Paz con fin del conflicto.

Marcha-en-Colombia

Por: Horacio Duque / Desde Abajo.

La dejación de las armas guerrilleras es una materia compleja que conllevará un amplio intercambio de tesis, pues los delegados gubernamentales han salido con recursos semánticos para amañar este álgido tema al oscuro ángulo de la derrota y el sometimiento de la insurgencia.

Han sido momentos de turbulencia los que impactan el proceso de paz en días recientes. La Mesa de La Habana fue suspendida por el señor Santos con pretextos que desconocen las reglas establecidas en el Acuerdo general para la terminación del conflicto firmado desde agosto del 2012. Una de las cuales dispone que ningún hecho acaecido en el territorio nacional afectara el trabajo de las delegaciones plenipotenciarias del gobierno y las Farc. Sin embargo, el Jefe de la Casa de Nariño se valió del incidente ocurrido con un oficial en el sitio las Mercedes, en el departamento del Chocó, para intentar destruir el mecanismo de concertación orientado a la superación de la guerra como una manera de sobreponerse a los múltiples problemas que lo están debilitando en la capacidad de su gobernanza. Piensa que pisoteando lo recorrido impide su veloz desgaste. O vaya Usted a saber si lo que pretende no es otra cosa que imponer nuevas condiciones en los diálogos para despotenciar su contenido democratizador y emancipatorio. No me cabe la menor duda que eso hace parte de sus planes aventureros.

Resuelto, como parece ser, el tema del General, de sus acompañantes y de otros soldados en manos de distintos frentes guerrilleros, las cosas parecen regresar a la normalidad. El olfato político y la habilidad de la resistencia campesina revolucionaria, con el complemento de la mediación prevista de los países acompañantes, permitió una rápida salida, sorteando la provocación y la maniobra sucia del adversario que insiste en una rendición y entrega de la insurgencia agraria y popular. La paz vale más que un General. Por la paz, todos los sacrificios que sea menester realizar. Es imprescindible elevar los niveles políticos del momento, en la convicción de que un clima en el que prevalezcan los derechos democráticos de las masas es la ruta que lleve a nuevas conquistas con la movilización social que demuela las estructuras y las infraestructuras del estado plutocrático controlado por una élite minoritaria que lo utiliza para el incremento de sus fortunas y privilegios.

Todo indica que el próximo punto para conversar de la Agenda establecida sea el señalado como el fin del conflicto. Una vez se termine el asunto de las víctimas que implicó un profundo acercamiento a dicha fenomenología de la violencia, el acercamiento a la terminación de la guerra copara el trabajo de La Mesa durante un largo rato, dada la envergadura de los puntos previstos.

Varias son las preguntas que podemos plantear al respecto. ¿Qué se entiende por fin del conflicto? ¿Cuáles son las implicaciones del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo? ¿Qué se entiende por dejación de las armas? ¿En qué consiste la reincorporación de las Farc/EP a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses? ¿Cuáles son los alcances de la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las Farc/EP? ¿De qué manera el gobierno intensificara el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre; o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.? ¿Qué estrategias y acciones ejecutara el gobierno nacional para revisar y hacer las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz? ¿Que se entiende por garantías de seguridad para los miembros de la guerrilla que se incorporen a la lucha democrática y a la sociedad civil y cuál es el esquema institucional y fiscal previsto para hacerla efectiva? ¿Cuál es la estrategia para esclarecer y erradicar el fenómeno del paramilitarismo y cual el sentido de la reestructuración de las Fuerzas Armadas y los otros aparatos militares del Estado? ¿Si la firma de un acuerdo final inicia el proceso del fin del conflicto cual es la función de un armisticio y silenciamiento de las armas en la certeza de los desarrollos e implementación de cada una de las materias y reformas pactadas que son el sustento de la paz con justicia social y democracia participativa?

En primer, lugar conviene resaltar que el fin del conflicto es un proceso integral y simultaneo, no puede pretender el Gobierno desconocer este postulado intentando sacar ventajas para dejar las cosas truncas. Integral quiere decir que planes indicando pasos escalonados no corresponden a la filosofía de lo establecido. Hay que mirar todo el fin de manera holística y compleja. La paz es un diagrama. Todo interactúa dialécticamente. No es primero esto y después aquello. La simultaneidad de todas las variables es esencial.

