marcada naturaleza social.

No es clara la relación entre la “facilidad” para hacer negocios y el desempeño económico general de un país. Incluso está demostrado que la afluencia masiva de capitales extranjeros no necesariamente acelera el crecimiento económico (y mucho menos el desarrollo humano) de los paises.

2. La preferencia ideológica de estos índices por el comúnmente llamado “neoliberalismo” contradice la libertad que habrían de tener los Estados para adoptar marcos alternativos sobre cómo deben usarse y aprovecharse los recursos escasos.

En el caso colombiano esto es particularmente problemático. La Constitución de 1991 nos define como un “Estado social de derecho” y consagra un modelo económico abierto, dentro del cual podrían adoptarse modelos o políticas económicas alternativas siempre que cumplan con los principios y fines del Estado.

¿Cuál serían entonces los lugares de la función social de la propiedad, la libertad económica sujeta al interés público, la solidaridad o la justicia social (ideas sobre las cuales se funda gran parte del orden constitucional colombiano) bajo el modelo que pretende imponerse a través de los indicadores?

3. Estos indicadores representan de manera insuficiente o inadecuada el contenido y alance de las normas jurídicas. Al tratar de reducir la complejidad de la regulación estatal para medirle en términos de estándares tocantes a la maximización de beneficios, se dejan de lado otras consideraciones, como su propósito, el contexto de su aplicación y su articulación desde la óptica del interés público.

Una visión entre muchas

El estímulo a la competencia entre legislaciones nacionales se hace pues a partir de una evidente descontextualización de las realidades de cada país.

Por ejemplo, es posible que a la luz de los índices internacionales las regulaciones tocantes al control de precios de medicamentos o a la restitución de tierras a los campesinos víctimas de la violencia en Colombia sea vista como ineficiente, ya que ellas podrían afectar los derechos de propiedad y las expectativas de los inversionistas. Pero con esto se desconoce que al mismo tiempo son políticas fundamentales para resolver los problemas sociales más importantes de Colombia.

Ni se puede reducir el derecho a su eficiencia económica, porque se trata de un sistema de principios y valores mucho más amplio y sofisticado que lo meramente económico.

Así pues, creo que hay que tomar con mucha cautela las buenas noticias que los informes internacionales traen sobre Colombia, ya que se trata de una visión entre muchas posibles sobre cómo podemos proseguir nuestro camino hacia el desarrollo y la prosperidad.

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