Medellín, la ciudad empresa neoliberal.

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Sin duda, el siglo XXI será urbano. En el 2040 más de la mitad de la población colombiana habitará en una ciudad multipolar, fragmentada, llena de redes comunicacionales e inserta en los ámbitos mundiales, una ciudad autónoma y preocupada por la devastación ambiental, que enfrentará nuevos problemas sociales originados en el múltiple cruce de grupos e individuos aún desarraigados y miserables.

Por: Horacio Duque Giraldo / Desde Abajo

Los límites de la ciudad serán oscuros y mostrarán a una ciudad de línea continua, de flujos y espacios convenientes para los proyectos globales, de sistemas económicos que inventarán nuevas formas para una explotación que se vuelva natural, gracias a una dispersión de actividades que favorezcan las diferencias sociales. Este fenómeno de las metrópolis nos abre hacia diversos trayectos que ya serpentean entre los múltiples y diarios desplazamientos para trabajar un-poco-acá, un-poco-allá, nuevas relaciones con el espacio, nuevos trayectos, nuevas formas de desplazamiento que enredarán los tiempos exigiéndoles concertarse para unir sus distintos campos de acción.

Ese naciente fenómeno urbano llevó a Edward Glaesser[1] a afirmar que nuestra época es la del  triunfo de las ciudades[2].

Los hechos le dan la razón, la gran mayoría de la población en el mundo vive en los espacios urbanos, una minoría (que es un mundo de personas, por supuesto) está en las zonas rurales. El proceso urbano se caracteriza hoy por la conformación ascendente de ciudades de más de un millón de habitantes, de las cuales en Colombia tenemos 4, y por la presencia de la ciudad global, en la  apreciación de S. Sassen[3].

En Colombia, el desarrollo urbano de las ciudades, ha sido regulado mediante los Planes de Ordenamiento Territorial/POT ordenados por la Ley 388 de 1997[4], de estos, las principales ciudades han adoptado recientemente la segunda generación, cuya vigencia se prolongará hasta los años 2027 y 2028. Los POT han sido sobredimensionados como una medicina óptima de cuya aplicación saldrían, como por arte de magia, las soluciones a los problemas de millones de personas, particularmente en temas como los de vivienda, movilidad, espacio público, convivencia, empleo, sostenibilidad ambiental, democracia, participación, comunalidad y transparencia.

Después de casi 15 años de vigencia de dichos instrumentos de planificación urbana, los resultados son bastante ruinosos. Hoy, lo que  encontramos es mayor segregación social, fragmentación y pobreza urbana. La inseguridad es rampante, el deterioro ambiental es agudo, la movilidad es un desastre, la violencia es viral, la corrupción es ubicua, el espacio público es mediocre, provocando la agorafobia y la informalidad laboral se ha generalizado.

En esos términos no es una exageración afirmar que los POT son una verdadera basura neoliberal instrumentalizada por poderosos conglomerados inmobiliarios que acumulan riquezas descomunales con el negocio de la construcción urbana de centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles y conjuntos residenciales exclusivos en las afueras de las ciudades o en los centros de las mismas mediante feroces procesos de gentrifcación (aburguesamiento) de antiguos enclaves coloniales.

Lo que en Medellín[5] hemos tenido por 15 años es una planificación[6] condicionada por los códigos del libre mercado, el eje neoliberal, lo cual ha generado los siguientes fenómenos:

– Globalización neoliberal de mercados de bienes y servicios.

– Movilidad Creciente del capital versus inmovilidad de  la fuerza de trabajo

– Redefinición  de  las  economías  locales.  Con  la  liberalización  y  el desmantelamiento  del  sistema  del Estado de bienestar  y  distributivo  desaparece  su  papel  igualador  o protector,  se borran  las  fronteras  y  emerge  la  ciudad como  unidad o módulo de  la economía global.

– Reorganización de  las economías urbanas en  torno a los servicios, el capital  financiero,  la industria del espacio y las exportaciones.

– Crisis  generalizada  de  legitimidad  y  control  social

– Crecimiento de  la criminalidad,  la  impunidad y  la  inseguridad urbanas.

– Segregación  social  espacial  creciente

– Demandas  y  desafíos  nuevos  desde  la  sociedad  civil.

Estos  son  algunos  de  los  nuevos desafíos  de  la  planificación  urbana que son desconocidos por la tecnocracia municipal.

Es hora de profundizar un amplio debate púbico sobre el POT y la planificación urbana que promueven. Es urgente para millones de ciudadanos buscar otras formas de planificación de las ciudades que consideren los intereses colectivos y comunales, pues los únicos beneficiarios de lo existente son las grandes compañías inmobiliarias que han capturado oficinas de planificación y curadurías urbanas para hacer prevalecer su descontrolado afán de lucro y acumulación.

El punto más positivo del debate en curso es el descredito de la planificación urbana clásica de corte tecnocrático que a nombre de  la ciencia reclama el derecho a determinar por sí misma  la dirección y prioridades de la ciudad. Atrapada en la producción de planes maestros de ordenamiento interminables, planes parciales y actuaciones urbanísticas,  a menudo  impracticables, que privilegian la dimensión espacial sobre  las demás, esa planificación es  criticada  hoy  por  autoritaria  y  elitista,  y  por  favorecer  los  intereses  de  especuladores inmobiliarios,  institucionalizar  la  separación  social,  y  convertirse  en  un mecanismo  unilateral  de control policial autoritario.

La ciudad empresa.

El último grito de esta ola perversa postmoderna es la glorificación de la ciudad como una empresa, el más reciente engendro del neoliberalismo urbanístico.

Después de haber sido aprobado recientemente el POT de segunda generación, la administración del Alcalde Aníbal Gaviria, la está promoviendo como una gran empresa con grandes oportunidades para los capitales internacionales; en ese sentido, recientemente se adoptó un Acuerdo en el Concejo municipal para hacer de su cadena administrativa un holding empresarial de alta competitividad, mediante la privatización de las Empresas Públicas de Medellin.

Todos estos cambios institucionales y urbanos ocurridos en Medellín en los últimos años nos permiten plantear la hipótesis de la conformación de un modelo de ciudad enganchado a los patrones fundamentales del neoliberalismo.

Hoy lo que tenemos en Medellín, es la ciudad empresa neoliberal promovida desde el gobierno municipal.

La Medellín del siglo XXI no surge en el aire. Ella está estrechamente asociada a grandes cambios económicos relacionados con la imposición del neoliberalismo.

En ese sentido, la función y la situación de la ciudad varió de modo significativo durante el momento neoliberal del capitalismo, que se puede datar más o menos hacia los años setenta. El caos urbano sistémico que produjo, y la expansión igualmente sistémica del caos que acompaña de modo creciente a la debilitación del neoliberalismo, es la principal tendencia.

Es en la  ciudad donde  las  políticas  abstractas  del  neoliberalismo  se  materializan,  toman forma concreta y se  introducen en la vida material y cotidiana de los  ciudadanos; así se vuelve posible hablar de  la  “ciudad neoliberal” o ciudad postmoderna.

No es  sólo  que  las  ciudades sean cada vez más  importantes para la  economía global y  para  la  realización  de  la  competitividad  internacional,  sino  que  la globalización neoliberal  construye actitudes y valores que  transforman las subjetividades individuales y colectivas,  los  imaginarios urbanos y las  identidades de  los  grupos sociales. Lo  hace,  por supuesto,  acorde  con  las  exigencias del mercado y  la  empresa como modelo sublime de organización social,  con  efectos  radicales  sobre  las  expectativas  ciudadanas  en  esferas básicas de  la  vida urbana como el  trabajo,  la vivienda,  los servicios públicos,  la  salud y la  educación.

