Post conflicto: ética y economía.

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Por: Orlando Ortiz Medina* / Notas sin Tiempo.

Con la esperanza en firme y con una cantidad cada vez mayor de colombianos convencidos de que finalmente se llegará a un acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, avanzan ya las discusiones en torno a la manera como la sociedad y el Estado deberán encarar las secuelas de más de cinco décadas de confrontación armada: lo que será la sociedad del postconflicto.

Incluso con cifras que todavía parecen sacadas del sombrero, algunos ya se han atrevido a señalar lo que serán sus costos, el impacto que ello tendrá en la economía y la manera como Estado y sociedad deberán hacerse a los recursos que sin duda se van a necesitar.

Ya se advierten medidas que en su momento tomarán su curso, como el incremento o el establecimiento de nuevos impuestos; se hacen llamados a la cooperación internacional para que mantenga su presencia en Colombia y apoye no sólo económica sino políticamente las tareas que quedarán pendientes y se convocará también al sector privado que será sin duda uno de los actores fundamentales.

De allí se espera que lleguen los recursos para la reincorporación de excombatientes, la reparación a las víctimas, los planes de recuperación que habrá que implementar en aquellas regiones que resultaron más afectadas, además de los que se van a necesitar para hacer frente a los coletazos de violencia que seguramente continuarán haciendo parte de la nueva dinámica en la que entrará el país.

Pero la verdad es que, en lo que a economía y post conflicto se refiere, el tema es de mayor factura, mucho más complejo y está más allá de la discusión sobre los posibles costos y sus fuentes de financiación, que en todo caso serán siempre inferiores a los costos de la guerra; sobre todo porque nadie nunca podrá compensar lo que en vidas humanas hasta ahora la sociedad ha tenido que pagar. El sólo silenciamiento de las armas es de entrada un paso significativo hacia la disminución de los costos que la guerra arrastra.

En la sociedad del post conflicto los asuntos de la economía pasaran antes que nada por hacerse las siguientes reflexiones:

En primer lugar, la continuidad y viabilidad de un modelo de desarrollo -y de las políticas económicas que le fueron consecuentes-, que terminó en la exclusión y la marginalidad de amplios sectores sociales, elevados índices de concentración de la riqueza y la condena de una gran cantidad de ciudadanos a padecer condiciones de pobreza o pobreza extrema, que es finalmente lo que para muchos explica el origen y desarrollo del conflicto.

En segundo lugar, la manera de hacer frente a un entorno en el que prácticas económicas legales e ilegales -explotación indebida de recursos naturales, contrabando, corrupción, lavado de dólares, cultivos de uso ilícito, etc.-, terminaron solapadas y requiriéndose mutuamente, con la participación infortunada de todos los sectores sociales; desde el campesino más pobre que sustituye sus cultivos culturales y tradicionales por la hoja de coca, el personaje que en las grandes ciudades se apropia del espacio público y vende las esquinas o cobra impuestos a los vendedores informales, hasta el gran empresario que actúa en connivencia con personas u organizaciones ligadas con las mafias y los grupos criminales.

En uno y otro caso, significa nada menos que hacer frente a la quiebra ética y moral de una sociedad en la que el afán desmedido de lucro hizo de la actividad económica un escenario más de manifestación del exacerbado individualismo, la mezquindad, la corrupción y la degradación humana.

Muchas entidades del sector privado terminaron en manos de dirigencias inescrupulosas que fraguaron todo tipo de triquiñuelas para poner a su haber los recursos que el Estado delega a su manejo, como los de la salud, por ejemplo, que afecta uno de los derechos que más pesa sobre la vida de los ciudadanos. El propio Estado fue cooptado o capturado por las mafias: entidades del orden nacional, gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, etc., quedaron en manos de organizaciones criminales que pervirtieron todo el sistema de administración y contratación pública y se hicieron con los recursos que debieron ser utilizados para el desarrollo de los territorios y la atención de las necesidades básicas de sus ciudadanos.

Así que de lo que al fin y al cabo se trata es de poner en cuestión y profundizar sobre la relación que existe o debe existir entre dos conceptos que nunca han hallado puntos de encuentro en la sociedad colombiana: ética y economía. La sociedad del post conflicto no podrá seguir siendo aquella en la que éstas sigan siendo lógicas y realidades tan profundamente escindidas; por el contrario, hay que partir de que se requiere de una indisoluble relación entre el ser y el ejercicio económico y el deber ser ético; que hablar de post conflicto implica el arribo a una sociedad imbuida, antes que por el interés egoísta, privado y particular, por la supremacía de una ética pública, la prevalencia del bien y el interés común y colectivo, y por los principios de equidad y de justicia, tan ajenos estos últimos a la realidad colombiana.