Por lo pronto, ya hay una subcomisión de alto nivel integrada por un General y varios oficiales de las Fuerzas Armadas y por delegados de las Farc, que debate el punto del cese fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Al respecto está planteado el asunto del “desescalamiento de la confrontación” con medidas humanitarias parciales en la perspectiva de materializar una suspensión conjunta de las hostilidades. Está descartada una tregua unilateral como lo pretende la ultraderecha uribista en asocio con el Fiscal y los militares acusados de ser los autores de cientos de “falsos positivos”, ascendidos recientemente por la clase política santista y uribista, desconociendo las serias y fundamentadas denuncias elevadas por los líderes de la Izquierda democrática ubicada en el ámbito legislativo (Iván Cepeda et.al).

La dejación de las armas guerrilleras es una materia compleja que conllevará un amplio intercambio de tesis, pues los delegados gubernamentales han salido con recursos semánticos para amañar este álgido tema al oscuro ángulo de la derrota y el sometimiento de la insurgencia.

La reincorporación de las Farc a la vida civil, económica, política y cultural de acuerdo con sus intereses debe entenderse en el marco de lo que es su programa agrario y de reformas profundas del Estado y del campo político. No se trata de agenciar intereses privados contrarios a los colectivos de la nación. Por el contrario, lo que se quiere es que al término de las batallas, la sociedad, la multitud y las masas puedan proyectar un nuevo sistema de gobierno y de organización que favorezca las mayorías nacionales.

La revisión de la situación judicial de las personas privadas de la libertad, condenadas o procesadas por pertenecer a las Farc, debe llevar a la recuperación de todos los derechos políticos de aquellos que han sido objeto de montajes judiciales por funcionarios corruptos. Miles de presos políticos, miles de condenados, de sindicados, deben alcanzar la plenitud de sus prerrogativas fundamentales, cercenadas por una justicia de clase que se ensaño por años en líderes populares, en activistas de los derechos humanos, en periodistas, en sindicalistas, en mujeres y en jóvenes.

El Gobierno debe fijar claramente las acciones y los instrumentos para erradicar las redes de la criminalidad como las Bacrim y sus focos de apoyo, especialmente en la policía y otros organismos coercitivos, sustentados en la corrupción y complicidad con el narcotráfico, conformados para asesinar líderes y militantes defensores de los derechos humanos.

Las reformas institucionales para la paz son definitivas. Es indispensable un amplio ajuste del Estado en todos sus componentes, centrales y territoriales. Hay que abordar esos cambios con una filosofía democrática de la función pública y administrativa. Los delegados del Gobierno y de las Farc, deben asumir en toda su plenitud este tópico para reenfocar el Estado omitiendo el modelo neoliberal que es hegemónico en la actual institucionalidad, misma que con el nuevo Plan de desarrollo en debate, es adecuada a los protocolos de la Nueva Gestión Publica para acoplarse a los requerimientos de la OCDE, con teorías neoclásicas como la del Agente y el principal, la elección racional y las privatizaciones. Una línea especial de cualquier cambio en la maquina del Estado debe enfocarse en las Fuerzas Armadas. Dicho aparato debe ser objeto de amplias reformas para superar doctrinas anticomunistas y concepciones contrainsurgentes que se han impuesto por potencia colonialistas en los cuarteles y mentalidades de sus integrantes.

La erradicación del paramilitarismo es un prerrequisito esencial de la seguridad para los combatientes integrados a la vida civil. Será necesario adelantar profundo estudios sobre esa plaga diabólica organizada por generales, empresarios, terratenientes y multinacionales, para asesinar, desplazar y despojar millones de colombianos. No es posible, por ejemplo, ignorar hechos tan vergonzosos como el protagonizado recientemente por la clase politiquera que cínicamente autorizó el ascenso de varias docenas de generales comprometidos en los “falsos positivos” y en la organización y operación de redes paramilitares criminales.

Son todos temas muy densos que vamos a tratar en otras columnas. Pues estos ocuparan el trabajo de La Mesa de La Habana a lo largo de los meses del año 2015 que ya llega, con muchas probabilidades de extenderse hasta bien entrado el 2016. Es que la paz no opera con tiempos cronológicos. Sus tiempos son ontológicos, es decir, cuando las circunstancias lo vayan determinando.

Téngase en cuenta que el tiempo que transcurra hasta octubre del año entrante ocupara a millones de ciudadanos en la elección de alcaldes, gobernadores y otras autoridades locales. Obviamente la paz será un aspecto crucial del debate público, demandando un gran esfuerzo de los plenipotenciarios de La Habana para esclarecer entre la opinión pública lo avanzado en materia de consensos y coincidencias.

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