A veinte años del Proceso 8.000

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Un testigo cercano del proceso recuenta y reflexiona sobre el juicio político a  Samper y sobre lo que pasó después con Estados Unidos y con el  expresidente.

Por:Fernando Cepeda Ulloa / Razón Pública

Crimen y política

La financiación de las campañas políticas ha dado lugar a escándalos en muchos países: entre otros Estados Unidos, Francia, Japón y, ahora, Chile. También en Colombia – y en  varias ocasiones- las campañas electorales han sido acusadas de corrupción.

Por ejemplo, el “carrusel de Bogotá” se debió a los compromisos adquiridos durante la campaña para la Alcaldía, y el papel del paramilitarismo en los departamentos y municipios de Colombia dice mucho sobre la relación entre criminalidad, dinero y política.

Sería sorprendente que en un país azotado por carteles de la droga, por grupos armados ilegales y por el crimen organizado, estos fenómenos no hubieran tenido incidencia alguna sobre los procesos electorales.

El mal sigue ahí

No es exagerado decir que todavía hoy los apoyos ilegales a las campañas afectan gravemente la composición de nuestros cuerpos estatales en todos los niveles.

Una sola referencia bibliográfica sirve para corroborar la afirmación. En su libro Herederos del mal, clanes, mafias y mermelada Congreso 2014-2018 León Valencia y Ariel Ávila hacen algunas afirmaciones (producto de una investigación empírica) que lo dejan a uno sin aliento.

En el prólogo explican que hicieron un seguimiento a las elecciones parlamentarias de 2014 en diez departamentos para evaluar la composición del Senado y de la Cámara de Representantes. Su conclusión es escandalosa: “70 parlamentarios elegidos (33 en el Senado y 37 en la Cámara) tienen serios cuestionamientos. Muchos de ellos son herederos directos de la parapolítica, la mayoría utilizaron grandes sumas de dinero provenientes de los cupos indicativos para hacerse elegir y algunos son señalados de presuntos nexos con estructuras ilegales vigentes”.

Más escandaloso es que el libro fuera publicado en agosto de 2014 y todavía no haya una respuesta que niegue o ponga en tela de juicio los datos que revela. Hasta este momento, por lo menos 62 congresistas han sido condenados por parapolítica y el libro nos recuerda que todavía rondan profundas dudas sobre “el Congreso elegido en el año 2014, donde el 33% del Senado se encuentra cuestionado por tener vínculos con criminales o ser herederos de la parapolítica”.

En síntesis, es indudable que el crimen organizado ha venido jugando un papel perverso en el manejo de la política colombiana. De igual manera que ahora lo hace en  México, Guatemala o Perú.

La absolución de Samper

Dentro de este contexto se produjo el escándalo del “Proceso 8.000”. Este fue el nombre que se dio al juicio político (en la Cámara de Representantes) y judicial (en la Fiscalía y la Corte Suprema) a la campaña del presidente Samper, acusada de violar las leyes electorales.

Es difícil describir en este espacio los detalles del proceso, pero convienen unas breves reflexiones sobre lo que ocurrió entonces y sobre lo que vino luego (he tratado este tema en extenso en varios libros sobre financiación de campañas políticas).

El proceso político contra Samper se adelantó en la Cámara de Representantes, inicialmente por petición del propio presidente, quien así lo solicitó en carta del 28 de julio de 1995 dirigida a la Comisión de Investigación de la Cámara.

El 1 de agosto de 1995 la Fiscalía General, que dirigía entonces Alfonso Valdivieso, remitió a la Comisión respectiva de la Cámara una copia de las declaraciones de algunas personas vinculadas al proceso.

Entonces, el representante investigador, Heyne Mogollón, ordenó abrir investigación preliminar y practicar pruebas. Esta investigación se declaró formalmente cerrada el 15 de diciembre de 1995 y, por decisión mayoritaria, la Comisión aprobó el proyecto de auto inhibitorio y ordenó archivar el expediente.

La Comisión de la Cámara consideró que no se había logrado probar el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña Samper Presidente ni comprobar el conocimiento de tales hechos por parte de Ernesto Samper. El tema de la indignidad presidencial no fue considerado.

Más adelante, la Comisión, a raíz de una denuncia formal presentada por el fiscal general, revocó este auto inhibitorio. El presidente fue llamado entonces a indagatoria por la Comisión el 26 de marzo de 1996.

