La politización de las Fuerzas Armadas: ¿conveniente?, ¿hasta qué punto?

Colombia1

¿Qué significa que los militares no deban participar en política? ¿Por qué ahora en Colombia están tomando partido -y cuál partido-? ¿Por qué esto daña al Estado de derecho? Un análisis sereno del problema y de su historia.

Por:Armando Borrero Mansilla / Razón Pública

¿Apolíticas o apartidistas?

Hace muchos años, un viejo profesor me dijo algo que todavía recuerdo con claridad: “un Ejército apolítico es un Ejército que no conoce su oficio”. Con estas palabras el profesor aludía al carácter esencialmente político de las fuerzas del Estado.

Las Fuerzas Armadas son uno de los soportes del Estado en el plano interno y en la política internacional. Esta ultima ratio regum (último argumento de los reyes) ha sido siempre una realidad, aunque haya sido atemperada por la democracia moderna.

Si la guerra es la política, sus ejecutores son instrumentos políticos. Si el Estado moderno tiene por misión pacificar la sociedad es decir, evitar la guerra civil, sus medios coactivos son de la más pura estirpe política.

Sin embargo, en el discurso del Teatro Patria, pronunciado por el presidente Alberto Lleras en 1958, se predicó el carácter apolítico de las Fuerzas Militares, y esta ha sido la guía de la dirigencia colombiana desde entonces.

Pero tal vez la “apoliticidad” no sea el concepto apropiado. Lo que realmente se le exige a la institución es el “a-partidismo”, que significa la desvinculación de las Fuerzas Armadas de todo partido, movimiento o grupo dedicado a la actividad política.

Las Fuerzas Armadas no deben caer en la confrontación con quienes buscan alcanzar el poder. Pero esto no significa un apartamiento intelectual de las realidades políticas.

Si se hojea alguna publicación militar especializada de un país desarrollado y democrático, se puede ver que como sus militares comprenden la necesidad de una formación política profunda: para entender cuál es su papel de asesores y consejeros de los gobernantes en materia de defensa y seguridad, cuáles son los límites del poder de las armas en la decisión política, y cuál es su puesto en la sociedad.

El militar profesional contemporáneo no puede ser apenas un experto en cuestiones técnicas y un desconocedor de las realidades políticas y sociales de su entorno. Necesita elementos de crítica de su propia práctica profesional, que incluyan un entendimiento cabal del sitio institucional que ocupa su organización dentro del Estado, pues los mandos participan en procesos de toma de decisiones que no se pueden escindir del complejo mundo de las políticas públicas.

Los problemas comienzan cuando los militares se salen de marco estricto del a-partidismo, cuya esencia es la no deliberación en las cuestiones políticas. En ese punto sí es posible volver al discurso del Teatro Patria y repasar aquella advertencia que hizo Lleras: “no pueden deliberar porque si deliberan lo hacen armados”.

La restricción busca entonces evitar que el poder de las armas se utilice para prevalecer en alguna cuestión política. Si los militares deliberan, pierden la confianza pública. En ese caso el mensaje sería que el control civil se agrietó o no existe.

Conflicto interno, terratenientes y multinacionales

El asunto se complica cuando los cuerpos militares deben intervenir en el control del orden público. Existe un malentendido cuando se afirma que los militares tienen como misión exclusiva la defensa externa. Desde luego, esta es su función más importante. Pero todo Estado acude a su Fuerza Militar cuando una oposición se transforma en subversión armada y no puede ser sometida por medios policiales y judiciales ordinarios.

En estos casos lo deseable, si no se puede evitar, es una intervención episódica. Pero en Colombia los militares han estado en primera línea desde la ruptura de la normalidad tras los sucesos de 1948.

El conflicto interno y, sobre todo, su prolongación, explican la situación preocupante de la actualidad. Para entender la mentalidad de los soldados hay que remitirse a la experiencia de la institución durante más de medio siglo.

Hay que recordar que en 1944 se rompió la obediencia del Ejército al gobierno con el golpe de Pasto, lo que agrietó su sujeción plena al control civil. Poco después, en 1948, los militares tuvieron que salir de los cuarteles y así han seguido hasta ahora.

Primero fue la politización partidista alrededor de los partidos tradicionales. Esa politización liberal-conservadora fue superada en los años 1950, y dos situaciones especiales marcaron este cambio: la participación de Colombia en la Guerra de Corea y el gobierno del general Rojas Pinilla.

La primera puso a los militares en contacto con la mentalidad de la Guerra Fría, polarizadora y maniquea. Se les dibujó entonces un enemigo claro: el comunismo. La segunda, los puso por encima (¿o a un lado?) de los partidos tradicionales.