También se producen efectos importantes en cuanto al  gobierno “a distancia”  de  las  ciudades,  que pretende operar sobre  ciudadanos  responsables  por  sí  mismos  y  auto regulados.  Una consecuencia de lo anterior es que las ciudades  se convierten en lugares  privilegiados para la construcción de la legitimidad gubernamental,  la solidaridad  territorial  y  una  ciudadanía  sumisa  alrededor  del  proyecto neoliberal, mediante estrategias  locales basadas en la  reconstrucción de los derechos  y deberes  del  ciudadano,  las  formas  legítimas de  participación política, las  responsabilidades individuales,  la  relación con los demás y con el  Estado,  las expectativas frente a las  instituciones y la esfera de lo público en general. Sin embargo, este esfuerzo es siempre incompleto y provisional: tiene  que  renovarse  todos  los  días  frente a las  oportunidades  recortadas  y las  realidades contradictorias de  la vida urbana.

En más de un sentido, el gobierno urbano, y especialmente la última década de la administración descentralizada ha ido ajustando sus políticas sobre el proyecto de lo que podríamos nombrar como la ciudad neoliberal.

El neoliberalismo, como adjetivo para el sustantivo «ciudad», implica algo más que el simple hecho de que las políticas urbanas hayan estado estrictamente subordinadas a las élites urbanas regionales. La «ciudad neoliberal» define un campo de relaciones en el que esta subordinación viene determinada por el propio plegamiento de las formaciones urbanas a las condiciones de mercado, o por decirlo estrictamente a las lógicas de la acumulación. Pero para que esto se dé, la ciudad debe convertirse en algo más que el simple escenario de las fuerzas políticas y económicas que la atraviesan, como el Estado o la llamada globalización. En cierto modo, la ciudad debe mutar, y convertirse en agente económico, esto es, debe someterse a una lógica empresarial ajustada a las modalidades de la competencia y los criterios contables corrientes de costo-beneficio, que es lo que se ha proyectado con Medellín y su Área Metropolitana.

Con una batería conceptual relativamente novedosa, la geografía crítica y la sociología urbana más progresiva de las últimas décadas han tratado de comprender esta filtración del neoliberalismo como proyecto político y económico a las escalas geográficas más bajas. Por un lado, se ha señalado que la globalización financiera y económica se compone como un nuevo arreglo espacial que atraviesa todas las escalas geográficas. A nivel regional y urbano esto implica una delegación de competencias y obligaciones que antes estaban en manos de los Estados (dentro del viejo marco keynesiano-fordista) hacia las unidades subestatales.

El proyecto de la «ciudad neoliberal» arranca así de un marco institucional novedoso, de un nuevo reparto de competencias y roles de las distintas escalas geográficas y administrativas.

La característica principal de este arreglo espacial es que las nuevas condiciones institucionales permiten y a la vez obligan a los gobiernos urbanos y regionales a aceptar un gran número de competencias en materia fiscal y presupuestaria que en ocasiones abarcan ámbitos que van mucho más allá de sus tradicionales ocupaciones relativas al urbanismo y los suministros básicos. Sobre estos mimbres, el gobierno urbano se ve progresivamente sometido a las imposiciones de un  cash flow (flujo de caja) que se alimenta de los recursos fiscales disponibles en la unidad territorial, al tiempo que se ve forzado a hacer frente a un cuerpo de competencias cada vez más amplias y que en algunos casos comprenden las principales partidas del gasto social, como la educación, la sanidad, etc. El resultado es una fuerte presión sobre las arcas públicas, convertidas cada vez más en un motor de desarrollo económico regional, al tiempo que se ven compelidas a administrar con recursos escasos partidas presupuestarias esenciales para la reproducción social.

Dicho de otro modo, cuando la suerte de la ciudad parece abandonada a su propia capacidad para atraer inversiones y turistas, así como a desarrollar  producciones competitivas a nivel global, el gobierno urbano se pliega  a la figura del empresarialismo urbano, al tiempo que se ve sometido al imperativo, siempre arbitrario, de la competencia interterritorial.

Lo que está en juego en muchos casos es el abandono del principio del gobierno local como servicio público.

Lo que llamamos, de forma probablemente gruesa, «ciudad neoliberal» es, por lo tanto, algo más complejo que un gobierno urbano a favor de las clases propietarias y plenamente funcional a las necesidades de la acumulación.

La ciudad neoliberal comprende un proyecto de clase, pero también y sobre todo una arquitectura institucional que imprime nuevas obligaciones y presiones sobre los gobiernos subestatales, dentro de un marco de creciente exposición a las fluctuaciones globales de determinados mercados (de capitales, turísticos, de bienes y servicios), así como de competencia por la captación de recursos. El resultado suele derivar en una creciente fragilidad de  los gobiernos locales que, bajo la máscara de una autonomía administrativa aparentemente mayor, se manifiesta en una suerte de empresarialización del gobierno, que muchas veces deriva también en una creciente pérdida de fundamentos sólidos para las arcas públicas.

En uno de los primeros esfuerzos sistemáticos de teorizar  la política,  la  dinámica institucional y los efectos socioespaciales del neoliberalismo a un nivel  específicamente  urbano, muchos expertos ,  identifican  siete características principales : a)  la importancia de la ciudad-región como  escala clave  en  la economía global  y el  surgimiento  de  la competitividad urbana,  b)  la  naturaleza multiescalar del  gobierno urbano, con  la ciudad  como  punto de  intersección de políticas supranacionales,  regionales,  nacionales y locales,  c)  la  reestructuración de los gobiernos locales y  la  introducción de técnicas de administración prestadas de la empresa privada mediante la denominada Nueva Gestión Pública, d)  nuevas  formas  de  gobierno  y  la  promoción  de  una  cultura  de  emprendimiento,  e)  la  reestructuración  de  los  mercados  de  trabajo,  f)  privatización y mercantilización, y g)  el  auge de sector de servicios y de la economía  cultural.  Con la  suma de dichos factores se  produce  una  transformación  de  fondo enorme:  en  vez  de  un  Estado  que  regula  el  mercado,  el  mercado  actúa como el  regulador interno del  Estado imponiendo su ethos de  productividad  y  eficiencia,  mecanismos  de  control  y  evaluación más técnicos  que  políticos,  y  el  consecuente agregado autoritario  del neoliberalismo;  todo  lo cual se asienta y se  siente en  todo  su peso a escala urbana del  mercado:  encadenamientos hacia  adelante y hacia  atrás,  derrames  tecnológicos, mercados  laborales densos,  fuerza  laboral calificada, alta  inversión  pública  en  infraestructura  y  estructuras  productivas  avanzadas.

Dentro del marco neoliberal, en referencia a la intervención urbana, el Estado deja al mercado la regulación de la tierra. Esto da como resultado políticas urbanas y funcionamiento de los mercados de suelo (precios altamente irracionales) que reproducen ciudades económicamente desiguales, con exclusión política y social, segregación espacial e insostenibilidad ambiental. Se genera también la venta de reservas de tierras estatales para facilitar las inversiones extranjeras en proyectos inmobiliarios, directamente a través del mercado. Esto se ha visto impulsado por un gobierno municipal ausente que vende sus tierras en busca de divisas y en busca  de redes de infraestructura que las empresas ejecutan a cambio de venta de tierras a  precios inferiores. Por ende aquella tierra que debía estar destinada a resolver las  problemáticas de vivienda de los sectores más pobres de la población se convirtió en  el negocio de las clases ricas.

