Socialmente necesaria una negociación, sólo la acción política puede viabilizarla (Parte II)

En el caso de una posible negociación, y aunque se corra el peligro de incursionar en un riesgoso facilismo ético, algún día Colombia  tendrá que apostarle a una genuina ley de punto final si es que queremos colocarle diques de contención a esas ya históricas dinámicas de venganzas y contra venganzas que nos vienen desde mediados del siglo XX y que, de período en período, se han traducido en venganzas cada día más intensas, feroces e imparables.  Esa ley de punto final debería quedar inscrita e  inspirada en la justicia transicional que, al moderar las sanciones, posibilita los procesos de pacificación. En este momento de la historia del país, el gobierno debería pensar, por los menos en “mente callada”, en un proceso de negociación, simultáneo pero en espacios separados, con las guerrillas y con las bacrim, pero asumiendo a estos actores en lo que objetivamente son y no en lo que los odios, los amores y los deseos nos dicen que son.

Por: Humberto Vélez Ramirez* / Atisbos Analíticos

Aunque la coyuntura propicia para una pacificación- lo que no equivale a construir la paz- se encuentra todavía lejana, de todos depende- gobierno, guerrillas y ciudadanía- que cada día que pase el plazo se estreche más y más. Sin embargo, hacía más de una década que no había “tantos personajes nacionales e internacionales” reanimando ideas y esperanzas al respecto, incluido el propio presidente que, aunque ahora  dijo, “a estas alturas, mejor es que no se metan” (1), sin embargo, desde las primeras de nonas casi no ha dejado pasar semana sin referirse al tema.

Es claro que ninguna apuesta de pacificación logrará  salir avante sin el imprescindible respaldo constitucional, que ubica en el presidente la facultad de manejo del orden público (2): aquel, de acuerdo con su real saber y entender, decide si el abordaje lo hace guerreando o dialogando; lo que sí tendría  visos de inconstitucionalidad sería que el presidente dejara el conflicto interno armado, tal como ha sucedido con la mayoría de los gobernantes colombianos en el último medio siglo, a merced de sus propias lógicas espontáneas, factor que, entre otros, explica el carácter semi-secular que ha alcanzado. Esto no obstante, de cara a un conflicto que a nadie ha afectado tanto como a la ciudadanía, en este hecho se encuentra fundada la legitimidad de  las iniciativas ciudadanas para salir del atolladero. Recogiendo negativas experiencias pasadas, lo que sí habría que hacer sería restarle espectacularidad mediática a una posible pacificación, pero sin anular, inhibir y frenar las dinámicas ciudadanas.

En la ” PRIMERA PARTE” de este Ensayo (Atisbos Analíticos No 140, enero 2012) levantamos las siguientes tesis:

Socialmente necesaria una negociación, sólo la acción política- estatal, colectiva e individual- pueden tornarla posible y real.

En la actualidad del 2012, la situación objetiva del conflicto interno armado es del todo distinta de la que evidenciaba en la segunda parte de la  década de 1990: ahora, en lo estratégico, la relación de fuerzas es claramente favorable al Estado.

Al ser ello así, en esta coyuntura del 2012, un modelo de negociación debe ser cualitativamente distinto del  ensayado en el Caguán.

Esto no obstante, las guerrillas, en lo militar, no se encuentran derrotadas sino que, más bien, por varias  razones centrales, continúan siendo un factor protagónico  en la más  intensa perturbación del orden público, en su elevado y ya casi inviable costo de financiamiento y en un  mayor deterioro de lo poquito que a esta sociedad le resta de cultura democrática.

Presuponiendo que un momento no muy lejano la pacificación se torne viable, en lo operativo habría que pasar por una fase, que fue omitida en el caso del Caguán, y que algunos hemos llamado LA NEGOCIACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN, asunto éste al que dedicaremos lo que nos queda de este artículo.