La politización fue intensa por el anticomunismo cerrero que se vivía en América, pues aquí no fue posible integrar a los partidos comunistas en la democracia parlamentaria, como se logró en buena parte de la Europa occidental.

El conflicto no solamente empujó a los militares a la ideología de la contrainsurgencia, sino que puso a la institución en contacto con fuerzas sociales que a la larga se convirtieron en aliadas de los militares.

Quienes necesitaban una protección privilegiada y podían movilizar recursos para conseguirla fueron los terratenientes, precisamente la clase social más refractaria al control del Estado, tradicionalmente conservadora (en lo que coinciden con la mentalidad militar) y  la más amenazada por las guerrillas. Dicho de otra manera, el Ejército se alió con la clase social que también podía ver en la insurgencia a su “enemigo verdadero”.

Los propietarios de la tierra apoyaron con sus recursos económicos a los militares, especialmente en épocas de austeridad estatal y en rubros como los combustibles para la movilidad y otras necesidades cotidianas.

Los terratenientes fueron también puentes tendidos hacia vecindades más peligrosas, como el paramilitarismo. En algunas regiones del país este fenómeno es indesligable de los estímulos de los propietarios de la tierra a las Fuerzas Armadas y del surgimiento de terratenientes nuevos que se enfrentaron a sus antiguos promotores.

Otro aliado en el campo fueron las multinacionales del petróleo, de la minería y de la agroindustria, que contrataban protección con las fuerzas del Estado. Unos y otros introdujeron factores de privatización de lo estatal.

Por último, también ha estado la influencia de la “puerta giratoria”, por la cual  circulaban oficiales retirados entre el mundo militar y el mundo de las empresas, en calidad de jefes de seguridad o cabezas de empresas del ramo contratadas para prestar el servicio.

Las alianzas contribuyeron a afianzar la ideología, y no podía ser de otra manera. Para entender el fenómeno de la politización militar (en el sentido de toma de partido) no se puede olvidar este “complejo” estructurado entre intereses privados, dirigencia social y fuerzas del Estado.

Maniqueísmo y deliberación

Cuando un gobierno presidido por uno de esos “enemigos verdaderos” de la guerrilla se la jugó por la apuesta militar encontró apoyo casi unánime en una opinión hastiada de los abusos de la insurgencia. Las Fuerzas Armadas no fueron ajenas entonces al entusiasmo y sus lealtades fueron, lógicamente, para quienes los apoyaron.

Todo esto sería normal si no fuera porque la ideología se fue a los extremos más simplistas en la caracterización del conflicto. Las visiones facilistas de los maniqueos, el mundo en blanco y negro, buenos y malos sin remedio ni matices, resultó lo predominante en el país.

La falta de formación política de los militares fue una de las causas que les impidió entender el papel del Estado en el conflicto y acercarse a una definición de los enemigos. Y se sabe que definir un enemigo es definirse uno mismo.

El enemigo no fue solo el insurgente en armas, sino todo aquel que oliera a cercanías ideológicas con los subversivos. Vino entonces la satanización de los sindicatos, de las ONG de derechos humanos, de grupos críticos que obraban dentro de las normas de la democracia y el rechazo de posiciones filosóficas y políticas disidentes.

Así pues, las Fuerzas Armadas están politizadas, pero no es ese el problema grande. El problema es que en ellas se delibera, así sea de manera inorgánica. Los cuarteles arden de comentarios que antes no se hacían.

No importa que mucho de lo expresado allí resulte ingenuo – las posiciones revelan una cultura política muy poco elaborada, llena de las exageraciones y caricaturas-. La deliberación agrieta la disciplina y daña el papel de guardianes desinteresados de un orden constitucional.

Así se pierde el significado de la democracia. Esta siempre ha sido débil en Colombia, pero nunca había estado tan subvertida como ahora, incluso en entidades del Estado que representan la juridicidad y el predominio de la ley sobre las morales particulares.

Con esta actitud se pone en jaque la conquista formidable de la civilización occidental, el Estado laico, neutralizador de conflictos religiosos y se cuestiona la idea de libertad individual, lo que pone a la sociedad en peligro de caer en las garras de los colectivistas, sean de corte fascista o estalinista.

Los militares colombianos no se merecen ser utilizados de esta manera. Ellos han puesto su vida al servicio de ideas como el Estado de Derecho, los derechos humanos, las libertades públicas y la democracia. No se les puede conducir al oscurantismo y al totalitarismo. Su sacrificio merece mejores respuestas.

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