Medellín,  durante  los últimos años muestra algunas tendencias en ese sentido.   Por una parte, se observa una tendencia a  la acentuación de  la homogeneidad social de los barrios ricos, producto de la preferencia de sus habitantes por vivir tan alejados como sea posible de los diferentes (esto es, de las “clases peligrosas”) y en la proximidad de sus iguales. De donde, la homogeneidad social de los barrios ricos permite tomar conciencia de la ambivalencia de la segregación: ella no es nunca solamente separación, sino también siempre agregación y búsqueda de sus similares. Sin embargo, esta búsqueda de  los iguales, no significa una búsqueda de convivencia en comunidad, no obstante que el “producto comunidad” se haya transformado en uno de los más promovidos por la nueva oferta  inmobiliaria. Como señala Bauman[7], “la  ‘comunidad’ que buscan equivale a un ‘entorno seguro’, libre de ladrones y a prueba de extraños. Comunidad equivale a aislamiento, separación, muros protectores y verjas con vigilantes. En lo fundamental, se trata de una tendencia de lo que este mismo autor caracteriza como “la secesión de los triunfadores”, que tiene como manifestación culminante la tendencia a la auto guetización, la guetización voluntaria, materializada en la explosión de los condominios y barrios cerrados. Son justamente estas islas urbanas, una de las principales expresiones de la estructuración social de la ciudad de nuestro tiempo: la fragmentación social urbana como expresión de una discontinuidad o discontigüidad del tejido urbano derivado de un crecimiento marcado por un estallido y una dispersión de nuevas implantaciones, con vacíos no urbanizados y aún no urbanizables entre ellas. Donde la ausencia de articulaciones entre los pedazos en los que estalla el aglomerado urbano y la disimilitud extrema de las formas de los paisajes, tanto al nivel del tejido como al del Hábitat, así como una gran heterogeneidad de los tipos de niveles de equipamiento (de infra-estructura y colectivos) y de servicios urbanos, aparecen como rasgos distintivos de esta evolución. A ello habría que agregar las peculiaridades de las áreas ocupadas por  los  sectores medios, donde  la peri urbanización  y  la  gentrifcación (aburguesamiento)  aparecen como dos modalidades  residenciales que  influyen de manera importante  en  la nueva morfología urbana; de un  lado, una parte  importante de los nuevos grupos medios en ascenso promueven la recuperación y reconversión de una parte de las antiguas áreas centrales. Y, de otro lado, una parte muy significativa de los sectores medios más tradicionales, motivados por su preferencia por la vivienda individual y, también, por su aspiración a condiciones de vida diferentes a las que pueden tener en las partes más inseguras, congestionadas y contaminadas de la ciudad, se desplazan hacia un periurbano semi-rural, que por esta misma razón tiende a crecer de manera incontrolable. Estas dos tendencias, gentrifcación y periurbanización, marcan dos de las velocidades que caracterizan la transformación de la ciudad actual. Por otra parte, en contraposición a estos mundos de la riqueza, el panorama  se  completa  con  la  ciudad de  los  tugurios y ranchos, que se constituye en un componente ineludible de la ciudad de la tercera revolución urbana y caracteriza la tercera velocidad, la de la relegación.

Con el neoliberalismo, la imagen que emerge es la de una ciudad mucho más dividida en dos partes que incluso la que provocó las discusiones sobre la ciudad dual[8] en los años ochenta. No solo está la recalificación urbanística de zonas del centro de la ciudad y los diversos enclaves y complejos enriquecidos por inversiones de capital y negocios en contraste con las crecientes zonas de tugurios. Esa existente dualidad geográfica económica de la ciudad contemporánea se ha intensificado, pero también ha sido petrificada por la infusión política de un nuevo régimen de seguridad. Ciudades valladas, enclaves y urbanizaciones para ricos junto a una floreciente seguridad privada  y transporte seguro son la norma para cada vez más núcleos privilegiados; aumento de policía patrullando el espacio público, vigilancia, represión y la militarización de las patrullas de vigilancia donde no estaba militarizada anteriormente son las nuevas normas para muchos de los pobres.

La concentración de ingresos  en  aquellos  sectores  económicos  y  sociales  articulados  a  la globalización resultó  en la profundización de diferencias en el mercado del suelo, en la  fragmentación urbana, la segregación socio-espacial , la implantación de “islas”  y “archipiélagos”  urbanísticos para  los ampliados servicios financieros,  tecnológicos y de negocios  internacionales,  las  unidades  residenciales cerradas. Los mega-proyectos infraestructurales en función de las empresas  multinacionales  y  élites  locales,  el  descuido  y  deterioro  del hábitat de  los  sectores populares, etc.

Estos  fenómenos constituyen el  eje  de  la  reciente  geografía  urbana  de  la globalización  en  Medellín,  con  estudios  importantes  sobre  la metropolización,  las  transformaciones  en  la  estructura  urbana,  los patrones de segregación, las desigualdades socio-territoriales,  los  espacios  de  las  élites  y  las  condiciones de vida.

Tal vez  la  implicación más importante de este fenómeno se concreta en  la esfera de la vida urbana cotidiana.

Sin embargo, este hecho  trae  implicaciones importantes para las políticas de  desarrollo  urbano-regional y la  práctica  de la planeación. Las políticas territoriales nacionales en las últimas décadas han buscado eliminar las  diferencias entre las  ciudades y regiones,  mediante la distribución homogénea de  las actividades productivas y  sus  efectos sociales; la  estrategia contemporánea neoliberal enfatiza la exploración de las diferencias. Este fenómeno ha sido descrito como el  ajuste territorial  en función de la acumulación del capital que está claramente establecido en el Sistema de ciudades promovido por el Departamento Nacional de Planeación[9].

En  otras  palabras,  las  ciudades-región  de  ahora  -en  su  organización,  infraestructura,  equipamientos,  instituciones,  fuerza  laboral  y  cultura- deben  ponerse  al  servicio del capital nacional y transnacional.

Este hecho trae sus propias contradicciones. Las promesas formales nunca se cumplen plenamente y las condiciones materiales de amplios sectores de la  población se deterioran en términos absolutos o  relativos.  Dado que  es  en  las  ciudades donde se viven y se experimentan estas contradicciones  neoliberales,  son  las  administraciones  urbanas,  y  no  tanto  los  gobiernos nacionales,  los que tienen que enfrentarlas, manejarlas, gestionarlas, en lo  que se ha denominado un esfuerzo permanente de “administración de crisis” . Una buena parte de  las  políticas urbanas  relacionadas con los proyectos urbanísticos, el espacio público, los programas de cultura  ciudadana,  los  presupuestos  participativos,  la  gestión  ambiental,  etc., funcionan en este sentido: la creación de sensaciones de integración y bienestar social. Y una buena parte del éxito o no de un alcalde depende de su  habilidad  de  captar  la  imaginación  y  la  voluntad  de  cooperación  de  la  ciudadanía  en  este  entorno  urbano  vivencial ,  incluso  convirtiendo  a  los  pobres en autogestores de su propia desgracia.

Siguiendo  la  tesis  de   Harvey[10] sobre el  neoliberalismo como  “acumulación por desposesión”, el  impacto más  drástico de la  reestructuración global de la  economía ha tenido lugar no en los  países desarrollados sino en las economías emergentes, y con consecuencias devastadoras. La  globalización  neoliberal  constituye  nada menos  que  el  “segundo  saqueo”  de nuestro país y ciudades, cuyas economías adquirieron la tarea triple de servir la deuda externa,  actuar como eslabón  inferior de la cadena de  transferencia de  riqueza  hacia arriba y hacia afuera, y sostener las élites locales cada día más reducidas pero a la vez más ricas y globaIizadas. En consecuencia, se  echó  para  atrás  el  proceso  de desarrollo nacional,  instaurando  una  economía altamente informal  y una ciudad neoliberal predatoria.

La  globalización neoliberal ha impulsado el proceso de urbanización  (especialmente en  las  grandes metrópolis),  a su vez acentuando y dando nuevas  dimensiones  a  sus  características  preexistente élites  ahora  desterritorializadas,  segregación  socioespacial  aguda,  urbanización  de  la  pobreza,  degradación  del  trabajo,  crisis de  legitimidad de  los  gobiernos  locales,  informalidad  e  inhabilidad  de  los  asentamientos  populares,  economías ilegales, y un nuevo desorden tanto en la institucionalidad como  en la vida cotidiana.

Es cuestionable, entonces, el papel de la planeación urbana en el  proceso de “gobernanza económica” de la  ciudad; urge una  planeación alternativa” desde abajo”, contestataria y humanizante, basada  en el  re[11]conocimiento de la diversidad y la resolución creativa de las contradicciones urbanas.