Piezas sueltas de un punto de despegue de esta primera fase  pueden ser los mensajes soltados a volar en público por uno u otro actor del conflicto o por civiles u organizaciones serias, las Iglesias, por ejemplo, buscadas por algunos de ellos. Para obligar a obtener alguna respuesta, en ciertos casos sería importante que esos mensajes tuviesen un destinatario nominal, por ejemplo, “Señor, Presidente Santos”, o “Señor xxx del Secretariado”, o “Señor xxx del COCE”. Nada de malo presenta  el que esos mensajes tengan una amplia circulación por Medios y Redes, pero en la medida en que no terminen atrapados  por las lógicas malsanas del espectáculo mediático. En el momento en que esos mensajes produzcan burbujas positivas, cada uno- gobierno y guerrillas- se las arreglarán  para entrar en contacto y dar lugar a un Grupo Primigenio Formal, para que, invisibilizado, explore el paquete de condiciones, que cada actor anticipa para entrar en el proceso. Entonces, aunque en esta primera fase haya mucho de informalidad, ésta debe quedar disciplinada  en el “Grupo Primigenio de Exploración” o en otro que, bajo una denominación distinta, cumpla esa tarea central.

A este respecto, importa destacar  lo que pensando en Colombia ha escrito Vicenc Fisas, uno de los más importantes expertos mundiales en conflictos armados internos,

“Los protocolos de la paz requieren de procedimientos formales que no hay que saltarse…”. (3)

A ese Grupo primigenio cada representante de parte irá con una propuesta y un plan, vale decir, con un conjunto de condiciones jerarquizadas, todavía muy absolutas y atadas a su situación objetiva, así como a su  percepción subjetiva de ser “enemigo del otro”; pero, mientras no se rompa esa situación, será imposible que den un paso sostenible adelante, pues entre enemigos nunca se logra construir ese tipo de acuerdos.  Se puede decir, entonces,  que para cada actor existen dos tipos de condiciones centrales: 1. unas primeras responden a la pregunta, ¿desde qué tipo de relaciones puedo hablar  provechosamente con el otro? Este no es un asunto de buena o mala voluntad, pues dos enemigos sólo pueden hablar de modo provechoso si pasan a una situación objetivo-subjetiva, por lo menos, de adversarios, ubicando un referente común, que en este caso puede ser el de los intereses de la nación colombiana. Y 2. El otro tipo de condición central de cada actor tiene que ver con un conjunto de decisiones y medidas orientadas a proteger y blindar a dialogantes que todavía no han depuesto el fusil.

Hasta ahora, Gobierno, Farc y Eln han dicho querer negociar, pero lo han afirmado en contextos muy disímiles, que, en la práctica, re-significan la real disposición al diálogo. Timochenko, en una carta nominal, le acaba de decir al gobierno que quiere sentarse a conversar, que el referente de la negociación no es el socialismo sino las políticas públicas del Estado y que ingresarían al proceso pero sin condiciones. “Gabino” del Eln, hace dos días no más contestó una carta enviada por “Colombianos y Colombianas por la Paz” en la que le solicitan un cese de hostilidades como condición para entrar a conversar: contestó guardando silencio sobre el primer punto, pero precisando que “sería más conveniente que

“las partes nos planteemos la tregua bilateral, en el marco de una Mesa de Diálogos y dentro de una agenda de salida política al conflicto”.

El gobierno, por su parte, ha señalado que Santos tiene en sus bolsillos las llaves de una posible negociación, que a nadie se las entregará y que, sin desmontar la Seguridad Democrática, entraría negociar “SI”, según algunos, las guerrillas se desmovilizan, o “SI”, según él mismo, se abstienen de  toda acción “terrorista”.

Como se podrá observar “LOS ABSOLUTOS”, ligados a una situación de enemigos, todavía pesan más que los “LOS DES-ABSOLUTOS”, asociados a una  de adversarios. Habría que juntarlos formalmente para ver hasta dónde avanzan!!!   A lo mejor podrían ir hasta unas guerrillas que se acoplen al DIH, que liberen a los secuestrados y que prometan y cumplan, que no reiterarán en esa conducta; y por qué no, hasta a un Gobierno que, de entrada, no exija el desarme pues, en las condiciones que todavía revisten las Farc, de relativo poderío militar, no lo van a aceptar.