Como se cuenta en el “Informe de la Comisión Ciudadana de Seguimiento Poder-Justicia e Indignidad”, “El 12 de junio de 1996 la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, por una mayoría de 111 votos contra 43, la propuesta de resolución de preclusión penal, presentada por la Comisión de Investigación, adicionada sorpresivamente –en el momento de la votación- con la preclusión de la investigación al Presidente en relación con las conductas que podrían dar lugar a la indignidad”.

La resolución de preclusión concluyó que no se demostró el ingreso de dineros del narcotráfico ni la violación de los topes electorales, y que no hubo prueba de que Ernesto Samper hubiera cohonestado la adulteración de la contabilidad. Por tanto, no se pudo probar que el presidente hubiera incurrido en conductas delictivas.

La Comisión Ciudadana de Seguimiento, promovida por Germán Sarmiento e integrada por Ciro Angarita, José Fernando Isaza, Rafael Nieto y Pedro Santana, entre otros, no solo criticó con fuerza este proceso sino que consideró que la decisión de la Cámara había sido “una verdadera aberración ética, política y jurídica”.

Además, las discusiones referentes a los topes para los gastos de la campaña fueron un verdadero galimatías jurídico, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplicó incorrectamente algunas leyes,  como la 130 de 1994, la 58 de 1985, o la 84 de 1993. Y como dijo en 1995 el presidente del CNE Manuel Urueta, las resoluciones sobre topes no eran aplicables porque no habían sido publicadas.

Sin embargo, nadie le preguntó al CNE por qué había ocurrido esto. Los medios de comunicación criticaron al Consejo de Estado por decidir lo obvio, pero no al Consejo Electoral que dejó de hacer lo necesario: ordenar la publicación de la resolución que establecía los topes.

Veinte años después

Después del escándalo del ocho mil, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos volvieron pronto al tono de amistad que las caracterizó desde la firma del Tratado Urrutia-Thompson, y en septiembre de 1997 un editorial del Washington Post llamó la atención del gobierno estadounidense sobre la necesidad de un clima que facilitara el proceso electoral para escoger al sucesor de Ernesto Samper.

Desde ese momento la relación adquirió otro tono. Horacio Serpa ganó en la primera vuelta y Andrés Pastrana resultó vencedor en la segunda de 1998. El 5 de agosto de ese año, como presidente electo, Pastrana visitó al presidente Clinton, y a comienzos de 1999 fue recibido con todos los honores en Washington. Su política de paz recibió el apoyo norteamericano con la presencia del embajador de Estados Unidos en la inauguración de las conversaciones en la zona de distensión en enero de 1999.

Sin embargo, el vil asesinato de tres indigenistas norteamericanos en febrero de 1999 produjo un cambio de actitud de Estados Unidos. Desde entonces su apoyo se  expresó en el Plan Colombia, aprobado en julio de 2000 en el Congreso norteamericano.

En agosto de ese año, Bill Clinton, quien había sufrido un juicio ante el Congreso no menos azaroso que el de Samper en Colombia, visitó Cartagena y se presentó como un cercano amigo y admirador del país.

Hoy, transcurridos veinte años de los deplorables episodios del “ocho mil”, resulta notoria la capacidad que tuvo el expresidente Samper para sobrevivir a un escándalo de dimensiones descomunales. Se dijo en ese momento que el presidente de Francia, Francois Mitterand, le había recomendado: “resistir, resistir y resistir”.

Hay que decir que el presidente colombiano siguió este consejo de manera sorprendente. Durante estos veinte años ha jugado un papel importante en la vida política de Colombia y del Partido Liberal, y con frecuencia se mencionan sus cuotas de poder en el gobierno nacional o en el distrital.

También en el plano internacional, Samper buscó mantener su vigencia por medio del llamado “Foro de Biarritz” y alcanzó el beneplácito necesario para ser designado embajador en Francia.

En ese momento (julio de 2006), el debate planteado por el entonces embajador Andrés Pastrana llevó a la renuncia de los dos grandes protagonistas del Proceso 8.000 (el denunciante y el acusado): Pastrana dimitió como embajador en Washington y Ernesto Samper lo hizo como embajador in pectore ante Francia.

La culminación exitosa de este ejercicio de resistencia de Ernesto Samper, como presidente y como expresidente, ha sido sin duda su designación como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas en representación de catorce gobiernos.  Aunque desprovisto de visa para ingresar a Estados Unidos, hoy Samper es interlocutor en distintos foros internacionales a nombre de Suramérica.

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