La transformación de Medellín en una empresa neoliberal hay que asociarla, por supuesto, con la creciente importancia de los negocios inmobiliarios en el desarrollo urbano propiciado por  la velocidad con la que se mueven enormes masas de capital, el debilitamiento de la intervención estatal en la gestión urbana y la competencia entre ciudades que buscan atraer inversiones.

El fenómeno, de alcance mundial, se verifica también en Medellín. Estas inversiones se orientan a construir grandes complejos comerciales, modernos edificios de oficinas y lujosas residencias que, aunque pueden contribuir al crecimiento de la ciudad, también profundizan la fragmentación y las  desigualdades territoriales.

Las inversiones inmobiliarias privadas han provocado una aguda intensificación de la mercantilización del desarrollo urbano.

En una primera aproximación, el fenómeno solamente puede entenderse en el marco de la creciente movilidad del capital producida por la globalización financiera que comenzó a procesarse e intensificarse en las últimas décadas del siglo pasado, y se profundizó bajo los efectos combinados de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la aplicación de políticas de liberalización económica, desregulación y apertura externa. En este escenario, la recuperación del crecimiento económico en numerosas ciudades imbricadas en la dinámica globalizada las ha convertido en escenarios privilegiados para la valorización de los capitales móviles.

Ahora bien, ¿cuáles son las tendencias específicas de esa dinámica que permiten hablar de la creciente importancia de los negocios inmobiliarios como un fenómeno diferenciado respecto de la fase anterior? Tres tendencias, constitutivas de la nueva fase de modernización capitalista que se configuró a partir de la crisis del fordismo, aparecen como la causa principal del desencadenamiento y el fortalecimiento de la mercantilización del desarrollo urbano:

– En primer lugar, la incontenible financiarización de la economía mundial que, con el estímulo de las políticas de desregulación, privatización y liberalización, cobró mayor impulso desde mediados de los 70.

Esto generó un sustantivo aumento de la oferta de capital, una parte importante de la cual se orientó hacia la inversión inmobiliaria.

– En segundo lugar, el abandono de los esfuerzos por promover una planificación urbana racional y democrática  y su reemplazo por un enfoque en el que priman los criterios de neutralidad y subsidiariedad del Estado. Esto contribuyó a consolidar una situación en la que las decisiones y las acciones privadas pueden desplegarse con mucha más autonomía y libertad que en el pasado.

– Finalmente, la generalización, en el marco de este nuevo enfoque de gestión urbana, de estrategias de competitividad urbana y  city marketing, mediante las cuales las autoridades de un número creciente de ciudades buscan, explícita y deliberadamente, atraer capitales externos. Esto ha contribuido a aumentar la inversión inmobiliaria privada y potenciar su rol en la transformación urbana y metropolitana.

Estas tres tendencias explican que la actual situación, radicalmente diferente de la de la ciudad industrial, se caracterice por la creciente importancia del papel de la inversión privada y, consecuentemente, por la imposición de una lógica más estrictamente capitalista en el desarrollo urbano.

Al mismo tiempo, esta situación está relacionada con el impulso, con diverso énfasis e intensidad según los países, de un conjunto de reformas estructurales, orientadas fundamentalmente por los postulados de un nuevo discurso teórico-ideológico que se impuso en simultáneo con el avance de la globalización. En este contexto, Colombia fue escenario de un experimento, bautizado generalmente con el eufemismo de «ajuste estructural», que generó diversos cambios sustantivos en política económica, que más tarde se formalizaron bajo la etiqueta del «Consenso de Washington».

Como parte de este proceso, se observa un incremento de los negocios inmobiliarios en las principales ciudades, lo cual ha generado un efecto decisivo en la metamorfosis urbana.

Globalización financiera e inversiones inmobiliarias

Como ya se ha señalado, el primer cambio importante que ha contribuido a intensificar la convergencia de un volumen creciente de capitales móviles hacia las grandes ciudades es la financiarización de la economía mundial iniciada en la década de 1970, que se consolidó y profundizó posteriormente con la aplicación de las políticas de liberalización y desregulación. Desde entonces, la organización y el funcionamiento de la economía mundial han estado asociados a un persistente incremento de los flujos de capital, lo cual fue impulsado por una gran variedad de mecanismos e instrumentos introducidos y perfeccionados bajo la propia dinámica de la globalización financiera.

Estos mecanismos e instrumentos (fondos de pensiones, fondos mutuos, seguros, fondos bancarios, hedge funds, sociedades de inversión, etc.) han permitido movilizar cotidianamente, y en tiempo real, una enorme masa de capitales de diversa procedencia hacia los más variados destinos. Al abolir las fronteras nacionales, la liberalización financiera ha creado las condiciones para una circulación de los capitales sin trabas, a escala internacional. Las NTIC (nuevas tecnologías de la información y la comunicación) han amplificado esta evolución permitiendo a los capitales desplazarse a la velocidad de la luz a través del planeta. La liberalización financiera y las NTIC han abolido las dimensiones espacio-temporales: los capitales circulan instantáneamente y por todos los lugares. Es el triunfo de la economía virtual a gran velocidad.

En este contexto, los flujos de capital traspasan cada vez con mayor facilidad las fronteras nacionales, que aumentan su porosidad. Y es que, además de los cambios impuestos por la globalización, los propios Estados nacionales han implementado medidas para desnacionalizar ciertos componentes particulares de lo nacional, con el deliberado propósito de permitir su articulación a los circuitos globales, como dice Sassen. En sintonía con la lógica de la globalización, los gobiernos han buscado instaurar un level playing field en sus respectivos territorios, es decir, un terreno de maniobras que permita el libre despliegue de las estrategias de las empresas, sea para ampliar el mercado, sea para minimizar los costos, sea para las dos cosas a la vez.

Bajo estas reglas del juego, la nueva geografía se articula en torno de circuitos «desnacionalizados» y «desfronterizados». Las grandes ciudades –y, en especial, las grandes regiones urbanas conformadas en torno de ellas– constituyen los focos principales de acumulación y crecimiento de la economía mundial.

En esta dinámica, al tiempo que los capitales aumentan aceleradamente su movilidad por un espacio cada día más extenso, también incrementan su autonomía, respecto tanto a las indicaciones públicas como al movimiento de mercancías. La consecuencia es la consolidación de una situación en la que, el capitalismo financiero, habiéndose impuesto por todas partes, se ha liberado en todos lados del poder político y de sus variaciones nacionales para transformarse en el principio indiscutido de la organización económica de las sociedades.

Esto significa que el nuevo modelo de acumulación y crecimiento ha profundizado, prácticamente a escala mundial, la dependencia estructural de las sociedades respecto al capital financiero. En términos esquemáticos, esto puede resumirse en la forma siguiente: en una sociedad que evoluciona en esta dirección el crecimiento económico es un requisito obligado para elevar el ingreso y, por lo tanto, satisfacer las necesidades básicas de la población. El crecimiento, a su vez, está condicionado esencialmente por los niveles de inversión, y esta depende de la tasa de ganancia a la que aspiran los propietarios del capital. Los niveles de inversión de un determinado lugar están definidos por las condiciones para la valorización del capital que dicho lugar pueda ofrecer. En esa situación, frente a la creciente autonomía de los flujos de capital para escoger hacia dónde dirigirse, los lugares solo pueden incrementar su capacidad de atracción –atractividad– mejorando las posibilidades de valorizar esos capitales.

En esta dinámica estructural, se produce una incontrolable intensificación de los flujos financieros a través de las fronteras nacionales, una parte significativa de los cuales se destinó a la inversión en bienes raíces, especialmente en aquellas ciudades en las que se preveía un mayor crecimiento económico. En otras palabras, el aumento de la inversión inmobiliaria fue estimulado por la recuperación del crecimiento de ciertas ciudades, evaluadas por los potenciales inversores como lugares recomendables para la obtención de tasas de retorno más elevadas que las que podían ofrecer otros destinos. La teoría detrás de estas inversiones globales es que, a medida que estas naciones estabilizan y modernizan sus economías, se convierten en lugares más seguros para invertir y con precios inmobiliarios que continuarán en alza.