En esta primera fase de la NEGOCIACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN  también se explora rían otros temas afines o relativamente independientes, que tendrían que ver, con, 1.lugar, duración y carácter de la negociación; 2.financiamiento; 3.alcance de las reformas a realizar; 4.agenda;  5.definición reglas de Juego para el funcionamiento de la Mesa; y 6. posibles veedurías y observadores.

Importante sería que esta primera fase se  hiciese en secreto que, sólo, al final se diesen a conocer los acuerdos logrados.

Cumplida la fase de la “negociación de la negociación” y aprobado por el gobierno y las direcciones de las guerrillas el documento presentado, se entraría a la fase de la Negociación propiamente dicha, pero cuando ésta ya  posee un sólido soporte de orientación. Entonces, cada parte, procede a nombrar los negociadores.

Al respecto escribimos en Atisbos Analíticos 127,

“Al examinar las pasadas experiencias de negociación  nos encontramos con el hecho de que nunca un militar de trayectoria ha hecho parte del equipo de negociadores.

En nuestro concepto, esta ausencia conspira y ha conspirado, primero, contra la naturaleza del Estado (éste, además de una organización que le marca dirección a la sociedad, estructuralmente es un fenómeno de fuerza, un aparato coercitivo), segundo, contra la historia concreta de los militares en Colombia (estos, además de los administradores institucionales de las armas legítimas del Estado, han sido en este país un muy poderoso grupo de interés y de presión) y, tercero, contra la fuerte identidad de los militares con el Estado ( éstos, como representación simbólica, se sienten instalados en su pasado, su presente y su futuro).

Pensamos, entonces, que en Colombia ninguna negociación tendrá futuro  si en la formalización de las  grandes decisiones finales a ellas asociadas, no participan los militares como protagonistas, aunque subordinados al presidente de la República.

Constitucionalmente toda decisión en torno a los posibles desenlaces del conflicto armado, compete al presidente. Entonces, en caso de fraguar una negociación, en representación del presidente en el equipo de negociadores deberían estar el Alto Comisionado de la Paz y un Militar de trayectoria con una clara definición de funciones y de tiempos de presencia de acuerdo con las materias a negociar.” (4)

Después de examinar, de un modo crítico, lo que sucedió en el Caguán cuando fuimos muchos los que condicionamos una posible pacificación a la realización de una especie de revolución social, por varias razones pensamos ahora que las reformas estructurales deben ser las que estén más estrechamente asociadas a la naturaleza del conflicto así como a su actual etapa de evolución. No se podrá olvidar que el espacio casi natural de la necesaria revolución social que requiere el país, es el de las luchas sociales y políticas.

Digamos algo, sobre una necesaria reforma política, Al respecto ha manifestado Jorge Orlando Melo, en una posición válida pero en la medida que no se cierre a la necesidad de una reforma agraria, radical, integral y productivamente envolvente de casi el conjunto del sector y vida rurales.

“Y LO QUE HAY QUE DISCUTIR, SIN SECUESTRO, AUNQUE NO SE SUSPENDA LA ACCIÓN MILITAR DE LA GUERRILLA, ES CÓMO VA A SER EL CESE DE LAS ARMAS. No la política económica, social y educativa, pues eso lo decide el pueblo en las elecciones, sino cómo los amigos de la guerrilla se pueden organizar, con garantías, para proponer cambios a los ciudadanos, después de que hayan dejado las armas, y hayan recibido alguna forma de perdón. Por supuesto que hay restricciones para el perdón por las normas del DIH…Pero hay que interpretar estas normas sin demagogia: hoy todo es “crimen de lesa humanidad” y el término “TERRORISTA” ya no dice nada, pues se aplica a todo el que usa las armas contra el Estado, y esto es demagogia y manipulación. Hay que tratar a la guerrilla como lo que es: una organización que ha violado el DIH, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que se financia con el narcotráfico, pero ante todo, es una organización política”. (5)

Digamos finalmente algo sobre la Reforma Agraria.