Las estructuras oligopólicas y las elevadas tasas de intermediación en el sector bancario, la altísima concentración de la propiedad de la tierra, las desmedidas tasas de ganancia de algunos sectores de la industria y el sector agropecuario, la marcada inequidad en el acceso a ingresos, la mercantilización de los derechos, la existencia de un sistema de tributación altamente regresivo etc., así como las variadas formas de corrupción y de ilegalidad ya referidas, deben entenderse como realidades en contravía de una sociedad que aspira a entrar en una nueva etapa de su historia y a superar las circunstancias que la llevaron a estados máximos de degradación, la tornaron excesivamente violenta y han mantenido al borde del colapso sus formas de existencia.

Si la transformación de estas condiciones no se produce, Colombia no logrará la madurez ni alcanzará la capacidad social, política e institucional que requiere para la solución de sus conflictos.

Lo anterior demanda la construcción de un nuevo saber, el abono de un nuevo campo de sentidos y significaciones sociales, una mutación de los cimientos y contenidos que han orientado el funcionamiento del Estado, la concepción del desarrollo y las políticas económicas que de él se han derivado; igualmente, del sistema de valores con que los propios ciudadanos han encarado sus lógicas de sobrevivencia.

Implica asumir que ética, economía y política son parte una misma dinámica y de rutas que se reclaman convergentes; que se requiere de una nueva forma de organización y funcionamiento del Estado y de sus instituciones, así como de sus relaciones con la sociedad civil. Por un lado, los ciudadanos deberán tener mayor presencia en la construcción y definición de las políticas y, por otro, el Estado deberá transformar los fundamentos de su legitimidad y recuperar su rol como responsable del interés general y de la construcción de una ética pública y colectiva. Igualmente, como doliente directo de las demandas y necesidades de sus ciudadanos, delegadas hoy al ilusorio papel del mercado y la mano invisible y su supuesta capacidad para equilibrar el acceso al bienestar y la superación de las desigualdades.

Hay finalmente un tercer elemento que es necesario considerar: el casi total agotamiento del aparato productivo interno que ha dejado la aplicación de las políticas neoliberales de las últimas décadas y que exige desde ahora una serie compleja de replanteamientos y rupturas.

Lo que hoy tenemos es una economía con elevados niveles de dependencia externa, pobres indicadores de desarrollo tecnológico y estructuras productivas que, en general, mantienen al país en desventaja en relación con los rangos de competitividad de otras naciones del mundo. Una economía cuyas políticas abandonaron el enorme potencial agrícola, pecuario y manufacturero nacional y que pasó a depender esencialmente de la exportación de productos primarios (en los últimos años en especial del sector minero y de hidrocarburos), cuya capacidad de generación de valor agregado y de empleo estable y de calidad es prácticamente nula.

El abandono del mercado interno como fuente y escenario que en otras épocas sirvió además como medio para la integración de nuestro rico y variado universo de territorios, pasa hoy una cuenta cobro por la enorme deuda que se tiene con algunos de ellos, cuyas capacidades productivas fueron abandonadas a su suerte, que no fue otra que la de caer, bien en la absoluta insolvencia de sus estructuras productivas, bien en las manos de especuladores y rentistas, o de emporios empresariales en cabeza de organizaciones criminales.

Es claro entonces que se requiere también recuperar la dimensión y el potencial de desarrollo que el país tiene en prácticamente todos sus renglones productivos. Existen sectores que reunirían las condiciones para llevar a que las empresas nacionales sean más que casas de ensamble de las empresas multinacionales; que lleven a que la economía dependa menos de los vaivenes de la economía internacional y tengan menos impactos negativos sobre el medio ambiente y las dinámicas sociales, políticas y culturales.

No se trata para nada de que la economía se sustraiga de avanzar en la búsqueda de condiciones que le permitan alcanzar un crecimiento sostenido ni de lo que significa estar en el marco de una economía globalizada y un comercio internacional cada vez más articulado; pero sí de saber que ello carece de sentido si al mismo tiempo no se recupera el fin y la razón y última y superior del Estado y sus políticas, que es la de garantizar y proteger los intereses nacionales y la vida en condiciones de igualdad y dignidad de todos y cada uno de sus ciudadanos.

Que el conflicto –aun si se supera su expresión armada- va a continuar, es natural y elemental decirlo; pues no hay sin él historias ni realidades posibles. Se verá sí cuál será la capacidad de la sociedad para transformarlo y encontrarle salidas que no sigan siendo ni las de la violencia: hija de una sociedad que se degrada cuando a sus individuos se les va haciendo imposible sentir, sufrir y mirarse en la realidad del otro, ni las de enajenarse sin ser capaz de orientar con autonomía sus propios destinos.

*Economista-Magíster en Estudios Políticos

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