El incremento del excedente disponible de capitales para la inversión inmobiliaria también se debe a que se trata de un medio idóneo para el reciclaje de dinero procedente del crimen organizado y, en particular, del narcotráfico, un aspecto no despreciable a la hora de explicar el crecimiento de los flujos orientados en esta dirección. El sector inmobiliario entra hoy plenamente en la esfera de las actividades fraudulentas de los blanqueadores. Las inversiones de capitales ilícitos en el sector inmobiliario constituyen un método clásico y probado para blanquear dinero sucio, particularmente en los países dotados de estabilidad política, económica y monetaria. El blanqueo puede ser operado por transacciones inmobiliarias realizadas en cadena para impedir que se rastree el origen ilícito de los fondos, por inversiones de capitales criminales en complejos inmobiliarios turísticos o de esparcimiento que les confieren una apariencia de legalidad.

Pero más allá del origen de los capitales, lo central es que una parte importante de estos ha llegado a lugares de alto crecimiento económico y bajo riesgo, sitios recomendables para los negocios inmobiliarios. Diversas ciudades latinoamericanas han sido consideradas como destinos particularmente atractivos, especialmente en naciones como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá y Perú.

Al mismo tiempo, junto con el persistente incremento de los flujos de capital, de origen tanto interno como externo, se ha observado, especialmente en los países mencionados, un aumento de la demanda de una amplia variedad de productos inmobiliarios por parte de familias y empresas. Esta nueva realidad, especialmente relevante en las grandes ciudades que exhiben tasas de crecimiento elevadas o estables, genera una transformación de sus respectivos paisajes urbanos. Entre estos nuevos productos inmobiliarios se destacan los denominados «grandes proyectos urbanos» que dejan una especial impronta en las ciudades y generan un impacto relevante en su organización y funcionamiento.

Pero los efectos, aunque importantes, son limitados. Dado que la mayor parte de las grandes inversiones inmobiliarias se ha orientado a satisfacer los requerimientos de los sectores más solventes, ellas se han concentrado solo en ciertas zonas, en desmedro de las áreas habitadas o utilizadas por los sectores de menores recursos. Esto ha contribuido a profundizar las desigualdades que caracterizan la configuración socio territorial de estas ciudades.

En general, el crecimiento de las inversiones en diferentes aglomeraciones metropolitanas inmersas en el proceso de globalización ha generado un crecimiento desmesurado de la oferta inmobiliaria, generalmente acompañado por un sostenido aumento de los precios de la tierra y de los bienes raíces, lo que en muchos casos ha producido importantes distorsiones en los mercados respectivos.

Subsidiariedad estatal y nueva gestión urbana.

La adopción de los criterios de subsidiariedad estatal y el consiguiente repliegue del intervencionismo en la gestión urbana constituyen otro de los factores que contribuyeron a estimular los negocios inmobiliarios en numerosas ciudades latinoamericanas. Esto es consecuencia del agotamiento de las propuestas keynesianas que habían ganado influencia desde fines de la crisis de 1929 y que postulaban la necesidad de una intervención exógena en el mercado para controlar o regular los desequilibrios generados por el desarrollo capitalista. Superado este modelo, comenzó a imponerse un discurso teórico-ideológico que reivindicaba la liberalización y la desregulación económica.

La convicción era que las recetas basadas en una mayor intervención estatal no resultaban efectivas para conducir o regular los procesos de cambio en sociedades crecientemente complejas, tanto en el ámbito nacional como en el urbano. A medida que esta idea se fue imponiendo se produjo el abandono, hoy prácticamente total y definitivo, del enfoque del urbanismo racionalista, en especial el promovido por Le Corbusier y la Carta de Atenas.

Esta perspectiva fue reemplazada por las concepciones sobre  gobernanza y planificación estratégica, que revalorizan el papel del mercado en la regulación de la vida económica y la participación consensuada de los principales actores involucrados en las prácticas sociales.

La convicción dominante desde entonces es que el manejo de los procesos económicos y sociales debe regularse por el libre juego de las fuerzas del mercado mediante el principio de subsidiariedad estatal. Esto significa, básicamente, que el Estado debería sujetar sus funciones a un esquema de racionalidad económica en el que estarían claramente diferenciadas las actividades públicas y el nuevo papel del capital privado, núcleo de las capacidades y la iniciativa individual. Por consiguiente, se debería tender a consolidar un Estado que en materia económica solo se encargara de regular, supervisar y vigilar que las relaciones de mercado se realizaran de acuerdo con los marcos legales establecidos.

El resultado de este enfoque fue una drástica reducción de la intervención y de la inversión pública y un renovado protagonismo del capital privado. Esta perspectiva de administración urbana hizo que se pasara de una concepción que suponía un manejo de corte gerencial a otro de tipo empresarial, bajo el supuesto de que los beneficios positivos serán obtenidos por ciudades que asuman una postura empresarial en relación con el desarrollo económico.

El abandono de las ideas y las propuestas «gerencialistas» se evidencia en el convencimiento acerca de la inoperancia del urbanismo racionalista y el creciente consenso en cuanto a que la coherencia del proceso no se deriva de una imposición de una doctrina urbanística bajo la coacción de la autoridad, puesto que la autoridad política no es la única base de una racionalidad espacial, detrás de la cual no se encontraría más que el caos, tal como había sido postulado por el urbanismo racionalista.

A partir de estas nuevas premisas, se llegó a la conclusión de que la intervención política y urbanística tiene mucho más peso si se inserta en un proceso que toma fuerza independientemente de ella. Es natural entonces que la nueva política urbana comenzara a actuar de acuerdo con ese proceso que toma fuerza independientemente de ella. La idea, en suma, es que la viabilidad de cualquier proceso urbano solo podrá asegurarse en la medida que sus objetivos no sean contradictorios con la dinámica social predominante.

Esta forma de concebir las prácticas sociales, que descarta la posibilidad de una planificación normativa, tiene su fundamento en el reconocimiento de que los procedimientos practicados por los poderes públicos no son sino uno de los componentes de procesos en los que se combinan, según modalidades muy diversas, lógicas públicas y lógicas privadas, evoluciones ‘espontáneas’ e intervenciones planificadas, racionalidad técnica y elecciones políticas, experticias científicas y compromisos militantes, programación y concertación, etc.. Esta nueva perspectiva, que implica un cambio radical con respecto a las ideas y a las prácticas del siglo pasado, contiene las bases sobre las que se sustenta el concepto de gobernanza, que ahora tiende a imponerse como fundamento para la gestión pública en sociedades complejas y democráticas.

Complementariamente, y conforme a las ideas centrales del nuevo discurso ideológico dominante, se impulsaron medidas de descentralización política y administrativa, que se consideran mecanismos adecuados para acotar las atribuciones del Estado central en beneficio de la sociedad civil y de las comunidades locales. En general, la descentralización ha permitido que las administraciones locales dispongan de facultades más amplias para negociar directamente con los capitales privados las condiciones requeridas por estos para aumentar allí sus inversiones. La descentralización ha terminado por constituir un camino apropiado para el mejor desarrollo de los negocios inmobiliarios.

En efecto, al destrabar, estimular y sostener las acciones de las fuerzas sociales con más capacidad para concretar las intervenciones que, por su magnitud e importancia, tienen mayor incidencia en el desarrollo de las ciudades, se consolidaron condiciones muy favorables para que estos capitales operen con creciente autonomía. Esto ha hecho que los negocios inmobiliarios jueguen un papel todavía más importante que el que habían tenido en el pasado. En algunas regiones metropolitanas, verdaderos mosaicos de poderes públicos locales, la competencia entre diversas municipalidades conduce a una superoferta de este tipo de mercancía, inmovilizando capitales en construcciones ociosas.