En Colombia , en nuestra opinión, ni el conflicto interno armado ni los otros conflictos armados ligados ya a los paramilitares ya a esos neoparamilitares denominados BACRIM, podrán encontrar una tratamiento adecuado por fuera de una apuesta de reforma agraria, que jamás ha sido posible en esta sociedad. En las tres coyunturas históricas en la que una apuesta de reforma agraria ha mostrado alguna viabilidad en el país (las décadas de 1860, 1930 y 1970) los grandes terratenientes- de modo directo o vía la mediación política y casi siempre amenazando con la apelación a la violencia política- han obligado al Estado a respetar el estatuto jurídico de la gran propiedad, extensiva y en inmensa parte inexplotada. Por esto no es correcto hablar en Colombia de contra-reforma agraria, pues lo que siempre ha habido ha sido un proceso progresivo  y sostenido de concentración de la propiedad de la tierra. En la actualidad, la actual ley de restitución de tierras no es más que un esfuerzo histórico legal situado por redefinir, en una confrontación que no va a estar exenta de nuevas violencias,  la tenencia, posesión y propiedad jurídica de la tierra después de que los paramilitares en las últimas dos décadas se la arrebataron a una masa de  cuatro millones de campesinos pobres, sobre todo.

 

En el caso de una posible negociación, y aunque se corra el peligro de incursionar en un riesgoso facilismo ético, algún día Colombia  tendrá que apostarle a una genuina  ley de punto final si es que queremos colocarle diques de contención a esas ya históricas dinámicas de venganzas y contra-venganzas que nos vienen desde mediados del siglo XX y que, de período en período, se han traducido en venganzas cada día más intensas, feroces e imparables.  Esa ley de punto final debería quedar inscrita e  inspirada en la justicia transicional que, al moderar las sanciones, posibilita los procesos de pacificación. En este momento de la historia del país, el gobierno debería pensar, por los menos en “mente callada”, en un proceso de negociación, simultáneo pero en espacios separados, con las guerrillas y con las bacrim, pero asumiendo a éstas  en lo que objetivamente son y no en lo que los odios, los amores y los deseos nos dicen que son:

 

a  las Farc, como una organización política, que se percibe de izquierda, pero que, no obstante , no acepta el DIH,  se financia con el narcotráfico y  ha incurrido en crímenes de “lesa humanidad”;

y a las BACRIM, como una organización que, tenga o no tenga conciencia de ello, cumple funciones y tareas para la extrema derecha, y que, exacerbándolos, apela a los mismos métodos de las guerrillas, pero que, 1.posee una estructura jerarquizada; 2.que, en el momento actual, controla más territorio que las Farc; y 3. que  todos los días realiza acciones armadas y coercitivas orientadas a facilitar el flujo de la droga hacia el exterior, a asegurar y respaldar militarmente grandes negocios (plantaciones de palma africana, gran minería ilegal,  macrocentros de comercialización de alimentos) y a co-administrar,  por medio de contratos y licitaciones y otros dispositivos,  400 municipios en 30 departamentos del país. Al margen de su signo ideológico de extrema derecha y de que se han desprendido del componente anti-insurrercional, esas bandas cumplen tan o más cabalmente que las guerrillas las notas que el DIH precisa para considerar a una organización como actor político.

Entonces, sin real y estatalmente amparada restitución de tierras y sin reforma agraria, todo esfuerzo de pacificación no será más que una nueva quimera.

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  1. Gómez Buendía, Hernando, “Santos: no se metan con la paz”. En RAZÓN PÚBLICA”, 16-02-2012.
  2. Constitución Política Naciona,
  3. Fisas, Vicenc. “El ofrecimiento del ELN”. En Columnistas Libres, 16-02-2012
  4. Atisbos Analíticos N0 127, marzo 2011
  5. Entrevista de Margarita Vidal a Jorge Orlando Melo “Ya no interesan las revoluciones sociales sino las redes sociales”. El País, Cali, enero 29, 2012.

* Humberto Vélez Ramírez, profesor de estudios políticos de la universidad del VALLE; PRESIDENTE DE ECOPAÍS, FUNDACIÓN ESTADO*COMUNIDAD*PAÍS, “Un nuevo ESTADO PARA UN NUEVO PAÍS, humbertovelezr@gmail.com,

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