Por lo tanto, la gestión empresarial ha podido cumplir con su propósito de remover, debilitar o neutralizar las regulaciones establecidas en la época en que el urbanismo racionalista se había propuesto, aun con escasos resultados, controlar o regular el desarrollo urbano. Esto ha permitido estructurar un escenario mucho más ventajoso para el despliegue de la multitud de procesos privados de apropiación de espacio que marcan la esencia de la urbanización capitalista. En definitiva, esto significa que los cambios en la orientación y el contenido de la gestión lograron establecer un escenario más favorable a ciertas tendencias congénitas al desarrollo urbano capitalista que, si bien habían estado presentes en fases anteriores, no habían alcanzado la intensidad actual. Es posible concluir, por consiguiente, que la aplicación de políticas concebidas según este enfoque alternativo fortaleció aún más la vigencia de una lógica de urbanización intrínsecamente capitalista en los procesos de transformación urbana y metropolitana.

Competitividad de las ciudades y atractividad urbana

El tercer factor –además del impacto de la globalización financiera y el nuevo enfoque de gestión urbana– que mejoró las condiciones para los negocios inmobiliarios fue resultado de la competencia por la inversión externa entre los gobiernos de diferentes ciudades. Aunque en cierta forma las ciudades siempre han estado en competencia, lo novedoso ahora es que la competitividad interurbana es un componente central de la gestión urbana.

En lo fundamental, los gobiernos locales han justificado sus estrategias de city marketing mediante el supuesto de que un mayor flujo de capitales (así como también la presencia de nodos de empresas y de visitantes globales) constituye un requisito para incrementar la capacidad productiva y el crecimiento. Esto, a su vez, sería una condición necesaria para aumentar los niveles de empleo y de ingreso y, por último, para asegurar una mejor calidad de vida para los habitantes.

En concordancia con estos objetivos, por lo general las inversiones inmobiliarias han sido altamente valoradas por las administraciones urbanas, al considerar que inducen la activación de la industria de la construcción, y a su vez esta, por sus efectos en términos de encadenamientos productivos y por su capacidad para generar empleos, beneficiaría el crecimiento general de la ciudad. Por estas razones, se ha tendido a establecer condiciones especialmente favorables (y permisivas) para la atracción de inversiones de esta naturaleza.

Desde otro punto de vista, el city marketing, se fundamenta en el reconocimiento de que el avance de las tendencias a la «desfronterización» que afecta a los recursos de alta movilidad –y en especial al capital– ha permitido escoger con mucha más autonomía que en el pasado los lugares de destino, en un espacio de acumulación que ha ido adquiriendo cobertura mundial y en el que, por lo tanto, cada día hay muchos más competidores en pugna. Frente a ello, cada lugar trata de potenciar su capacidad para atraer los flujos de capitales móviles. Las inversiones toman crecientemente la forma de una negociación entre el capital financiero internacional y los poderes locales, y estos hacen todo lo que está a su alcance para maximizar la atractividad local como un aliciente para el desarrollo capitalista.

Al generalizarse estas estrategias, se configuró una situación mucho más propicia para el despliegue de los capitales interesados en los negocios inmobiliarios: por un lado, un número creciente de potenciales inversores buscaban lugares que les ofreciesen mejores condiciones para valorizar sus capitales, al tiempo que, por otro lado, una cantidad también creciente de lugares intentaba atraerlos. Esto es, la disponibilidad y oferta de capitales para este tipo de inversión aumenta conjuntamente con la demanda por ellos.

Sin embargo, cuando se analizan las motivaciones de los inversores inmobiliarios, no hay que soslayar que el sector privado, con conocimiento de causa, no realiza inversiones no rentables, sin importar lo socialmente loables o deseables que puedan ser, y las principales opciones para los gobiernos locales son a menudo tratar de oponerse a los desarrollos privados o trabajar con ellos. En base a esta idea, no hay dudas de que, en una economía capitalista, quienes invierten en respuesta a los estímulos que ofrecen estas estrategias, lo hacen motivados por objetivos que no son ni la generación de empleos, ni el mejoramiento de la calidad de vida de las ciudades de destino, sino, lisa y llanamente, la posibilidad de aprovechar las ventajas que cada ciudad puede ofrecer para realizar buenos negocios.

No obstante, pese a todo, hay abundantes ejemplos que indican que cada día más administraciones urbanas promueven estrategias de esta naturaleza, muchas veces mediante ambiciosos programas de cosmética urbana, que se considera un componente imprescindible para promover a la ciudad respectiva en la vitrina de la red global de ciudades. Por ello mismo, los destinos inmobiliarios más ofrecidos incluyen escenografías urbanas que buscan mejorar el marketing internacional de la ciudad. Y son justamente esos destinos los que resultan más atractivos para los capitales móviles, teniendo en cuenta los retornos que las propias estrategias de competitividad urbana se encargan de ofrecer. Esto, por supuesto, les otorga poca importancia a temas como la vivienda popular o la infraestructura básica para los sectores mas pobres.

Para fortalecer las estrategias de atracción de capitales, cada vez son más numerosas las ciudades que convocan a los profesionales más representativos y cotizados del jet set arquitectónico internacional, cuyos nombres constituyen poderosos anzuelos para la promoción externa. Hoy, contar con un artefacto firmado por un star architect del renombre de Norman Foster[12], Frank Gehry[13], Santiago Calatrava[14] o César Pelli[15], entre otros, constituye un activo invalorable para el correspondiente marketing urbano.

En los últimos años cada vez más ciudades colombianas, incluida Medellín, han optado por estrategias de este tipo y hoy muestran paisajes urbanos marcados por un número creciente de íconos o emblemas concebidos con estos objetivos.

Por otra parte, prácticamente en todos los países que han logrado avances en los procesos de globalización se comprueba que las principales ciudades han comenzado a mostrar un importante crecimiento de la inversión inmobiliaria en un diversificado conjunto de artefactos representativos: complejos empresariales construidos como «edificios inteligentes» según normas y diseños estandarizados globalmente, entre los que los rascacielos aparecen como la máxima expresión; hoteles de lujo de las más variadas cadenas internacionales, también concebidos según patrones internacionales; enormes y lujosos centros comerciales diseñados como verdaderos «no lugares» (Augé); barrios amurallados y protegidos para sectores de altos ingresos; llamativos museos donde el continente puede contar más que el contenido, etc. Todas estas con- figuraciones arquitectónicas están contribuyendo a afirmar una tendencia hacia una mayor homogeneización del medio ambiente construido.

Al mismo tiempo, como parte de las estrategias de competitividad urbana, también se ha comenzado a promover operaciones inmobiliarias de gran magnitud para la realización de grandes proyectos urbanos, que buscan replicar modelos ya impuestos en el mundo desarrollado, como La Défense en París[16], Postdamer Platz[17] en Berlín y Canary Wharf en Londres[18]. Estas configuraciones, muchas veces orientadas a la generación de nuevas centralidades urbanas, también son utilizadas como un medio para mejorar el posicionamiento de la ciudad respectiva en el nuevo escenario. Ejemplos destacados de esta tendencia en América Latina son, entre otros, Puerto Madero en Buenos Aires[19], el Centro Comercial Santa Fe en Ciudad de México[20] y el nuevo centro empresarial de San Pablo en la Avenida Berrini[21].

También siguiendo ejemplos europeos, sobre todo el de Barcelona, ha comenzado a ganar impulso en América Latina la recuperación de los frentes marítimos o fluviales en aquellas ciudades que hasta ahora no habían explotado este potencial. Además del caso de Puerto Madero en Buenos Aires, pueden mencionarse, entre muchas otras experiencias, el Malecón 2000 en Guayaquil[22], la Estação das Docas en Belem[23] y la recuperación de la zona ribereña en Rosario. Todas estas iniciativas han permitido abrir y ofrecer a los negocios inmobiliarios amplios frentes fluviales.

En un balance final, se puede concluir que las inversiones inmobiliarias han tendido a materializarse ante todo en el «inmobiliario de empresa» y en las respuestas a las sofisticadas demandas residenciales de los sectores de mayores ingresos, situadas principalmente en las áreas más desarrolladas de cada ciudad. La tendencia dominante, entonces, ha sido hacia la agudización o la preservación de una ciudad desigual y fragmentada en Colombia y Medellín, en este caso concreto. Las áreas donde residen los sectores de menores ingresos continúan suscitando escaso interés como destino para el capital inmobiliario. Si esto continúa así, la conclusión es que el fenómeno de los tugurios, seguirá pendiente.

Esta situación es particularmente preocupante. Si no se logra cambiar la orientación de las inversiones inmobiliarias aquí analizada, las carencias de infraestructura y vivienda que actualmente afectan a los sectores populares continuarán siendo un problema de difícil solución. La realidad es que la vivienda sólo es un problema para las personas que buscan casa y no pueden pagarla a los precios actuales, pero no para la administración municipal, ni tampoco para la arquitectura ni para la proyección urbana, que en el último cuarto de siglo han vivido consagradas a las iniciativas espectaculares y grandilocuentes vinculadas al marketing urbano.

¿Cómo podrían resumirse los principales cambios producidos por los factores que han contribuido a intensificar las inversiones inmobiliarias urbanas?

Ante todo, los elementos expuestos permiten indicar que algunas tendencias constitutivas del nuevo modelo han incidido en la consolidación de condiciones más favorables para la profundización de una lógica genuinamente capitalista en la metamorfosis metropolitana. En este contexto, las  ciudades como Medellín se han transformado en un campo de operaciones privilegiado para los negocios inmobiliarios.

En la medida en que esta tendencia continúe afirmándose, se corre el riesgo de dejar la suerte de la ciudad casi en su totalidad en manos de los contratistas y especuladores inmobiliarios, de los constructores de oficinas y del capital financiero. Este probable destino puede ser el desenlace inevitable de las propuestas de gestión urbana basadas en las ideas de gobernanza. En efecto, la vigencia del criterio de subsidiariedad, que limita la intervención pública en la gestión urbana, junto con el incontrolable aumento de la movilidad del capital producido por la globalización financiera, del cual un volumen creciente tiende a orientarse hacia las grandes ciudades como Medellín, puede terminar otorgando una importancia cada vez mayor a estas inversiones en el desarrollo y la transformación urbana, lo que contribuye a intensificar la mercantilización del proceso de desarrollo urbano y, por lo tanto, a reducir la posibilidad de impulsar proyectos de ciudad concebidos con el propósito de mejorar la calidad de vida del conjunto de los habitantes.

Parece lógico pronosticar, entonces, que los procesos de transformación urbana tenderán a evolucionar cada vez más al ritmo de la acumulación de inversiones en busca de elevados retornos, que se localizan preferentemente en las partes más desarrolladas de la ciudad. Esto tenderá reforzar una estructuración socio territorial caracterizada por fuertes desigualdades y por nuevas modalidades de fragmentación urbana. La gobernanza se plantea como un mecanismo funcional a una sociedad con baja intervención del Estado y supone una mayor participación de los actores de la sociedad civil. Sin embargo, en las condiciones ya analizadas, en las que no todos estos actores tienen igual poder para incidir en la transformación urbana, la gobernanza, en definitiva, resulta funcional a la reproducción de la ciudad desigual en que actualmente vivimos.

Para Medellín y sus habitantes, para la gran mayoría de los sectores populares, es imperativo plantearse nuevos horizontes de movilización que vayan en la búsqueda de otras formas de construcción del espacio urbano.

Es cierto, la planificación tradicional busca ordenar el  futuro sobre  la  base  de  la  racionalidad.  Dicho  proyecto  se  apoya  en  el  supuesto  de  que  la  sociedad procede  de  acuerdo  con  leyes  permanentes  o  regulares  que  una  vez  formuladas  permitirían predecir  y  legislar  el  futuro  con  objetividad.  Los  críticos  de  este  concepto  han  cuestionado  esta aproximación  desde  dos  líneas  de  argumentación  fundamentales:  la  primera  se  basa  en  el cuestionamiento  de  la  posibilidad  de  unas  ciencias  sociales  construidas  sobre  las  bases  de  las ciencias  exactas  y  naturales. Basada  en  análisis  de  género,  preferencia  sexual,  raza  y  clase,  la segunda  se  basa  en  la  naturaleza  contestataria  de  la  practica  social  y  arguye  que  este  tipo  de propuesta no solamente se  inspira en una sociedad dominada por el patriarcado que ha  regido  la sociedad Occidental sino que oculta la realidad de un dominio patriarcal de clase. De esta manera, la  planificación  institucionalizada  se  presenta  como  una  dictadura  patriarcal  a  nombre  de  la racionalidad (que también ha sido cuestionada como un reflejo y soporte de esta racionalidad).

Ya desde la fundación de la planificación existían paradigmas de clase y proyectos alternativos que no tuvieron mucho eco.  A  partir  de  los  años  60s,  empezaron  a  surgir  otros  modelos  de planificación. Sin embargo, la mayoría de ellos seguían reflejando la racionalidad científica.

Jane  Jacobs[24]  analizo  en  detalle  la  tiranía  de  una  planificacion  totalitaria  y homogeneizadora  que  producía  ciudades  segregadas,  totalitarias  y  por  lo  mismo  inseguras  e invivibles.  Por su parte, Lefebvre arguyo que la planificación institucional era una secrecion de una sociedad dominada por el valor de cambio y que, por ende, generaba un espacio homogeneizador, represivo y cuantitativo manteniendo a raya la diferencia, la calidad y la creatividad. El papel de tal planificación es  traducir el orden social en una organización  territorial que  lo  reproduzca.

Esta  propuesta  ha  sido  rechazada  por  provenir  de  una  persona  o  una  visión  que Occidente  ha demonizado. Aquí  la planificación surge como  la búsqueda de una sociedad diferente a  la actual donde no sean las prioridades de acumulación y por ende la planificación institucional, las que rigen sino las prácticas contestatarias y la experimentación con nuevos espacios. Lefebvre ilustra estos puntos así para América Latina:

Las enormes shanty towns de América Latina (favelas, barrios, ranchos) manifiestan una vida  social mucho más  intensa  que  los  distritos  burgueses  de  las  ciudades.  Esta  vida social solo sobrevive en tanto que se auto-defiende y entra al ataque en el curso de la lucha de clases. A pesar de su pobreza, estos distritos organizan el espacio a veces tan efectivamente  casas,  paredes,  espacios  públicos,  que  generan  una  admiración nerviosa. Se trata de una apropiación de un orden superior extraordinario. La arquitectura espontanea  de  la  planificación  (formas  salvaje sí,  usando  una  terminología  elegante) demuestra  ser muy  superior  en  la  organización  del  espacio  por  parte  de  especialistas quienes traducen el orden social en una realidad territorial con o sin ordenes directas de las  autoridades  económicas  o  políticas.  El  resultado    en  el  terreno   constituye  un dualismo especial extraordinario. Y el dualismo en el espacio mismo genera la impresión muy  fuerte de que allí hay un dualismo de poder político: un equilibrio  tan amenazante que una explosión es inevitable. La impresión sin embargo es equivocada  una medida precisamente de la capacidad represiva y asimiladora del espacio dominante. El dualismo persistirá  ciertamente;  y,  en  ausencia  de  una  inversión  de  la  situación,  el  espacio dominado simplemente será debilitado. Un dualismo conflictivo, que es un estadio de transición  entre  la  oposición  (la  diferencia  inducida)  y  la  contradicción/trascendencia (diferencia producida), no puede durar para siempre; puede sostenerse, sin embargo en torno a un equilibrio considerado optimo por una ideología particular.

 Tal  anti-planificación  exigiría  una  nueva  teoría  que  trascienda  el  tratamiento  institucional  del espacio  y  la  ciudad  y que  permita  articular  las  contradicciones. Lefebvre   la describe como una ciencia del espacio:

 La ciencia del espacio debería ser vista como ciencia de uso, en tanto que las ciencias sociales especializadas conocidas como ciencias sociales se basan en el intercambio y aspiran a ser ciencias del cambio o sea de la comunicación y de lo comunicable. En este sentido, la ciencia del espacio se ocuparía de los campos de lo material, sensorial, y natural, si bien en lo que toca a  la naturaleza, su énfasis seria en lo que hemos llamado una  segunda  naturaleza:  la  ciudad,  la  vida  urbana,  y  la  energética  social,  consideraciones ignoradas por las aproximaciones basadas en una visión simplista de  la naturaleza con conceptos  tan ambiguos como  los de  medio ambiente. La  tendencia de tal ciencia iría en dirección contraria a la tendencia dominante (y dominadora) también en otro  aspecto:  asignaría  a  la  apropiación  un  estatus  practico  y  teórico.  A  favor  de  la apropiación y el uso, por tanto  y contra el cambio y la dominación.

En  este  contexto,  la  anti-planificación  emerge  como  una  oposición  transformadora  que  busca cambiar  relaciones  de  poder  y  reglas  de  juego  opresivas  por  relaciones  de  diferencia  y  las prioridades de la acumulación que sujeta a la ciudad a la tiranía del valor de cambio por relaciones de uso. Sea que estemos de acuerdo o no con  la propuesta  y  las múltiples practicas de  la anti-planificación o que busquemos un compendio entre ellas, nos encontramos frente a dos conceptos contradictorios de planificación:  la planificación autoritaria de  la  institucionalidad dominada por  las prioridades de  la acumulación y  la planificación contestataria que busca una gobernanza real, un humanismo  y  democracia  radicales.  El  punto  álgido  aquí  es  la  lucha  entre  el  autoritarismo homogenizante y la diversidad. En última instancia, la planificación es un acto de poder. Entonces podemos hablar de un poder que  impone  su agenda desde arriba, una  negociación donde  cada parte entra con la misma posibilidad de influir el resultado, o un ejercicio de contradicciones donde puede haber formaciones que incluyen varios sectores de clase bajo el control de una de ellas (ej. el clientelismo) o una lucha por imponer los intereses de una a las demás.

De  hecho  la  planificación  no  ha  logrado  ni  puede  imponer  un  dominio  absoluto  de  clase.  La democracia  representativa  ha  propuesto  una  planificación  con  participación  constreñida (planificación  participativa)  donde  se  manipulan  los  intereses  de  clase  y  donde  se  presentan muchas  combinaciones.  Para  nuestro  caso,  la  globalización  neoliberal  aparece  como  un  nuevo absolutismo  de  clase  apoyada  en  una  maquinaria  apabullante  de  propaganda  e  ideología  (las virtudes del  libre cambio y de  la mal  llamada democracia), un monopolio cada día más arraigado del poder  represivo del estado y  la dictadura del mercado. Esta planificación ha sido devastadora para la ciudad Latinoamericana y ha profundizado el sistema de transferencia de valor hacia fuera y hacia el Norte. Si queremos cambiar nuestro destino hay que desarrollar otra doctrina, otra  práctica,  y  una  planificación  contestataria  o  alternativa  a  la  que  la  globalización  neoliberal impone.

Los grandes beneficiarios de la planeación urbana y de los POT no son los ciudadanos, quienes han sacado provecho de todas estas normas, como lo muestran los resultados del desarrollo urbano, son poderosos grupos empresariales inmobiliarios., que sacan partido de la captura y control de las Oficinas de planeación y de las curadurías.

Esta propuesta de planificacion urbana alternativa debe considerar, por lo demás, el momento de quiebre del modelo neoliberal.

Es innegable que hoy la ideología del neoliberalismo ha perdido su poder. También en la práctica el neoliberalismo parece haber perdido impulso. Lo mismo que el neoconservadurismo perdió su poder ideológico después de que la guerra de Irak fracasara de modo creciente, hoy el neoliberalismo tampoco está generando nuevas ideas. Eso no sucedió repentinamente sino que se produjo a lo largo de por lo menos una década. Al menos cinco factores contribuyeron a esa pérdida de impulso político del neoliberalismo. Primero, la crisis económica asiática de 1997-1999 dejó al descubierto el fracaso del neoliberalismo en sus propios términos económicos, convenciendo a varios defensores importantes, desde Joseph Stiglitz hasta Jeffrey Sachs, a lanzar críticas fulminantes y entonar mea culpas. Segundo, la emergencia de la oposición política, especialmente en Latinoamérica, supuso un significativo desafío a un conjunto de ideas y práctica económicas que fueron impuestas al continente a comienzos de los años setenta. Tercero, y más importante, el movimiento antiglobalización de finales de los noventa y comienzos del siglo XXI —de Vancouver a Génova, de Seattle a Cancún— también dejó al descubierto la brutalidad e hipocresía del neoliberalismo; aunque se fragmentó pronto, ese movimiento merece una valoración positiva considerable por traducir la acusación al neoliberalismo en un desafío abierto. Cuarto, la guerra de Irak, encabezada por Estados Unidos y el Reino Unido, que se limitó a confundir la guerra al terrorismo con los planes políticos y económicos del neoliberalismo, fue un grave error diplomático incluso en los propios términos de la administración Bush, por no mencionar la gran incompetencia con la que se llevó a cabo. Hacia los primeros años del siglo XXI, pues, un ya anquilosado neoliberalismo fue, en el mejor caso, llenando los intersticios sociales y geográficos de un proyecto que se había estancado. El colapso económico que se produjo en 2008 con la crisis de las «sub prime», y la resultante debacle económica global, fue solo el último y quinto clavo en el ataúd del neoliberalismo. Aunque una mejoría en la caída del mercado de valores en la primavera de 2009 animó a algunos economistas y comentadores estadounidenses a predecir una atenuación de la crisis, otros, considerando de modo más global la bajada de la producción industrial y del comercio global, detectan un declive aún más pronunciado que el de 1929 que inició

Por supuesto, como siempre, la profundidad y extensión del declive económico están muy desigualmente repartidas por el globo.

La ideología neoliberal puede que ya esté fatalmente herida, pero no debemos apresurarnos a declarar el final del neoliberalismo per se. Solo si aceptamos la autorrepresentación ideológica del neoliberalismo, esto es que representó un abandono de la economía privada por parte del Estado y un regreso a mercados puramente libres y a la propiedad privada, tendría sentido anunciar el fin del neoliberalismo en cualquier cosa excepto en términos ideológicos. Un neoliberalismo sin Estado fue su propio mito. En realidad, claro, el Estado en diversas escalas nacionales, locales y globales contribuyó asiduamente por medio de la desregulación empresarial, los gastos militares, la política de la vivienda, la política de impuestos a las empresas, el desarrollo urbano, la represión social, las políticas de «desarrollo» global y la expansión de su propia iniciativa empresarial, al avance del proyecto neoliberal. Muchas de las instituciones y normas de esa época se mantienen firmes en su puesto con muy pocas alternativas coherentes a la vista. Así puede que tenga más sentido tomar prestada la afortunada frase que Jürgen Habermas aplicó en los años ochenta a la situación del modernismo, y concluir que el neoliberalismo «ha muerto pero sigue vigente».

El neoliberalismo se encuentra en un estado de atrofia, sin duda, pero su poder económico y militar aún perdura. Ha dejado a su paso, y continúa dejando, una estela de destrucción humana, tanto en los barrios pobres del mundo, como en el medio ambiente, o entre personas desposeídas por razón de clase, género, raza, nacionalidad, o por pertenecer a un pueblo indígena.

Conclusión.

Como en todos los ámbitos de la vida social de nuestra nación, el neoliberalismo ha significado la destrucción de nuestras ciudades en los años recientes, sometidas, mediante los Planes de Ordenamiento Territorial/POT a las lógicas del mercado y los valores de cambio. A pesar de haber sido derrotado, a escala global, el neoliberalismo, aun sigue vigente en nuestra sociedad causando grandes daños entre los sectores más pobres lo que plantea la necesidad de la constitución de un sujeto urbano que se movilice en defensa de sus derechos y por la construcción de ciudades democráticas y con justicia y solidaridad social, como en el caso de Medellín que nos ocupa.

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